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La Fiscalía se opone a la querella de Begoña Gómez contra el juez Peinado

El ministerio público solo ha mostrado su respaldo a la denuncia presentada por la Abogacía del Estado en nombre de Pedro Sánchez

El juez Juan Carlos Peinado, en una imagen de archivo.
El juez Juan Carlos Peinado, en una imagen de archivo.Andrea Comas
J. J. Gálvez

La Fiscalía se ha opuesto a la querella que Begoña Gómez presentó contra el juez instructor Juan Carlos Peinado, que la mantiene imputada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El ministerio público ha enviado un escrito al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para solicitar que no se admita a trámite la denuncia de la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que atribuye al magistrado los delitos de prevaricación y revelación de secretos. La Fiscalía ya mostró su rechazo a la primera querella contra Peinado impulsada por el periodista Máximo Pradera —a la que el tribunal dio carpetazo la pasada semana—, pero mantiene su apoyo a otra segunda presentada por la Abogacía del Estado en nombre del jefe del Ejecutivo.

“En este momento y con los indicios y argumentos jurídicos que se aportan en esta querella [...], no se dan los presupuestos legales exigidos para su admisión a trámite”, concluye el ministerio público, que analiza los dos delitos atribuidos al juez Peinado. Sobre la revelación de secretos, la Fiscalía rechaza que existan “indicios” para actuar contra el magistrado y reprocha a Begoña Gómez que se apoye en “meras noticias que aparecen publicadas en los medios de comunicación y redes sociales, y en una serie de resoluciones judiciales”. Por su parte, respecto a la prevaricación, el organismo público entiende que muchas de sus alegaciones se deben resolver a través de la vía de los recursos que se presentan dentro de la propia instrucción.

El TSJM tiene pendiente pronunciarse sobre las querellas de Sánchez y Gómez. Aunque aún no ha desvelado su decisión sobre la primera de ellas, el tribunal ya se reunió la pasada semana para deliberar sobre el escrito del presidente del Gobierno, que arremetió contra el juez por haberle obligado a declarar en persona ante él, y no por escrito —una posibilidad que prevé la ley para el jefe del Ejecutivo cuando se trata de asuntos que conozca por razón de su cargo—. Ahora, ya con este nuevo escrito de la Fiscalía sobre la mesa, los magistrados deberán fijar una fecha para debatir sobre la denuncia de la mujer del presidente.

El rechazo de la Fiscalía a la querella de Begoña Gómez se produce después de que el TSJM le negase una petición que, en su opinión, resultaba fundamental. El ministerio público pidió que se recabara toda la causa del juez Peinado, con el objetivo de tener un conocimiento “pleno” de las actuaciones antes de pronunciarse sobre la admisión a trámite. Sin embargo, el 1 de octubre se rechazó esa solicitud: “Supone incorporar elementos del procedimiento tramitado por [Peinado] que no han sido mencionados en la querella ni tan siquiera como antecedentes de los delitos imputados”, dijo el TSJ, que añadió: “No debe suplir el tribunal la falta de actividad de la propia querellante; que, como parte en aquel procedimiento, dispone de los particulares necesarios, como también tiene acceso a los mismos el Ministerio Fiscal que ahora interesa su incorporación”.

La Fiscalía se ha mostrado sorprendida ante esta actitud del tribunal y recuerda que, hasta ahora, “nunca antes se había negado” cuando se lo había solicitado: “Incluso la propia Sala de oficio ha ordenado recabar testimonios íntegros de las actuaciones cuando lo ha considerado oportuno para adoptar la decisión de admisión”. En esa línea, el ministerio público incide en que su intención era poder “analizar en su conjunto la denunciada forma de proceder” del juez, a la que califica como “inusual”: entre otros motivos, por los retrasos en la tramitación de los recursos presentados contra sus decisiones.

Por todo ello, ante la negativa del TSJM, al ministerio público no le queda otra que pronunciarse ya sobre la querella de Begoña Gómez. Y la Fiscalía recalca que, como el único aspecto que veía sospechoso era que se estuvieran retrasando “a sabiendas” los recursos y estos finalmente ya se están resolviendo o se encuentran en trámite (“aunque no con la inmediatez que sería deseable”), pide la inadmisión de la querella. “Los demás indicios a los que se refiere la querella (‘buscar un impacto político y social o un desmedido afán de protagonismo’) son meras apreciaciones subjetivas de parte interesada huérfanas de apoyo fáctico concreto”, añade la Fiscalía.

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Sobre la firma

J. J. Gálvez
Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.
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