El fiscal general niega en el Supremo haber filtrado el correo sobre la pareja de Ayuso

Álvaro García Ortiz ha negado este miércoles en el Tribunal Supremo haber filtrado u ordenado que se filtrara el correo electrónico por el que se le investiga. El fiscal general del Estado ha declarado como imputado por un delito de revelación de secretos ante el magistrado Ángel Hurtado, que considera que hay indicios “consolidados” de que el jefe del ministerio público filtró un mail en el que el abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso e investigado por fraude fiscal, proponía a la Fiscalía un pacto que librara a su cliente de la cárcel. Fuentes del caso señalan que el fiscal general solo ha contestado a las preguntas de su defensa, ejercida por la Abogacía del Estado. García Ortiz ha explicado que no iba a contestar al juez ni a las acusaciones porque considera que la instrucción vulnera su derecho de defensa y debería declararse nula.

La foto de la llegada de García Ortiz al Tribunal Supremo ha sido tan inédita como lo es la propia causa, la primera que se abre contra un fiscal general del Estado en la actual etapa democrática. El jefe del ministerio público ha entrado al Supremo por la puerta reservada a autoridades, situada en la fachada principal y por la que accede el Rey el día de la apertura del año judicial o los ministros y otras autoridades cuando acuden a actos en el Supremo. Allí le esperaba Javier Huete, uno de los fiscales jefes de penal del alto tribunal. En contadas ocasiones esa puerta ha recibido a personalidades que han sido citados a declarar como testigos en una causa judicial, como los expresidentes del Gobierno Felipe González, quien testificó en el juicio por el secuestro de Segundo Marey, o Mariano Rajoy, llamado en la vista a los líderes del procés. Pero nunca hasta este miércoles se había abierto para dar acceso a un investigado el día de su comparecencia ante el juez.

El fiscal general podía haber entrado por la puerta situada en la calle Marqués de la Ensenada, por la que entran jueces, fiscales, abogados y el resto de investigados o testigos citados durante una instrucción. Pero la entrada por la puerta de autoridades ha sido uno de los símbolos con los que García Ortiz ha querido evidenciar lo insólito de la situación. Como lo era la corbata azul con dibujos de balanzas de la justicia que se ha puesto para declarar ante el juez o el hecho de que el investigado, de forma excepcional, se haya sentado en el estrado junto a su defensa durante el interrogatorio.

El magistrado Ángel Hurtado le ha convocado para interrogarle sobre la filtración de un correo electrónico enviado el 2 de febrero de 2024 por el abogado de la presidenta de Díaz Ayuso. García Ortiz, según fuentes del caso, ha negado haber facilitado ese mail o el expediente tributario de González Amador a ninguna persona de la Fiscalía ni de fuera de ella. También ha negado haber dado instrucciones para que algunos de estos documentos fueran filtrados y ha asegurado no tener constancia de que esa filtración se produjera desde la Fiscalía General o la provincial de Madrid (cuya jefa, Pilar Rodríguez, también está investigada). El jefe del ministerio público ha asegurado que cuando su jefa de prensa le llamó la noche del 13 de marzo para contarle que en La Sexta estaban informando del contenido de ese correo electrónico, él todavía no lo había recibido.

García Ortiz ha hecho un relato pormenorizado de lo sucedido desde el 7 de marzo, cuando tuvo conocimiento del interés de los medios por la denuncia presentada contra la pareja de Díaz Ayuso, hasta el 14 de marzo, día en el que la Fiscalía difundió una nota de prensa en la que explicaba que no había sido el ministerio público el que había propuesto un pacto, como estaba difundiendo el entorno de la presidenta madrileña, sino que era el letrado quien había escrito al fiscal del caso para buscar el acuerdo.

El jefe del ministerio público ha puesto el foco en la fiscal jefe de Madrid, Almudena Lastra, a la que ha cuestionado por no haber ordenado hacer una nota de prensa el 7 de marzo, cuando tuvo constancia de que se había denunciado a González Amador, como ha hecho la Fiscalía Superior en otras denuncias de interés mediático, como las registradas en su día contra el entrenador del Real Madrid Carlo Ancelotti o contra el exfutbolista Xabi Alonso. También ha afeado a Lastra no haberle informado de una reunión que, según ella misma contó en el Supremo durante su declaración como testigo, tuvo el 12 de marzo con el fiscal Julián Salto, el encargado de la investigación a la pareja de Ayuso, en la que él le detalló la denuncia y los correos intercambiados con el abogado. García Ortiz, según las fuentes consultadas, ha afirmado que si esa reunión realmente se produjo (el fiscal Salto lo ha negado), Lastra tenía que haberle dado cuenta al fiscal general. Según el jefe del ministerio público, la dación de cuentas a la Fiscalía General de investigaciones que se consideran relevantes es un procedimiento habitual y en 2024 se produjeron más de 300.

