El ‘caso Astapa’ queda zanjado con 15 condenas menores, entre ellas la suspensión y multa al exalcalde Antonio Barrientos

Cualquier persona a la que se le pregunte en la Audiencia Provincia de Málaga comparte opinión: la justicia es lenta. Lo denuncian los abogados, lo critican fiscales, lo sufren las víctimas y lo claman, también, los acusados, que a veces pasan años y años esperando a saber si son inocentes —como todos ellos aseguran— o culpables. Es lo que ha ocurrido al medio centenar de implicados del caso Astapa, la última gran trama de corrupción urbanística en la Costa del Sol. Han pasado 18 años desde que arrancó la investigación policial hasta que, este viernes, se ha leído la sentencia. Como se esperaba, tanto tiempo después, el caso se ha diluido. De los 46 procesados que se sentaron inicialmente en el banquillo, 31 han sido absueltos y 13 han sido condenados a multas o suspensión de empleo y cargo público, como ha ocurrido con el exalcalde Antonio Barrientos, que ha recibido una suspensión de cargo público de cinco meses por un delito continuado de cohecho y ha recibido una multa de 40.000 euros. Solo dos encausados han recibido una pena de prisión, de apenas cinco y seis meses. Muchos de los delitos ya habían prescrito.

La expectación era esta mañana alta en la Ciudad de la Justicia malagueña. Además de los acusados, acompañados de sus representantes legales, numerosos periodistas han acudido a escuchar el fallo de la sentencia, de algo más de 3.000 folios. El caso comenzó en 2006 después de una denuncia — la de los concejales socialistas Cristina Alarcón y David Valadez— que aseguraba la existencia de corrupción urbanística generalizada en el Ayuntamiento de Estepona. La investigación policial iba a dirigida a conocer si había una trama que infravaloraba convenios urbanísticos con el objetivo de que distintos cargos políticos se enriquecieran, pero durante el juicio no ha sido probado. El principal acusado siempre ha sido el entonces alcalde esteponero, del PSOE, Antonio Barrientos, que fue detenido en 2008 y para quien se solicitaban 10 años y nueve meses de prisión. También había peticiones de cárcel para empresarios, abogados, funcionarios y concejales tanto socialistas como del Partido de Estepona (PES).

Las mayores condenas han caído en quienes lideraba el PES, José Ignacio Crespo (seis meses de prisión) y Juan Jesús López (cinco meses). Barrientos, que siempre aseguró que la sombra del comisario jubilado José Manuel Villarejo había estado relacionada con el caso, ha sido condenado por un delito de cohecho pasivo a la suspensión de empleo o cargo público por parte de cinco meses y siete días, además de una multa de 40.000 euros. El ex jefe de gabinete de alcaldía, José Flores Simón, ha sido condenado por el mismo delito a una suspensión de cinco meses y siete días, y una multa de 450 euros. Para el resto, las multas han variado entre cifras que han ido desde el millar de euros a los 728.000 euros.

En todos los casos, el juez ha recalcado que las penas se han rebajado en dos grados debido a las dilaciones indebidas, es decir, el largo tiempo transcurrido desde la investigación y las primeras detenciones hasta el juicio.

Barrientos anuncia que recurrirá

A la salida de la lectura, Barrientos —que estaba acusado de los delitos de falsedad, fraude, malversación, cohecho y prevaricación y llegó a pasar seis meses en prisión provisional tras su detención en 2008— ha subrayado su desacuerdo con la sentencia. “Contento si hubiera salido totalmente absuelto”, ha señalado. “Ha quedado patente y claro que esto ha sido una aberración y atrocidad. El ayuntamiento siempre actuó en defensa de lo público, no ha habido condenas por prevaricación ni malversación, no ha habido perjuicio para las arcas públicas”, ha insistido. Mi actuación siempre fue impecable. Todos eran convenios urbanísticos perfectamente legales. 18 años para esto es una verdadera infamia”, ha criticado para anunciar que recurrirá la sentencia.

Astapa, que arrancó con más de un centenar de personas acusadas, se ha ido desinflando a medida que pasaban los años. La instrucción se cerró en 2017, una década después de su inicio, meses después la Fiscalía Anticorrupción ya redujo a la mitad los acusados: 51 personas, que luego caería hasta 46. El propio Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) llegó a denunciar la escasez de medios para afrontar el proceso, que incluía 128 tomos principales con 351.114 folios, además de 646 piezas documentales. El juicio comenzó en enero de 2023 y acabó en junio de 2024, cuando el fiscal, Valentín Bueno, retiró la acusación a nueve personas y rebajó ya sus peticiones de penas para el resto. El abogado José Carlos Aguilera —que representa a tres de los acusados— ha criticado en distintas ocasiones las consecuencias de un proceso tan largo. “Un Estado no puede tardar 18 años en enjuiciar unos hechos. Esto se hace ya para dictar sentencia, pero no para impartir justicia”, aseguró.