Euskadi avanza en el reconocimiento a todas las víctimas de la violencia política pese al obstáculo del PP y EH-Bildu

Desde que en 2010 Euskadi instauró el 10 de noviembre como el Día de la Memoria en reconocimiento a las víctimas del terrorismo y la violencia política, ha sido imposible celebrarlo de manera conjunta. EH-Bildu respalda el homenaje particular de Etxerat, organización de apoyo a los presos etarras, mientras el PP y Vox rechazan el de las víctimas del terrorismo de ultraderecha y de abusos policiales. La portavoz vasca del PP, Laura Garrido, lo ha reafirmado recientemente en sede parlamentaria al reconocer exclusivamente las del terrorismo etarra.

La pauta divisoria del PP en Euskadi la agravó al inicio de su mandato su presidente nacional, Alberto Núñez Feijoo, al intentar enfrentar a las víctimas del terrorismo etarra con las del franquismo coincidiendo con el debate parlamentario de la Ley de Memoria Democrática en julio de 2022. Tuvo gran impacto en Euskadi porque Covite, la asociación vasca de víctimas más representativa, y la prestigiosa Fundación Fernando Buesa rechazaron la maniobra divisiva de Feijoo y apoyaron a las víctimas del franquismo. Asimismo, la presidenta madrileña, Isabel Diaz Ayuso, ha confirmado recientemente la ruptura del consenso del PSOE-PP sobre la Ley de Víctimas del Terrorismo de 2011 al anunciar la creación en Madrid de un Memorial contra ETA cuando desde 2021 existe el de Vitoria, dependiente del Gobierno central.

Sin embargo, la división política generalizada resulta contradictoria en Euskadi con la trayectoria que el Gobierno vasco ―hoy de coalición PNV y el PSE― desarrolla, desde el final del terrorismo etarra en 2011, sobre el tratamiento igualitario a todas las víctimas, subraya el catedrático de Historia Contemporánea y director del prestigioso Instituto Valentín de Foronda, Antonio Rivera. “En Euskadi hubo una violencia central, cuantitativa y cualitativa, la de ETA, y otras reactivas de ultraderecha y abusos policiales que generaron víctimas que necesitaban un reconocimiento. Están, además, las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo”, aclara.

Euskadi acumula una notable experiencia en el tratamiento de diversas violencias, subraya Rivera, que utilizará en la comisión que completa la Ley de Memoria Democrática de ámbito nacional. Durante la Transición política, entre 1976 y 1982, hubo 480 víctimas mortales del terrorismo: 340 de ETA; 73 de ultraizquierda, mayormente Grapo; 62 de ultraderecha y parapolicial; ocho, internacional; 11 de autoría desconocida y cuatro de otros grupos nacionalistas. Las víctimas mortales por abusos policiales ascendieron a 130, lo que cuestiona el mito de la Transición pacífica. Un amplio porcentaje lo fue en Euskadi.

Desde 1983 las violencias se redujeron. Hubo una violencia parapolicial (los GAL) con 27 asesinatos entre 1983 y 1987. Desde 1988 continuó, prácticamente en solitario, el terrorismo etarra hasta 2011, con un balance estremecedor de 853 asesinatos desde 1968, que explica el protagonismo de las víctimas de ETA desde su visibilidad en los años noventa. Las leyes estatales de Víctimas de 1999 y de 2011 las cubren pero, como señala Rivera, tras la desaparición del terrorismo etarra, correspondía abordar las otras violencias, relevantes en Euskadi: el terrorismo de ultraderecha y actuaciones policiales abusivas ―muertos en manifestaciones, torturas, etcétera―. Entre 2002 y 2011, España fue condenada en siete ocasiones por el Tribunal Europeo de Estrasburgo por no investigar adecuadamente denuncias de torturas.

La ley de 2012, siendo el socialista Patxi López lehendakari, reconocía a las víctimas de vulneraciones de derechos humanos por violencia política, básicamente por abusos policiales, desde 1960 (aparición violenta de ETA) hasta 1978 (aprobación de la Constitución Española). Una segunda ley en 2016, siendo el peneuvista Iñigo Urkullu lehendakari, amplió el plazo hasta 1999, año de aprobación de la ley estatal de víctimas del terrorismo. Fuentes del Gobierno vasco confirman 187 reconocimientos entre 1960 y 1978; y 240 entre 1978 y 1999.

