El exembajador Raúl Morodo admite un fraude a Hacienda y evita entrar en prisión

Raúl Morodo, embajador de España en Venezuela desde 2004 a 2007, ha admitido este lunes un delito de fraude fiscal y ha aceptado una pena de 10 meses de cárcel. El exdiplomático, que ha pactado con la Fiscalía para evitar su entrada en prisión, ha reconocido que participó en una trama societaria para no declarar a Hacienda los beneficios que su hijo Alejo obtuvo por prestar “servicios de asesoramiento legal y consultoría internacional” a, entre otros, la empresa pública venezolana Petróleos de Venezuela (PDVSA). Alejo Morodo, que también ha confesado tras sumarse al acuerdo con el ministerio público, desarrolló estos trabajos después de que su padre dejara el cargo en el país americano, que ejerció con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

—¿Se declara culpable? —ha preguntado Alfonso Guevara, magistrado de la Audiencia Nacional, a Raúl Morodo

—Sí, señor presidente —ha contestado él.

El juicio contra Raúl Morodo, su hijo Alejo y su nuera Ana Catarina Varandas ha comenzado este lunes en la Audiencia Nacional. Durante la primera sesión, las partes han anunciado que padre e hijo han cerrado un pacto con la Fiscalía. El exdiplomático ha admitido un delito fiscal, por el que acepta 10 meses de prisión; y su vástago, dos delitos contra la Hacienda Pública, que se traducen en un castigo de 24 meses de cárcel. “Sí, me conformo con los hechos [imputados]”, ha expuesto Alejo Morodo al tribunal, quien obtuvo 6,6 millones de euros de ganancias por sus trabajos para PDVSA, según la tesis que la Fiscalía puso sobre la mesa. Ana Catalina Varandas no ha pactado con la acusación.

El escrito de acusación inicial de la Fiscalía, que no entraba en la legalidad del origen los fondos y pedía tres años y medio de cárcel para el exdiplomático, sostenía que Morodo y sus familiares idearon una trama para defraudar a Hacienda entre 2011 y 2017. Según las pesquisas de la Audiencia Nacional, Alejo Morodo se dedicaba a la supuesta prestación de servicios de asesoramiento legal; pero, “consciente de que la debida tributación de las rentas que obtenía en el desarrollo de esa actividad por el IRPF le supondría un considerable desembolso”, decidió crear una red de tres sociedades interpuestas para evitar los pagos al fisco. De esta manera, según el juez instructor, el hijo del diplomático tributó las rentas a través del Impuesto de Sociedades, cuya carga impositiva era menor. “Parte de las ganancias obtenidas [a través de estas empresas interpuestas] se integraron en el patrimonio del investigado Raúl Morodo, quien las ocultó a la Hacienda Pública”, apostilló el juez.