El Gobierno busca a la desesperada socios para revertir la anulación del impuesto pactada por PP y Junts

Los portavoces de varios grupos del bloque progresista que sostiene al Gobierno empezaron a sospechar que ocurría algo extraño en la noche del lunes en la ponencia que estudiaba en el Congreso las enmiendas a la ley que regula los derechos de emisión de los gases del efecto invernadero cuando vieron al diputado del PP Guillermo Mariscal entrar y salir sin parar de la sala para hablar con colegas de otros partidos. Se temieron lo peor. Mariscal, experto en energía, es un veterano parlamentario, bregado en muchas negociaciones. Al rato se constató que el PP y Junts habían pactado una enmienda para eliminar el impuesto a la producción eléctrica. El PSOE intentó entonces, sin mayoría, frenar la votación sin éxito. Los socialistas buscan ahora a la desesperada fórmulas para revertir esa medida, pero algunos aliados, como ERC, se niegan a apoyar esa marcha atrás. El PP, exultante, se tomó esa votación como la ratificación de la debilidad parlamentaria del Ejecutivo.

El Gobierno pasó otro auténtico mal trago durante el debate a puerta cerrada el lunes de determinadas enmiendas en la ponencia de la ley que regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, en la que al final se aprobó una corrección pactada entre PP y Junts que suprime hasta el 0% el impuesto —ahora del 7%— sobre el valor de la producción eléctrica. Al PSOE le faltó uno de sus diputados en su ya exigua mayoría labrada fundamentalmente con Sumar y Podemos. Se ausentó el parlamentario por Almería Juan Antonio Lorenzo Cazorla que, según fuentes de la dirección del grupo socialista, ha sido expedientado y se expone a una sanción que puede llegar a los 1.200 euros. A la enmienda de PP y Junts se acabaron agregando Vox, PNV y ERC. Algunos de esos partidos hubieran preferido, ante la constatación de que el Ejecutivo estaba en minoría, que se hubiera optado por no iniciar siquiera la ponencia. Era lo que esperaban. No ocurrió. Desde el PSOE se les instó, ya con la sesión en marcha, a que no se registrara la votación, pero esa salida ya no la aceptaron, según fuentes de los socios parlamentarios, que también destacaron la labor política desarrollada en esos minutos por el popular Mariscal, muy baqueteado en las transacciones con todo tipo de partidos.

El popular Mariscal olió la posibilidad de proporcionar otra derrota al Ejecutivo en este Congreso tan complejo y fragmentado en esta legislatura, en el mismo día además que Carles Puigdemont, el líder de Junts, anunció la presentación desde Bruselas de una próxima proposición de su formación para una cuestión de confianza contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El portavoz del PP en la Cámara baja, Miguel Tellado, no pudo mostrarse más “tremendamente satisfecho” por lo que presentó de inicio como una medida que podría beneficiar a miles de ciudadanos y empresas. Pero luego confesó que ese “éxito parlamentario” del PP y la “clamorosa derrota” del PSOE “deja en evidencia que la mayoría de progreso” de la que presume el Gobierno “no es tal”.

El PSOE busca ahora in extremis fórmulas para revertir esa situación, con la validación de Sumar. De momento, el PSOE ha desconvocado la comisión que debía abordar este jueves la ponencia aprobada que en principio anula el impuesto a la producción energética. El PP denigró esa decisión como “arbitraria y antirreglamentaria” por parte de la presidenta Cristina Narbona y consideró que “sólo tiene una lectura política que no es otra que ganar tiempo para recomponer la mayoría que apoya al Gobierno y que en esta ocasión no ha acatado fielmente sus instrucciones”.

El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha admitido que esa enmienda podría suponer una reducción de ingresos de hasta 1.500 millones de euros y ha destacado que eso podría resultar contradictorio para algunos partidos, especialmente socios, que luego les reclaman constantemente más inversiones y recursos. López ha adelantado que el PSOE está estudiando distintas opciones para corregir esa enmienda.

