20 años de financiación ilegal del PP frente a las sospechas de financiación ilegal del PSOE

El PP ha presentado una querella contra el PSOE en la Audiencia Nacional por financiación ilegal, tráfico de influencias y cohecho. Es su último intento de tumbar al Ejecutivo de Pedro Sánchez. El Gobierno de Mariano Rajoy cayó por una moción de censura apoyada en una sentencia (caso Gürtel, primera etapa 1999-2005) que consideró probados los tratos de favor de administraciones del PP a una trama corrupta que pagó a cambio mordidas a numerosos dirigentes del partido conservador. Esa sentencia también acreditó la existencia de una caja b que manejaba Luis Bárcenas, quien fue gerente y tesorero del PP durante 20 años, para financiar ilegalmente al PP. Posteriormente, otra sentencia acreditó el pago de las obras de reforma de la sede de Génova 13 con dinero negro de la caja b del PP. Cuando ocurrieron estos hechos no existía el delito de financiación ilegal —introducido en la reforma del Código Penal de 2015—. El PP fue condenado en estos casos como partícipe a título lucrativo —caso Gürtel— y como responsable civil subsidiario —caso Bárcenas—.

El Gobierno de Pedro Sánchez y el PSOE se enfrentan ahora a dos causas de grave corrupción. Una de ellas, el denominado caso Koldo, toca de lleno al corazón del partido y del Gobierno. José Luis Ábalos, exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, favoreció durante sus años de mandato al empresario Víctor de Aldama, quien, a cambio, le pagó mordidas en especie, según las conclusiones de la investigación abierta hace más de un año por la Guardia Civil. En otra causa conocida la semana pasada, el caso Hidrocarburos, se investiga por delito fiscal a Víctor de Aldama, en prisión provisional desde el miércoles tras admitir el juez la petición de la Fiscalía Anticorrupción.

EL PAÍS intenta aclarar las diferencias y semejanzas entre los 20 años de financiación ilegal del PP (juzgados en parte por los tribunales) y las sospechas de financiación ilegal del PSOE, pendientes de que la Audiencia Nacional decida si abre una investigación tras la querella presentada por el PP basada en las confidencias de un empresario anónimo.

‘Caso Gürtel/Bárcenas/PP’

Quién denunció los hechos. Un exconcejal del PP en Majadahonda, José Peñas, quien estuvo grabando en secreto durante más de un año sus conversaciones con el jefe de la trama corrupta, Francisco Correa, para quien trabajaba. Posteriormente, el juez Pablo Ruz abrió una pieza separada a raíz de la publicación en EL PAÍS de los denominados papeles de Bárcenas, que recogían las aportaciones ilegales (ocho millones de euros) de varias decenas de empresarios al PP durante al menos 20 años y el pago de sobresueldos en dinero negro a los principales dirigentes del partido. El PSOE solo se personó en las distintas causas abiertas como acusación popular.

Qué pruebas hay de financiación ilegal del PP. El PP se financió ilegalmente durante al menos 20 años (1990-2009) según acreditan varias sentencias del caso Gürtel y del caso Bárcenas. Pero los legisladores no incluyeron ese delito hasta 2015 mediante la incorporación al Código Penal de los artículos 304 bis y 304 ter, por lo que el PP ha sido condenado en estos casos como partícipe a título lucrativo —se aprovechó, supuestamente sin saberlo, de los delitos de la trama corrupta, que pagó alguno de los mítines de Rajoy— o como responsable civil subsidiario.

Qué consecuencias disciplinarias tuvo el escándalo. El PP tardó casi cuatro años en tomar medidas disciplinarias contra Luis Bárcenas, gerente y tesorero del PP entre 1990 y 2009, que manejó una caja b alimentada por donaciones ilegales de empresarios contratistas de la administración pública. De hecho, lo mantuvo con el mayor sueldo dentro del partido, secretaria, chófer y una sala en la sede del partido donde podía guardar sus documentos. El PP despidió en febrero de 2013 a quien había sido su gerente y tesorero desde 1990. Lo hizo días después de que EL PAÍS publicará los papeles de Bárcenas sobre la caja b del PP.

‘Caso Ábalos/Aldama/PSOE’

Quién denunció los hechos. El PP presentó una denuncia —caso Koldo— y una querella —caso Hidrocarburos— en las dos causas abiertas en la Audiencia Nacional.

El grupo parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid denunció ante la Fiscalía Anticorrupción la adjudicación de numerosos contratos de compra de mascarillas por distintos ministerios del Gobierno de Pedro Sánchez en lo peor de la pandemia. Lo hizo como respuesta a una denuncia parecida de Más Madrid y PSOE por la compra de 250.000 mascarillas por la Comunidad de Madrid al hermano y a un amigo de Isabel Díaz Ayuso por 1,5 millones de euros, lo que les reportó un beneficio de un millón de euros (compraron a dos euros y vendieron a seis). La Fiscalía Europea y la Fiscalía Anticorrupción archivaron la denuncia por esta operación.

El PP presentó este lunes una querella por financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias ante el juzgado 5 de la Audiencia Nacional, que instruye el caso Hidrocarburos.

Qué pruebas hay de financiación ilegal del PSOE. Las dos causas abiertas en la Audiencia Nacional —caso Koldo y caso Hidrocarburos— tienen a un protagonista principal, el empresario Víctor de Aldama. La investigación del caso Koldo ha acreditado el pago de comisiones ilegales por parte de Aldama a los dirigentes del ministerio de Transportes —Jose Luis Ábalos y su asesor principal, Koldo García— que le facilitaron el negocio de las mascarillas. Aldama ganó por su intermediación en esa operación seis millones de euros de los 16 millones que Soluciones de Gestión logró de plusvalía por vender 20 millones de mascarillas a distintas administraciones gobernadas por el PSOE en lo peor de la pandemia. Aldama pagó supuestamente a Koldo García, asesor principal de Ábalos, cientos de miles de euros que este destinó supuestamente a comprar viviendas. Además, Aldama pagó a través de un testaferro el alquiler de un apartamento durante varios años a la expareja sentimental del ministro por casi 80.000 euros y adquirió un chalé en Cádiz por 500.000 euros para uso y disfrute de Ábalos. En el sumario de la causa abierta en el Juzgado Número 2 de la Audiencia Nacional no hay evidencias de que el dinero negro con el que Aldama pagó los favores del Ministerio de Transportes llegase al PSOE. El delito de financiación ilegal castiga a los partidos políticos que reciban donaciones ilegales.

En la segunda causa —caso hidrocarburos— la Audiencia instruye una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra Aldama por delito fiscal al no declarar a Hacienda más de 180 millones de euros recaudados por IVA. En el sumario, por lo que se conoce del auto de prisión de Aldama, no aparecen datos sobre el pago de comisiones ilegales al PSOE. Pero The Objective apunta que un confidente anónimo habla de reuniones secretas de Aldama con ministros socialistas, supuestamente para conseguir de ellos favores en sus negocios, y de la entrega de bolsas con dinero (90.000 euros) en la sede central del PSOE en la calle de Ferraz. Esas informaciones han motivado, según explican los dirigentes del PP, la presentación de una querella ante el juzgado de la Audiencia Nacional que instruye el caso Hidrocarburos.

Qué consecuencias disciplinarias ha tenido el escándalo. El PSOE tardó cinco días desde que se conoció la investigación secreta de la Audiencia Nacional y la detención de Koldo García (21 de febrero) en suspender de militancia a José Luis Ábalos (27 de febrero) tras reclamarle, sin ningún éxito, que dejase su escaño en el Congreso de los Diputados.