El fiscal general afronta una semana decisiva

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, afronta esta semana los dos momentos más decisivos desde que llegó al cargo, en julio de 2022. El próximo miércoles, García Ortiz tendrá que declarar como investigado ante el magistrado de la Sala Penal Ángel Hurtado, instructor de la primera causa abierta por el Tribunal Supremo contra un fiscal general en la actual etapa democrática. Pero que García Ortiz mantenga ese día la condición de jefe del ministerio público depende de otra sala, la de lo Contencioso-Administrativo, que un día antes delibera sobre el recurso presentado por una asociación de fiscales contra su nombramiento como fiscal general. Fuentes de esta sala ven probable que la decisión sobre la continuidad de García Ortiz se conozca ese mismo día.

El recurso contra la renovación de García Ortiz al frente de la Fiscalía General lo presentó la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) en febrero de 2024, un mes antes de que se produjeran los hechos que han derivado en la imputación del jefe del ministerio público por un presunto delito de revelación de secretos: la filtración de un correo electrónico del abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, e investigado por fraude fiscal, en el que el letrado admitía que su cliente había cometido dos delitos fiscales y proponía a la Fiscalía un pacto que le librara de la cárcel.

La APIF, una asociación minoritaria y abiertamente enfrentada a García Ortiz, impugnó el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros en diciembre de 2023 para renovarle en el cargo. Según esta asociación, García Ortiz “no es idóneo” para desempeñar esa función por una reiterada “sucesión de errores jurídicos, despropósitos y omisiones graves”, entre los que la asociación, en el momento de interponer el recurso, citó la anulación por el propio Supremo del ascenso a fiscal de sala, la máxima categoría de la carrera, que propició García Ortiz para su antecesora en el cargo, Dolores Delgado. En esa sentencia, la misma sala que ahora tiene que decidir sobre el nombramiento del fiscal general consideró que García Ortiz incurrió en “desviación de poder” para favorecer a Delgado.

El recurso se apoya en el informe sobre ese nombramiento emitido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en noviembre de 2023, cuando el órgano de gobierno de los jueces estaba a punto de cumplir cinco años con el mandato prorrogado y el sector conservador se había convertido en el más feroz opositor del Gobierno. Ocho de los diez vocales de ese grupo se alinearon para, por primera vez en la historia del Consejo, negar el aval al fiscal general propuesto por el Ejecutivo por considerarlo no idóneo para el puesto. Este bloque argumentó la supuesta afinidad de García Ortiz con el PSOE, y alegó los episodios que le habían enfrentado hasta entonces con el ala más conservadora de la carrera fiscal, como la sentencia del Supremo sobre Delgado o el rechazo del jefe de la Fiscalía a pronunciarse en contra de la amnistía a los encausados del procés.

La Abogacía del Estado y el representante del propio fiscal general coinciden en sus escritos de contestación a la demanda en que el control de la Sala de lo Contencioso-Administrativo sobre un nombramiento discrecional del Gobierno se circunscribe a examinar si se cumplen los requisitos legales para ese cargo (en el caso del fiscal general, ser un jurista de reconocido prestigio y con más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión), una circunstancia que no puso en duda el CGPJ al valorar su designación. “Si se ha reconocido, también por este Consejo, que el designado reunía las condiciones legales para el nombramiento, ningún problema puede ofrecer, desde el punto de vista de los criterios de legalidad, dicha renovación”, señala el informe avalado por la mayoría de vocales conservadores.

Lo que ese órgano cuestionó es que la renovación de García Ortiz fuera “oportuna”, pero la jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo indica que las “razones de oportunidad” de una designación discrecional quedan fuera de su control. Así lo ha establecido el tribunal en casos anteriores, como el que le llevó a anular en 1994 el nombramiento de Eligio Hernández como fiscal general al considerar que no reunía los requisitos legales para el cargo porque los siete años en los que desempeñó puestos dependientes del Ejecutivo no constituyeron un ejercicio efectivo de su profesión de jurista; o, más recientemente, cuando esa misma sala anuló el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado por no cumplir la condición de ser jurista “de reconocido prestigio”.