Una de las alternativas que se coteja es plantear en la comisión a la que tendrá que ir a parar la discusión de esa ley un voto particular para anular esa incidencia, pero fuentes de ese grupo admiten que esa corrección no es tan sencilla de lograr porque requerirá el apoyo de una mayoría parlamentaria en esa comisión que ahora no tienen. De hecho, PSOE y Sumar tienen 15 de 37 votos de la comisión parlamentaria y le faltan cuatro para mayoría absoluta. Necesitan, por tanto, los apoyos de PNV, ERC, Bildu y BNG. Otra posibilidad que manejan fuentes del Gobierno pasa por la retirada de la ley que se tramita en el Congreso y la aprobación de la reforma a través de un real decreto ley, para trasponer la directiva europea que el Ejecutivo tiene obligación de incorporar.

La presidenta de la Comisión de Transición Ecológica, la socialista y exministra Cristina Narbona, ya anticipó el lunes a varios representantes de partidos socios habituales del Ejecutivo que la sesión prevista para este jueves se desconvocaría para trabajar más los intentos de llegar a un acuerdo que anule esa enmienda. Esa reunión se ha pospuesto y algunos portavoces asumen que los socialistas podrían frenarla y dejarla pendiente semanas si observan que no alcanzan un pacto para remendar su error.

Lo que sí quiso subrayar el PSOE fue que no se hiciese “categoría de la anécdota” por una ocasión en la que PP y Junts pudiesen coincidir. De hecho, Patxi López apeló a rememorar las 26 veces que Junts ha votado a favor de leyes y decretos impulsados este año por el Ejecutivo. Todos los portavoces de los partidos presentes en la comisión y partícipes de la negociación que se llevó a cabo desvinculan el pacto “puntual y estratégico” del PP y Junts en esa sesión con cualquier posibilidad de acercamiento entre esas dos formaciones para un apoyo a la iniciativa del partido de Carles Puigdemont para plantear una cuestión de confianza sobre Pedro Sánchez.

El PP y Junts también limitan el alcance de su colaboración a una negociación concreta. El PP pretende hurgar en la inestabilidad de la mayoría de la investidura de Pedro Sánchez y no es la primera vez que fuerza un acuerdo en contra de la voluntad del Gobierno con Junts y el PNV, pero los populares son conscientes también de las contradicciones internas que les provoca una eventual alianza con los independentistas. De hecho, su estrategia en la primera parte de la legislatura se basó en una campaña contra la amnistía para los secesionistas.En privado, los populares circunscriben el acuerdo con los independentistas a una medida concreta de política fiscal en la tramitación parlamentaria, sin alimentar otros escenarios de acercamientos con Junts.

La formación independentista también descarta otros escenarios de colaboración con el PP. El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha rechazado este mismo martes que su partido pudiera plantearse respaldar una moción de censura del PP contra Pedro Sánchez. “Es una fantasía”, zanjó Turull.

Desde ERC, en competición permanente con Junts y en su semana de reafirmación de su liderazgo, se anticipó que no están dispuestos a revisar su posición porque lo pactado coincide con sus tesis: “Este impuesto encarece la producción de energía eléctrica y retrasa la descarbonización porque eleva el precio de la electricidad, que es la energía más limpia que existe, y dificulta los avances hacia la transición ecológica y las políticas verdes”. Y remachan: “Defendemos que las obligaciones tributarias más importantes deben intensificarse sobre los beneficios de las grandes empresas energéticas y las productoras y distribuidoras de gas y petróleo. Este impuesto fue creado por el PP en 2013, con la intención de desincentivar la producción de energías renovables, pero no existe en ningún otro país europeo, lo que encarece artificialmente la electricidad y la Comisión Europea ya se pronunció en contra cuando el Gobierno de Mariano Rajoy lo aprobó”.