Paralelamente, en 2011, el Gobierno central creó el Memorial de Víctimas del Terrorismo en Vitoria, y el Gobierno vasco, Gogora, ―Instituto de Memoria, Convivencia y Derechos Humano―, en Bilbao. En diez años, el Memorial de Vitoria ha protagonizado una notable compilación e investigación, especialmente sobre el terrorismo etarra. Gogora, el Memorial autonómico, lo ha centrado en la Guerra Civil y la represión franquista en Euskadi.

Gogora trata de darle una nueva orientación con el Gobierno vasco surgido tras las últimas elecciones autonómicas al pasar la competencia de Memoria del PNV al PSE-PSOE. Su director, el socialista Alberto Alonso se muestra preocupado por la división. “Lees la prensa vasca y el diario Gara sólo habla de víctimas de la guerra sucia y de abusos policiales y El Correo casi exclusivamente de las de ETA. Igual que hacen EH-Bildu y el PP y Vox, con el matiz de que hoy las derechas están más intransigentes que los abertzales”.

Rivera, tras los pactos parlamentarios del Gobierno con EH-Bildu a escala nacional, está preocupado porque la apropiación que el PP hace de las víctimas de ETA, tratando de enfrentarlas con el Gobierno, deja el mensaje divisorio de que están mejor defendidas por las derechas mientras las del franquismo y las de la extrema derecha por las izquierdas. Rivera y Alonso coinciden: “No hay víctimas de primera y de segunda. Son iguales. Lo fueron de proyectos totalitarios. Sus victimarios pretendían condicionar a la sociedad con su asesinato. Son igual de víctimas un fusilado de Franco, un asesinado por ETA u otro de la ultraderecha”.

También hay víctimas que fueron victimarios. En ese caso coinciden en deslegitimar la actuación delictiva, pero sin reparar a la víctima-victimario. El asesinato de cuatro etarras por los GAL en septiembre de 1985 en el Hotel Monbar de Bayona (Francia) es una muestra.

Alonso subraya que la nueva etapa de Gogora investigará a las víctimas más olvidadas, las del comienzo de la Transición, las del Batallón Vasco español y Triple A, ultraderechistas y parapoliciales no investigadas. En Euskadi dejaron 32 muertos y 35 heridos graves entre 1976 y 1982. “Les dedicaremos el año 2025 y en 2026 abordaremos el terrorismo de los GAL que dejó 27 víctimas mortales”. También investigarán los apenas indagados casos de torturas. Contará con historiadores y la experiencia del Memorial de Víctimas de Vitoria.

Con la investigación y reconocimiento de la represión del movimiento obrero y vecinal, otro de sus ejes, pretende cubrir Gogora otro vacío porque, subraya Alonso, fueron claves en la construcción de la democracia. También pretende multiplicar la presencia pública de Gogora, sin eludir casos complejos como el del Hotel Monbar. “No pretendemos hacer un relato sino aportar instrumentos para que la gente se haga su relato a través de una memoria crítica”.

Deslegitimar el terrorismo

Eduardo Mateo, de la Fundación Fernando Buesa, recuerda el esfuerzo de víctimas de ETA por empatizar con las de grupos parapoliciales, de ultraderecha y se pregunta cuantos familiares de presos etarras lo han hecho con sus víctimas. La Fundación Fernando Buesa, Covite e independientes han protestado contra el PP de Feijóo cuando ha tratado de marginar a las víctimas del franquismo, de la ultraderecha o de abusos policiales.

Mateo enfatiza que la violencia de ETA no ha terminado de deslegitimarse, que representantes abertzales acuden a homenajes a víctimas de ETA, pero luego reivindican a exetarras. “La memoria debe servir para deslegitimar el terrorismo. Si no, no sirve”, subraya.

Alonso reconoce que desde el impulso Memorial en la calle no puede influir en las estrategias partidistas, pero sí en sus votantes para insistir en que todas las víctimas son iguales. Rivera señala que “aunque a corto plazo no sea factible por la polarización política, sería un error no poder disponer en el futuro de una memoria democrática que incluya a todas las víctimas y el recuerdo de los diversos terrorismos y los excesos policiales”.