Castilla-La Mancha pide explicaciones sobre el posible uso del aeropuerto de Ciudad Real para albergar inmigrantes

La acogida de inmigrantes en la Península vuelve a generar un roce entre administraciones. Esta vez, ha sido el Gobierno de Castilla-La Mancha, del PSOE, el que ha acusado al Gobierno central de “oscurantismo” al enterarse de que el Ministerio de Migraciones estudia instalar barracones en el aeropuerto de Ciudad Real, un aeródromo privado ubicado a unos 20 kilómetros de la capital, para albergar a inmigrantes adultos llegados de forma irregular a las costas españolas. La consejera de Bienestar Social de la región esgrime que no se trata de una cuestión de “falta de solidaridad”, sino de que no han sido informados y de que las condiciones de acogida distan de ser las adecuadas. “La población más cercana y, por tanto, los servicios, se encuentra a 12 kilómetros”, señala Bárbara García Torijano, que acusa al Gobierno central de mantener “negociaciones a espaldas” del autonómico y transmite su “decepción” con el Ejecutivo.

El Ministerio de Migraciones ha confirmado que, en efecto, está evaluando la posibilidad de abrir un centro de atención en las instalaciones aeroportuarias y señala que sería temporal para atender a los migrantes llegados a las costas españolas, especialmente a Canarias, pero también a Baleares, Murcia, Almería y Alicante. Fuentes del departamento no dan por cerrada la decisión y dejan en el aire si el proyecto será “definitivamente considerado viable”. “Desde el ministerio se están realizando los estudios y análisis pertinentes para concluir la definitiva idoneidad del proyecto”, añaden.

Aunque la polémica se ha desatado este lunes, la posibilidad de usar el aeródromo está sobre la mesa desde al menos el pasado 1 de octubre. Ante la incesante llegada de cayucos a las islas Canarias (en los nueve primeros meses del año han llegado casi 31.000 personas), Migraciones se ha visto obligado, una vez más, a buscar alojamiento de emergencia en la Península. Por este motivo, el departamento que dirige Elma Saiz reunió ese día a los delegados de Gobierno para que propusiesen un listado de instalaciones en sus territorios que podrían destinarse a la acogida temporal de inmigrantes adultos llegados a Canarias. En ese encuentro se ofertó la posibilidad de usar el aeropuerto castellanomanchego, así como varios recintos religiosos en País Vasco, según fuentes conocedoras de esa reunión. De hecho, el ministerio también se vio con representantes de la Iglesia para lanzarles la misma petición.

Este tipo de demandas del ministerio a los territorios no son excepcionales. Desde que los desembarcos en las islas Canarias volvieron a repuntar en otoño del año pasado (cuyo ejercicio se cerró casi 40.000 llegadas), la necesidad de nuevas plazas para poder derivarlos a la Península ha sido una constante. Los traslados de los recién llegados a la Península son motivo contante de polémica entre el Gobierno y las administraciones locales y autonómicas, generalmente con el PP, que, como en este caso, protestan por no tener información sobre las derivaciones hasta que los migrantes ya se encuentran en sus territorios.

La consejera de Bienestar Social ha mostrado su “sorpresa y estupefacción” —suya y “de todo el Gobierno”— porque se han enterado “a primera hora de la tarde por los medios de comunicación y por rumores a través de algunas entidades sociales”. La consejera se ha puesto entonces en contacto con la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, que se ha comprometido a enviarle más información. García Torijano señala que la única información de que dispone es que se plantea instalar barracones en las instalaciones aeroportuarias. El Aeropuerto Internacional de Ciudad Real es un aeródromo privado con un “uso marginal” y programa “solo vuelos privados y sin frecuencia diaria”, según Migraciones.

García Torijano ha exigido al Gobierno que ponga en común con el Ejecutivo autónomo sus posibles planes. “Lo que siempre demandamos es que nos informen en todo momento de los movimientos que van a hacer en Castilla-La Mancha porque, aunque el espacio es privado, los servicios públicos que se precisan son públicos y los ofrece la comunidad”. La consejera aguarda a tener más información desde el ministerio y pide que en el análisis de la propuesta participe también el Ejecutivo autónomo.