La Unión Progresista de Fiscales urge al Supremo a resolver “con la máxima celeridad” la causa contra Álvaro García Ortiz

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha reiterado este domingo, en el documento de conclusiones de su congreso celebrado este fin de semana en Santander, su “profunda discrepancia” con la decisión del Tribunal Supremo del pasado 15 de octubre de abrir una causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos tras la difusión de un comunicado para desmentir un bulo lanzado por el entorno de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, sobre la investigación a su pareja por delitos fiscales. La UPF ―a la que perteneció García Ortiz hasta su nombramiento― insiste en que tanto este como la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, también investigada, procedieron entonces “bajo amparo legal y estatutario” y que sus actuaciones “fueron legítimas y, además, necesarias”, por lo que respalda la decisión de ambos de no dimitir, como reclamaban otras asociaciones de fiscales y algunos partidos políticos. “Ambos merecen nuestro reconocimiento y apoyo”, recalcan.

En el texto, la UPF muestra también su “profunda preocupación por las consecuencias” de la decisión del Supremo “no ya solo sobre la honorabilidad de dos fiscales concretos, sino sobre la institución”, ya que, añaden, el contexto actual es el de “asfixiante intento de instrumentalización política de la Fiscalía por determinados sectores que, persiguiendo otros fines, solo consiguen debilitar la justicia y la democracia”. Por ello, la asociación urge al alto tribunal “a que impulse y resuelva con la máxima celeridad esta investigación”. “Cada día que transcurra sin concluir el procedimiento abona el terreno para aquellos que sólo quieren debilitar nuestro Estado de Derecho y para ello han fijado su mirada en el Ministerio Fiscal”, concluyen.

La defensa de la UPF a García Ortiz y la fiscal jefa de Madrid se recoge en un documento elaborado tras la celebración de varias mesas redondas en el marco del congreso. En el texto, además de abordar la situación del fiscal general, la asociación hace un repaso a diversos temas de actualidad en el que no se escatiman las críticas al Gobierno, los partidos y otros poderes públicos. Así, exige a todos ellos que “se dote, por fin y de una vez, a la Justicia y en particular a la Fiscalía de los medios personales, materiales necesarios y se desarrolle un Plan Estratégico suficientemente dotado que permita superar” una situación que consideran de “histórico abandono”. También reclama “la inaplazable renovación de un pacto de Estado contra la violencia de género” que, entre otras medidas incluya “las reformas legales necesarias para que los juzgados de violencia sobre la mujer asuman la competencia en materia de los delitos contra la libertad sexual de la mujer”.

La UPF también alerta sobre “la proliferación en Europa, y en particular en España, de discursos políticos populistas de naturaleza racista y xenófoba que deliberadamente señalan a las personas migrantes y dentro de ellas a su sector más vulnerable y frágil, como son los menores sin referentes familiares, fomentando su exclusión social y propagando de forma maliciosa noticias falsas o tendenciosas con el fin de denigrarlos, asociándolos de forma generalizada con delincuencia o terrorismo”. Esta asociación exige a los partidos “un pacto de Estado que permita desterrar del debate político este tipo de discursos y afrontar el reto migratorio con políticas solidarias para la integración de los migrantes”.

En sus conclusiones, la asociación de fiscales también mira más allá de España y reclama al Gobierno de Pedro Sánchez que adopte medidas ante los conflictos de Gaza y del Sáhara Occidental. Sobre el primero, reclama al Ejecutivo “el embargo formal inmediato y total relativo a la compra y venta de armas a Israel hasta que cese su continuado genocidio y crímenes de guerra contra la población civil palestina y libanesa”. Sobre la excolonia española, la UPF insiste en el que el Frente Polisario es “el único interlocutor válido” y considera “nula” la actual situación del territorio bajo soberanía de Marruecos después de que el Ejecutivo defendiera en marzo de 2022 que la propuesta de autonomía planteada por Rabat era la “más seria, realista y creíble” para resolver el conflicto. La asociación reclama a España y las instituciones europeas que “rompan las relaciones comerciales con el Reino de Marruecos que estén basadas en la explotación de los recursos naturales del SO [Sáhara Occidental]”, además de instar al gobierno a asumir “su condición de potencia administradora y, por tanto, protectora del pueblo saharaui”, a que se “garantice su seguridad durante el proceso de autodeterminación” y se retome “el diálogo con el Frente Polisario en cuanto legítimo representante del mismo”.