Rodríguez admite que filtró parte de los ‘emails’ del novio de Ayuso y que se inventó que el fiscal retirara el pacto por “órdenes de arriba”

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso (PP), presidenta de la Comunidad de Madrid, ha salido de su interrogatorio como testigo en el Tribunal Supremo con una estrategia muy clara: intensificar la ofensiva contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. “Creo que debe ser juzgado. Creo que tiene que ser condenado de manera ejemplar”, ha dicho este miércoles tras su declaración ante el magistrado Ángel Hurtado, que investiga a Ortiz por la filtración de un correo electrónico enviado al ministerio público por la defensa de Alberto González Amador, novio de Ayuso, donde proponía llegar a un acuerdo para evitarle la entrada en prisión por fraude fiscal. Rodríguez, que ha respondido durante cerca de una hora a las preguntas que se le han planteado, ha afirmado que desconocía la existencia de ese email cuando se divulgó, pero ha admitido que él sí había filtrado antes a la prensa otro correo del caso, que se publicó de forma tergiversada.

Según varias fuentes jurídicas, el asesor también ha reconocido que se inventó sin prueba alguna que la Fiscalía había retirado esa oferta de pacto por “órdenes de arriba”. Durante el interrogatorio, la Abogacía del Estado (que ejerce la defensa de García Ortiz) ha pedido el volcado del móvil de Rodríguez, pero el juez Hurtado lo ha rechazado en ese instante al considerar que no era “necesario” de momento. El magistrado ha impedido igualmente a la Abogacía hacer determinadas preguntas al testigo, por lo que esta ha invocado su posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional al considerar que se estaban vulnerando el derecho de defensa.

El cruce de correos entre el abogado de González Amador y la Fiscalía constituye una de las claves de este procedimiento. Tras estallar el escándalo por la trama de fraude fiscal que rodea al novio de Ayuso, el PP de Madrid se lanzó al contraataque para presentar a la presidenta de la Comunidad como víctima de una cacería política. En ese contexto, Miguel Ángel Rodríguez comenzó a propagar el 13 de marzo la mentira de que el ministerio público había ofrecido un acuerdo a la pareja de la dirigente popular, pero que había retirado su propuesta de pacto por “órdenes de arriba”, como si fuera una especie de chantaje para desgastar a la jefa del Ejecutivo regional. Para respaldar su teoría, según ha vuelto a admitir este miércoles, filtró a la prensa un email del 12 de marzo de Julián Salto, que llevaba el caso contra González Amador, pero de forma tergiversada.

Esa misma noche, El Mundo publicó que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador. Pero, realmente, había sido al revés: era el novio de Ayuso quien había solicitado al ministerio público llegar a un acuerdo; como demostraba un email previo enviado el 2 de febrero por el abogado del novio de Ayuso al ministerio de público, donde ponía sobre la mesa esa posibilidad. Ese correo del 2 de febrero, que desmontaba la teoría de Rodríguez y que centra ahora la causa contra el fiscal general, se filtró también a los medios de comunicación entre la noche del 13 de marzo y la mañana del día 14.

Según ha dicho Rodríguez este miércoles a las puertas del Supremo, él desconocía la existencia del correo del novio de Ayuso que proponía el pacto cuando él divulgó el email de Julián Salto. Sin embargo, aquel 13 de marzo en que lo filtró, Rodríguez difundió esta información explicando a determinados medios, que lo contaron sin mayor contraste, que el ofrecimiento de acuerdo era a cambio de que González Amador admitiera dos delitos fiscales, algo que no decía el correo enviado por el fiscal y cuando ya se sabía que se le acusaba de un tercer delito (falsedad documental). El detalle de la admisión de los dos delitos fiscales sí estaba en el otro correo electrónico del 2 de febrero.

Más de dos horas después de acabar su declaración, el jefe de gabinete ha vuelto al Supremo para enseñar la hora en la que envió el email de Salto a un chat con periodistas. Según él, lo remitió a ese grupo de WhatsApp a las 22.27, después de que El Mundo publicara su artículo. Y, ante la prensa, ha insistido en que se lo había dado el propio González Amador el día antes (12 de marzo). Según fuentes jurídicas, Rodríguez ha aseverado que el 13 de marzo también puso en contacto al novio de Ayuso con un subdirector de El Mundo, Esteban Urreiztieta, que firmó la noticia publicada por ese diario.

Según fuentes jurídicas, en referencia a la mentira que propagó de que la Fiscalía retiró el pacto por supuestas “órdenes de arriba”, Miguel Ángel Rodríguez ha admitido ante el juez que no sabía si era así, pero ha justificado que era una deducción de él basada en su experiencia, pues ya “pinta canas”. Pero el propio fiscal del caso, Julián Salto, lo desmintió en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (donde comenzó a investigarse la denuncia de González Amador contra la Fiscalía): “A mí nadie me ha dicho que puedo llegar a un acuerdo o que no puedo llegar a un acuerdo, a mí nadie me ha dicho nada ni me ha presionado absolutamente”, recalcó contundente.

Tras su declaración, el asesor de Ayuso, conocido por el alias de MAR, se ha parado ante las cámaras de televisión para responder a las preguntas de los periodistas: “Los cargos públicos no pueden dar a conocer datos personales de nadie”. “Creo que el fiscal general tiene que ser condenado de manera ejemplar para que nunca a nadie más se le ocurra dar a conocer un expediente secreto de un español”, ha cargado contra García Ortiz: “Y creo que el que tiene que ser juzgado es el creador de la trama de corrupción que rodea a su familia, a su partido y a su Gobierno, que es el señor Pedro Sánchez”. “Creo que el fiscal general va a ir pa’lante”, ha remachado el jefe de gabinete.

Batería de interrogatorios

Con Rodríguez se ha inaugurado una amplia batería de interrogatorios prevista por el juez Hurtado. Al jefe de gabinete le han seguido este mismo miércoles otros dos periodistas: Esteban Urreiztieta, el subdirector de El Mundo que firmó el artículo publicado en la noche del 13 de marzo; y Alfonso Pérez Medina, de La Sexta, que desmintió el bulo divulgado por el PP. Según fuentes jurídicas, ambos se han acogido a su derecho constitucional a no revelar sus fuentes al ser preguntados por algunos extremos, aunque sí han explicado algunos detalles de aquel día y de su labor como reporteros. Los dos habían sido citados a petición de la defensa, al igual que otros seis periodistas que deben comparecer este jueves (de la Cadena SER, El Diario, El Plural, Vozpópuli y Libertad Digital).

Además, los próximos 16 y 21 de enero, el juez ha convocado a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra; al fiscal encargado de la investigación a González Amador, Julián Salto; y a los jefes de comunicación de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía de Madrid.