El jefe del ministerio público ha rechazado asimismo que la fiscal superior le reprochara que había sido él quien había filtrado el mail del abogado, como declaró esta en el Supremo. García Ortiz, quien ha advertido que la animadversión de Lastra hacia la Fiscalía General es pública, ha recalcado también que la fiscal superior tenía el correo investigado antes de que este fuera publicado por varios medios. Aunque ha afirmado estar “seguro” de que no lo filtró ella ni ningún otro fiscal, ha sugerido también, según fuentes consultadas, que pudo haber ocurrido así

Sobre el cambio de teléfono móvil que hizo el pasado 23 de octubre, cuando ya estaba siendo investigado por revelación de secretos, García Ortiz ha asegurado que ha cambiado seis veces de teléfono en los cuatro años que lleva al frente de la Fiscalía General y que habitualmente borra contenido del móvil por seguridad y por ser “una obligación legal”, ya que tiene información sensible que afecta a multitud de investigaciones penales y a instituciones del Estado. El servicio de informática de la Fiscalía General, en respuesta a la petición de información que le hizo Hurtado hace unos días, ha explicado que le entregaron un móvil nuevo en mayo y que el fiscal no ha devuelto el antiguo, pero tampoco se lo han pedido. García Ortiz ha explicado ante el juez que pidió el cambio de móvil hace meses aunque no se hizo efectivo hasta octubre.

Al inicio de su comparecencia, que se ha prolongado durante una hora y veinticinco minutos, ha explicado por qué no iba a responder ni al juez ni a las acusaciones. El fiscal general ha argumentado que la base de casi todo el material inculpatorio que maneja el instructor parte del registro de su despacho ordenado por el magistrado el pasado 30 de octubre, que él ha pedido que se declare nulo por invadir derechos fundamentales. El jefe del ministerio público, según fuentes del caso, ha lamentado el “allanamiento de su despacho” y el de la fiscal jefa provincial de Madrid y ha alegado que no hay precedentes en la historia europea de un registro similar al jefe del ministerio público. La Fiscalía, cuya representación en este caso ejerce la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, también considera que el registro debería declararse nulo, lo que ha llevado a Sánchez Conde a renunciar a formular preguntas a García Ortiz en el interrogatorio.

El fiscal general, según las fuentes consultadas, se ha quejado también de que él, al igual que su defensa y el resto de partes, desconoce el resultado de todas las diligencias practicadas hasta ahora, por lo que no podría contestar con exactitud a las preguntas del instructor. García Ortiz considera que no puede ejercer con garantías su derecho de defensa porque no está definido el objeto del proceso y porque se han denegado diligencias de instrucción que considera necesarias. “Creo que el instructor parte de una certeza que le impide descubrir la verdad”, ha afirmado el fiscal ante el juez.

En este sentido, fuentes del caso explican que el juez ha informado de que está investigando no solo la filtración del correo del abogado de González Amador, sino también si hubo delito en la publicación de la nota de prensa difundida por el ministerio público la mañana del 14 de marzo para desmentir el bulo que estaba lanzando el jefe de gabinete de Ayuso e incluso cómo llegó a eldiario.es (primer medio que publicó la noticia) el expediente tributario de la pareja de la presidenta madrileña. El instructor ha dado esta explicación en respuesta a la petición que le ha hecho el abogado de García Ortiz para que explicara por qué hechos se le investiga. La Sala Penal solo abrió la causa por revelación de secretos y precisó que la nota difundida a los medios no era, en principio, delictiva porque todos los datos que recogía eran conocidos, pero el instructor ha sostenido que la causa ha cambiado a lo largo de la instrucción y que el escenario actual es el que describió en el auto dictado el 13 de enero, con el que citó a declarar a García Ortiz.

La idea de elaborar una nota de prensa partió, según ha explicado García Ortiz, de la fiscal superior de Madrid, pero terminó haciéndose desde la Fiscalía General y él ha asumido su contenido. El objetivo, ha dicho, era “contrarrestar” la falsa versión que estaba difundiendo el jefe de gabinete de la presidena de Madrid. “La mentira no es secreto”, ha alegado el jefe del ministeruo público.

El fiscal general tampoco ha querido responder a las preguntas que llevaba preparadas el abogado de la pareja de Ayuso porque en su querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que dio origen al caso omitió hechos relevantes para la investigación, como que el propio González Amador envió al jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, al menos uno de los correos enviados al fiscal del caso el correo del 12 de marzo, y al subdirector de El Mundo el contenido de los correos del 2 y del 12 de febrero. Tampoco informó de que Rodríguez había enviado por WhatsApp el texto del correo a numerosos periodistas. Estas omisiones, según el jefe del ministerio público, han dirigido desde el principio las sospechas hacia la Fiscalía.