Esta jurisprudencia, según la Abogacía y la representación de García Ortiz, debe abocar a la desestimación del recurso de APIF. “Siendo notorio que el fiscal general del Estado reúne más de 15 años de ejercicio profesional y es un jurista de reconocido prestigio, solo para el caso de concluir que incurrió durante el ejercicio del cargo en causa objetiva de cese (...) cabría admitir la revocación del real decreto”, señala la Abogacía en su escrito de contestación de demanda. El artículo 31.3 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que el fiscal general solo podrá cesar antes de que concluya su mandato por una serie de motivos, entre los que cita incumplir “alguna de las incompatibilidades o prohibiciones” que establece la ley o por “incumplimiento grave o reiterado de sus funciones”. La asociación sostiene que estas razones se dan en la actuación de García Ortiz, un argumento que rechazan la Abogacía y el fiscal general.

Durante la tramitación de la demanda en el Supremo, la asociación ha presentado nuevos escritos en los que suma otras decisiones posteriores del fiscal general que APIF cuestiona, como las sentencias del alto tribunal que han anulado otros nombramientos de García Ortiz (entre ellos una nueva designación de Delgado, esta vez como fiscal de sala de Memoria Democrática). La asociación esgrime también la causa abierta contra el fiscal general por revelación de secretos. “Hay una actuación claramente no ajustada al ordenamiento jurídico y eso en el Ministerio Fiscal no se había producido nunca”, afirma Miguel Pallarés, miembro de la dirección de esa asociación, en declaraciones a este periódico.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso tendrá que dirimir si esos nuevos hechos, especialmente la imputación de García Ortiz, pueden ser tenidos en cuenta para anular un real decreto de nombramiento que se dictó cuando esos hechos no se habían producido. Fuentes de la sala recalcan que la materia sobre la que tienen que deliberar no tiene nada que ver con la causa de la Sala Penal. No obstante, los magistrados no han analizado todavía este asunto.

El tribunal que resolverá el recurso está integrado por cinco magistrados de diferentes sensibilidades: Pablo Lucas, Luis Díez-Picazo, Pilar Teso, Antonio Jesús Fonseca-Herrero y José Luis Requero. Todos menos Teso formaron parte del tribunal que consideró que existió “desviación de poder” en el ascenso a Dolores Delgado, por lo que García Ortiz pidió apartarlos del tribunal que decidirá sobre su designación al considerar que ya no son imparciales. En el caso de Requero, de conocida tendencia conservadora y que será el ponente de la sentencia, el jefe del ministerio público argumentó además que el magistrado escribió en un artículo publicado en La Razón que el Tribunal Constitucional y la Fiscalía General están “apesebrados”. El Supremo rechazó la recusación de todos ellos por estar presentada fuera de tiempo.

La fecha de la deliberación de este recurso para el 28 de enero estaba señalada desde finales del año pasado, antes de que el instructor de la investigación por revelación de secretos fijara para el día siguiente el interrogatorio al fiscal general. Pese a que la Guardia Civil no ha encontrado pruebas de que García Ortiz diese alguna orden para divulgar datos confidenciales, el juez, según dejó escrito en el auto de citación de García Ortiz, considera “que las diligencias practicadas hasta el momento apuntan, con un elevado grado de verosimilitud”, a que hay indicios para presumir que el fiscal general y los otros dos fiscales investigados (la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y el teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe) se podrían “haber concertado para revelar secretos o informaciones reservadas relativas a otro ciudadano, de los que habrían tenido conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deberían haber sido divulgados”. Fuentes fiscales señalan que García Ortiz está centrado en preparar esta comparecencia para rebatir los indicios que el juez considera “apuntalados” sobre su implicación en la filtración a los medios del correo del abogado de la pareja de Ayuso.