Clavijo estalla contra el Gobierno por la acogida de migrantes menores: “Es como un matón de colegio”

Seis ministros se reunirán este martes para celebrar la comisión interministerial de inmigración, a la que está previsto que acuda la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. Los titulares de las carteras de Interior, Exteriores, Migraciones, Juventud e Infancia, Derechos Sociales y Política Territorial abordarán un único punto genérico y habitual (la situación migratoria actual) pero, según fuentes al tanto de la cita, el foco estará puesto en Canarias. Por un lado, en cómo reactivar la negociación para imponer la solidaridad en la acogida de niños migrantes por todo el territorio y, por el otro, en el polémico protocolo del Gobierno de Canarias que condiciona la acogida de este colectivo a una serie de actuaciones previas por parte de la Policía Nacional. En paralelo, el Consejo de Ministros tiene intención de presentar este martes un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional.

El presidente canario, Fernando Clavijo, no participará de esta reunión, aunque sí se le permitirá unirse a los ministros una vez concluida. La cuestión de la participación del presidente canario ha agravado las tensiones entre los ejecutivos central y autonómico, que mantienen un frente abierto a cuenta de la búsqueda de soluciones ante el colapso de los recursos de acogida para los menores tras el fracaso en el Congreso de la reforma de la ley de extranjería pactada entre ambos gobiernos.

La semana pasada, después de enviar al Boletín Oficial de Canarias el protocolo de actuación ante nuevas llegadas de menores, el presidente de las islas solicitó por carta al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que se celebrase una interministerial para que él pudiese intervenir. La normativa de esta comisión interministerial permite convocar a representantes de otras administraciones públicas “por razón de los asuntos que hubieran de tratarse, estimase conveniente su presencia”.

Pero cuando Clavijo planteó su demanda, la cita y los participantes ya estaban convocados, así que, según fuentes ministeriales, Torres le emplazó a “participar en una nueva sesión que se convocaría a la mayor brevedad” para “buscar una solución”. La negativa no sentó bien en el Gobierno canario y Clavijo respondió a Torres ofreciendo una alternativa, la de participar al final de la reunión y poder exponer así a los ministros la situación que atraviesa el archipiélago. Esta petición sí fue aceptada por el ministro este lunes, pero para entonces, Clavijo ya había mostrado, de nuevo, su malestar públicamente.

En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno, el presidente canario ha criticado que no se le permitiese participar en la interministerial, reunión a la que solicitó intervenir “por escrito”. “No es de recibo que se arremeta contra Canarias”, ha señalado, subrayando que el Gobierno reúne en pocos días a cuatro ministros para analizar el protocolo de menores de Canarias, pero no para plantear “soluciones urgentes”. Clavijo también criticó el “castigo” al que somete el Gobierno central a las islas con la posibilidad de llevar ante el Tribunal Constitucional el nuevo protocolo de atención a menores migrantes que lo busca es “garantizar lo mejor” a los niños y las niñas que llegan a las islas. Y afirmó en la SER que su gobierno se siente “amenazado” y comparó al ejecutivo central con “el matón de colegio” porque “o haces lo que yo te digo, y como yo te digo, o te pego”.

Fuentes del equipo de Clavijo demandan más espacios de diálogo con Madrid y consideran que “no hay voluntad” de abrirlos. En el Ministerio de Política Territorial mantienen que Torres, como explicó al presidente autonómico en su última carta, también comparte “la necesidad de caminar en el diálogo administrativo y la cogobernanza; y que también se haga de manera constructiva”. Su voluntad, le dijo a Clavijo, “es seguir caminando en la solución y mantener la fluidez que hemos tenido en la comunicación”.

Además de la publicación del protocolo canario que el Gobierno pretende que el Constitucional suspenda, hay un hito que ha enrarecido aún más la relación entre ambas administraciones. En julio, el PP tumbó de la mano de Junts y Vox en el Congreso la reforma legal que promovieron los gobiernos central y canario (este último con presencia del PP como socio minoritario) para redistribuir a los menores migrantes entre comunidades autónomas. Tras el fracaso de la iniciativa, la semana pasada, Clavijo selló un acuerdo con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que suponía asumir en gran medida la hoja de ruta de Génova, que no cree que haya que dar un trato especial a Canarias, Ceuta y Melilla (como estaba previsto en la reforma legal), sino a todos los territorios, y que condiciona el reparto de menores migrantes a una serie de exigencias que van desde el despliegue de las fuerzas de seguridad en los países de origen (algo que ya se hace) a la asunción por parte del Estado de todos los gastos e infraestructuras una vez que cualquier comunidad supere su capacidad de acogida.