El PP asume como una “posibilidad grande” que su querella contra el PSOE por financiación ilegal no sea admitida a trámite

El PP movilizó a su comité de dirección, en domingo, a una reunión de “urgencia” para abordar las novedades del caso Koldo tras el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO). ¿Moción de censura? ¿Comparecencia del presidente Pedro Sánchez en el Senado? Negativo. La respuesta no fue una iniciativa parlamentaria, sino judicial. La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, anunció después en rueda de prensa que su formación presentaría en la Audiencia Nacional una querella por financiación ilegal, tráfico de influencias y cohecho, apoyándose en “informaciones periodísticas” sobre supuestas entregas de dinero en la sede de Ferraz que no aparecen en los expedientes de la Guardia Civil. Con todo, la dirección de los populares asume como una “posibilidad grande” que la querella no sea admitida a trámite por el juez Santiago Pedraz, indican fuentes de la ejecutiva.

“Es de tal envergadura y es tan grave esta información que nos parece razonable que sea también investigada por la justicia, que se abra una nueva pieza, y que esta presunta financiación irregular se investigue”, aseguró el portavoz del PP, Borja Sémper, un día después tras registrar la querella ante el Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional. La confianza demostrada por Sémper el lunes tras presentar el escrito contrasta con la opinión en privado de miembros de la dirección, que ven plausible que la querella quede en nada teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Supremo, contraria admitir querellas fundamentadas en la “mera aportación de prensa o similares, sin más constatación o acreditación”, según ha indicado el alto tribunal.

Sobre las consecuencias que podría tener para la formación de Feijóo que la querella no sea admitida a trámite, las citadas fuentes señalan que ese “riesgo” estaba “calibrado” antes de presentarla ante el juez. Con ese “riesgo”, desde la ejecutiva se apunta a un escenario en el que el Gobierno utilizara la querella fallida como munición en contra del PP. Eso sí, la estrategia de los populares habría dado en cualquier caso sus frutos, pues eras fuentes del gabinete de Feijóo apuntan a que, tome la decisión que tome el juez Pedraz, con la querella ya han logrado encajar el mensaje en la opinión pública de las “bolsas de dinero” que supuestamente llegaban a la sede de los socialistas en Ferraz. Y se agarran además al resto de volcado de los teléfonos móviles por parte de la Guardia Civil, que según los populares podría reforzar su estrategia judicial contra Sánchez. También pretendían dar protección jurídica al supuesto empresario que habló para The Objective en caso de que este quisiera declarar ante una instancia judicial y evitar así un eventual miedo a dar ese paso.

El PP se remitió en su querella a una información publicada por The Objetive el 10 de octubre basada en dos testimonios anónimos, uno de ellos el de un hombre que dice ser un empresario socio de Víctor de Aldama, el presunto cabecilla del caso Koldo y en prisión provisional por el fraude de los hidrocarburos. Ese otro empresario sostiene de forma anónima haber llevado 90.000 euros en bolsas a la sede del PSOE en Ferraz. Cuando los periodistas han recordado al portavoz del PP que esa información no aparece en el informe de la UCO sobre el caso Koldo ni tampoco hay rastro de ella en algún otro sumario judicial conocido.

Otros diputados consultados también sopesan la posibilidad de que la querella sea archivada. Aunque que sostienen al mismo tiempo que, de no haber movido un dedo, se les habría acusado de “cobardes” o de “inmovilismo”. El problema para los populares radica en que esperar algo más de tiempo o simplemente haberse atenido a los informes de la UCO les habría llevado sobre seguro, sin los peligros que puede suponer una querella desestimada que diluya luego una supuestamente responsabilidad del PSOE o del presidente de Sánchez. Pero todo va tan deprisa que los acontecimientos de un día soslayan los del anterior. Y ahí se agarra también el PP, mirando este miércoles en concreto a la imputación por primera vez en democracia a un fiscal general del Estado, Álvaro Ortiz.