Marlaska y Robles vuelven al consenso para nombrar a la nueva directora de la Guardia Civil

El 4 de abril del año pasado, Mercedes González vestía para el acto en el que formalmente tomaba posesión del cargo de directora general del instituto armado un traje de un color verde idéntico al que del uniforme que usan los guardias civiles. Era un momento complicado porque su antecesora en el cargo, María Gámez, había dimitido días antes tras la imputación de su marido por corrupción en una causa que después quedaría archivada. Además, las informaciones sobre la presunta implicación de dos generales de la Guardia Civil en los casos Mediador y Cuarteles ocupaban día sí y día también espacio en la prensa. Por ello, no extrañó que González dirigiera buena parte de su discurso a, por un lado, alabar el papel de Gámez, que fue la primera mujer en el cargo, y, por otro, a despejar las sombras de corrupción que se cernían sobre el instituto armado.

Sin embargo, aquella toma de posesión tenía un ingrediente más no tan evidente como el guiño del color de su traje. A su nombramiento asistían los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y Defensa, Margarita Robles, enfrentados, entre otros motivos, desde que el primero aprovechara en enero de 2020 una remodelación de su departamento para destituir al anterior director general, el magistrado Félix Azón, hombre cercano a Robles, e imponer a Gámez a pesar de que una norma no escrita indica que ambos departamentos, de los que depende el instituto armado, deben ponerse de acuerdo en la elección de su máximo responsable. De hecho, la ministra no fue al acto de toma de posesión de esta última en un gesto que no pasó inadvertido como no lo hacía su presencia en el de González. Ahora, según reconocen fuentes de ambos ministerios, el nombramiento este martes de esta de nuevo como directora general en sustitución de Leonardo Marcos ―que ha pedido su relevo “por motivos personales”, según ha detallado Interior― confirma la vuelta al consenso de dos ministros que suman numerosos desencuentros, algunos de ellos públicos, en los últimos años.

Estas fuentes aseguran que para proponer el nombramiento de González para ocupar el mismo puesto ―”algo inusual”, admiten― Grande-Marlaska ha tenido en cuenta que esta ya conoce la institución precisamente de su breve paso en 2023 y que sigue valorando como positivo el papel que desempeñó cuando fue delegada del Gobierno en Madrid. “A ello se ha sumado que la ministra de Defensa ha dado su visto bueno de manera inmediata, lo que ha permitido un relevo quirúrgico, rápido y sin especulaciones”, añade una de estas fuentes. Ya en la toma de posesión de abril de 2023, Robles y González mostraron su sintonía y la primera destacó en su intervención que se conocían desde hace “muchos años”.

El relevo ha sido bien recibido por las asociaciones de la Guardia Civil no tanto por su anterior etapa ―insisten en que estuvo tan poco tiempo que no dio tiempo a conocer sus proyectos― sino porque supone la salida de Leonardo Marcos, un director general con el que han chocado en los 15 meses que ha permanecido en el cargo. Justicia para la Guardia Civil (Jucil, la asociación mayoritaria entre los agentes) criticaba este martes en una nota “la falta de diálogo y avances durante el mandato” de Marcos, al que acusaban también de “altivo” en el trato con los representantes de los agentes. La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) incidía en el mismo sentido al alegrarse de la dimisión por considerar que su actitud con las asociaciones y los agentes había sido “prepotente” y alejada del diálogo. Al ya ex director general se le atribuye la decisión de abrir expedientes disciplinarios a varios representantes de los agentes por manifestaciones públicas en lo que que se consideró una medida extrema que provocó un profundo malestar entre las asociaciones a pesar de que luego algunos quedaran en nada.

Recomponer las relaciones con las asociaciones no será, sin embargo, la única ni la más peliaguda tarea que se encontrará sobre la mesa de su recuperado despacho González. Con los casos Mediador y Cuarteles en un segundo plano mediático, son otros dos temas judiciales los que han sacudido en los últimos meses la dirección general. Uno es la doble investigación por el asesinato, el 9 de febrero en el puerto de Barbate (Cádiz) de los agentes Miguel Ángel González y David Pérez tras ser embestida la embarcación en la que iban junto a otros cuatro compañeros por una narcolancha. Si bien las pesquisas sobre la autoría del suceso han permitido identificar (aunque no detener, ya que los sospechosos se ocultan supuestamente en Marruecos) a los presuntos ocupantes de la narcolancha, el mismo juzgado tiene abierta otras diligencias sobre las supuestas deficiencias en el operativo desplegado por la Guardia Civil aquella noche. Estas salpican a un coronel y un general del instituto armado en Andalucía. Los supervivientes declararon ante el juez que se les dieron órdenes “absurdas” que vinculan al hecho de que horas antes del suceso Grande-Marlaska había acudido a la zona a presentar los resultados del Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar contra el narco.

El otro asunto pendiente judicial tiene un nombre propio: el coronel Diego Pérez de los Cobos, máximo responsable de la Guardia Civil en Madrid. Tras su cese en mayo de 2020 como jefe de la Comandancia en Madrid, Pérez de los Cobos mantiene con Grande-Marlaska un pulso en los tribunales en el que ha cosechado varias victorias. La primera, que le permitió volver a su puesto al frente de aquella, se produjo, precisamente, en los primeros días del mandato de González en su anterior paso por la dirección general. Entonces se barajó que Interior podía volver a cesar de nuevo al coronel con una argumentación más detallada que impidiera que los tribunales volvieran a tumbarla. Sin embargo, González propuso no dar ese paso y mantenerle en el puesto, según señalan fuentes cercanas a ella. Así ocurrió.

Ahora, sin embargo, el pleito que enfrenta a Pérez de los Cobos con Interior es otro: su ascenso al generalato, al que el alto mando defiende tener derecho por escalafón y currículum. De no conseguirlo antes de diciembre de 2024, cuando cumple los 61 años de edad, Pérez de los Cobos pasará a la reserva. Sin embargo, de acceder a general podría prolongar su carrera en la Guardia Civil varios años más. Hasta ahora ha conseguido que el Tribunal Supremo anule en dos ocasiones el ascenso de otros tres coroneles al generalato. Para ello, Pérez de los Cobos ha argumentado que él es el número uno en el escalafón, por delante de ellos tres y del resto de candidatos que se presentaron para ascender a general de brigada y que en la evaluación previa a los ascensos que realiza el Consejo Superior de la Guardia Civil se apoyó su ascenso. Sin embargo, Grande-Marlaska siempre ha sostenido que la promoción a general es discrecional y que las evaluaciones previas no son vinculantes. A González le queda, por tanto, poco margen de maniobra en este tema.

Tampoco parece tenerlo en la polémica reavivada recientemente sobre el Órgano de Coordinación de Operaciones contra el Narcotráfico (OCON-Sur) de la Guardia Civil, una unidad de élite integrada por 150 agentes que fue creada por el Ministerio del Interior en 2018 para combatir la llegada de alijos de estupefacientes a las costas andaluzas y que, pese a lograr triplicar las cantidades de droga incautada en estas, fue sorpresivamente desmantelada en septiembre de 2023. La controversia parecía olvidada, pero primero el doble asesinato de Barbate y, recientemente, el informe de la Fiscalía General del Estado en el que se destacaba que se había producido un descenso del 20% de las investigaciones contra el narcotráfico en la provincia de Cádiz desde la desaparición del grupo lo ha vuelto a poner sobre la mesa.