La jueza rechaza investigar a funcionarios de Murcia que tramitaron las licencias de las discotecas incendiadas en 2023

La jueza que investiga el incendio de las discotecas Teatre y Fonda Milagros, en Murcia, en el que el 1 de octubre de 2023 fallecieron trece personas, ha rechazado investigar a media docena de funcionarios del Ayuntamiento que participaron en la tramitación de licencias de esas salas. Los dos locales ocupaban una misma nave industrial y, aunque funcionaban como dos negocios independientes, con distintos propietarios, horarios y ambientes, solo contaban con una licencia de actividad que, además, tenía una orden de cese de actividad que no había llegado a ejecutarse. Los abogados que representan a los familiares de varias de las víctimas mortales del incendio habían solicitado nuevos expedientes y pruebas periciales para analizar las posibles responsabilidades del Ayuntamiento en el siniestro, pero la titular del Juzgado de Instrucción número 3, que trabaja en la causa, ha desestimado todas las peticiones porque considera que la situación urbanística de las dos discotecas, que se ubicaban en una popular zona de ocio conocida como Atalayas, “a lo sumo pudiera dar lugar a una responsabilidad administrativa, pero no penal”, por lo que su investigación no tiene cabida en este procedimiento.

No es la primera vez que la jueza deja fuera de la investigación a los responsables municipales. En octubre de 2023, recién abiertas las diligencias por 13 posibles homicidios imprudentes, los familiares de las víctimas ya pidieron incluir en la investigación a los concejales al frente del área de Urbanismo que solicitaron el cese de actividad de las salas y no lo ejecutaron, pero la jueza desestimó esa petición en un auto fechado el 16 de noviembre de 2023 y ratificado el 6 de marzo de 2024. Su decisión está recurrida ante la Audiencia Nacional, que aún no se ha pronunciado al respecto, y familiares de varios de los fallecidos llegaron a presentar una querella en paralelo a este procedimiento contra los concejales y otros cargos municipales que ha sido admitida a trámite sin que se hayan dado más pasos.

En varios autos fechados este 20 de enero de 2025 y a los que ha tenido acceso EL PAÍS, la jueza mantiene su postura anterior y rechaza las peticiones de varias de las partes personadas en la causa para acceder a expedientes administrativos municipales relacionados con las inspecciones llevadas a cabo en las salas de fiestas. Insiste en que no se puede afirmar “por ahora que la actuación administrativa urbanística tuviera una relación causal de naturaleza penal con el incendio y su resultado”.

Rechaza igualmente citar como investigados a siete funcionarios del Ayuntamiento de Murcia que participaron en la tramitación de los expedientes administrativos de las discotecas, una petición que había formulado el abogado José Manuel Muñoz Ortín, que representa a los familiares de tres de los fallecidos en el incendio. El abogado, que va a recurrir el auto, considera necesario que se impute al jefe de Negociado de Actividades del Ayuntamiento de Murcia, que habría dejado sin efecto la orden de cese de la actividad de Teatre, donde la investigación sitúa el origen del incendio, y de la jefa de Sección de Disciplina de Actividades, que instruyó expedientes de disciplina de actividades por falta de licencia a Fonda Milagros, donde fallecieron las trece víctimas.

Había solicitado además investigar a otros cinco funcionarios del Ayuntamiento: la ingeniera técnica industrial del Servicio de Actividades; el jefe del Servicio Técnico de Obras y Actividades; el arquitecto técnico municipal, el jefe del Servicio de Protección Civil-Prevención de Incendios, y el ingeniero técnico industrial del Servicio Técnico de Obras y Actividades. Ninguno de ellos será llamado a declarar por el momento, aunque la jueza sí ha aceptado la solicitud de la abogada Rosa Egea para que pasen por el juzgado en calidad de “perjudicados/testigos” tres personas que sobrevivieron al incendio. Uno de ellos, además de víctima superviviente, era pareja de una de las fallecidas en el siniestro y ambos trabajaban sin contrato en Fonda Milagros la noche del suceso, él como animador y ella como camarera.