El Gobierno se moviliza para desactivar a Clavijo y estudia llevar al Constitucional su nuevo protocolo para acoger menores

La reunión no estaba prevista, pero este viernes cuatro ministros convocaron una videollamada de urgencia para neutralizar el pulso lanzado vía boletín oficial por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Los titulares de Interior, Migraciones, Política Territorial e Infancia buscaban cómo reaccionar a un nuevo enredo en el enorme problema de acogida de menores migrantes que sufre el archipiélago canario: con un nuevo protocolo, el Ejecutivo autonómico ha condicionado la acogida de cada niño que llegue en cayuco a una burocracia que implicará mantenerlo durante horas o, más bien, días bajo custodia policial. Según fuentes gubernamentales, de la reunión interministerial salieron tres conclusiones: el nuevo protocolo no cumple con el interés superior del menor, se activará a la Fiscalía como árbitro cada vez que haya un desencuentro en la acogida y hay que resolver el fondo de la cuestión por lo que se está estudiando acudir al Tribunal Constitucional.

Sin una solución a la vista y sin una distribución obligatoria por el resto del territorio, el Boletín Oficial de Canarias publicó este jueves un protocolo en el que el Gobierno autonómico condiciona la acogida de los menores llegados en cayuco. Esta serie de trámites que debe cumplimentar la Policía Nacional retrasará la acogida de los menores en centros especializados —aunque saturados— y les obligará a permanecer en instalaciones policiales hasta que se complete la burocracia porque el Gobierno canario entiende que mientras los niños estén custodiados por agentes no están en desamparo y, por tanto, no estaría eludiendo su competencia. El Gobierno central cree que esto es un “disparate jurídico” y se apoya en el criterio de la Fiscalía Superior de Canarias que ha advertido este viernes al Gobierno autonómico del riesgo de incurrir en un delito de abandono si no acoge a los menores “de forma inmediata”.

La medida de más calado para neutralizar el protocolo de Clavijo sería someterla a una cuestión de competencia dado que la protección de menores corresponde en exclusiva a las comunidades autónomas, algo en lo que incide el decreto de la Fiscalía. Fuentes del Gobierno aseguran que se está estudiando este movimiento para zanjar las dudas sobre el asunto. En paralelo, el Ministerio de Juventud e Infancia ha preparado un informe jurídico en el que defiende que el nuevo protocolo canario vulnera los derechos fundamentales de los menores y que ha remitido a la Fiscalía.

Aunque era un protocolo anunciado, su publicación en el boletín oficial desconcertó a autoridades políticas y policiales. ¿Y ahora, qué va a pasar cuando llegue un menor a Canarias? “Es una barbaridad”, comentaba la noche del jueves una de estas fuentes. “¿Que qué vamos a hacer? Pues no lo sé, pero supongo actuar como hasta ahora. Cuando tienes un niño desfallecido después de cinco días en un cayuco no puedes dar prioridad a la burocracia”, señalaba una fuente policial. “Esperamos instrucciones”, decía otra.

Clavijo ha alegado “desorden” en la entrega de los menores a los centros de acogida para exigir que se cumpla a rajatabla una serie de pasos ya incluidos en un protocolo de 2014. El líder de Coalición Canaria, con todos sus recursos desbordados por la acogida de más de 5.200 menores, quiere, entre otras cosas, que cada nuevo niño que entre en sus instalaciones venga perfectamente reseñado, incluido en el registro oficial para menores extranjeros, entrevistado en su lengua para conocer sus circunstancias personales y tener margen para confirmar la disponibilidad de plaza.

Horas en el limbo

Son trámites que en teoría ya se hacen, pero con una flexibilidad que se ha ido ampliando dadas las circunstancias y que permitía a la policía, en el caso de los niños, realizarlos una vez acogidos en un centro especializado. Lo que propone la nueva norma es acabar con esa flexibilidad. Un responsable policial explica a EL PAÍS con un ejemplo práctico el tiempo al que se le obligaría a un niño a esperar con estas reglas. Por ejemplo, si un cayuco llega a El Hierro a las tres de la madrugada, lo habitual es que, mientras se les desembarca, se les cambia de ropa, se les identifica y se les traslada, sus ocupantes no lleguen al recinto policial donde se les reseña oficialmente hasta al menos unas tres horas más tarde. Para esta labor de reseña policial, además, los agentes tienen hasta 72 horas para completarla. “No podemos obligar a un niño que se te cae en los brazos a pasar por todo eso”.

Pero el reproche a la iniciativa de Clavijo, que se ha escudado en las circunstancias de emergencia que vive el archipiélago con los menores, también se le podría hacer al Gobierno central. En este momento, la Secretaría de Estado de Migraciones, en un “contexto de agotamiento de las capacidades normales de acogida”, está dejando de derivar a los solicitantes de asilo a centros especializados para ellos y los mantiene, indefinidamente, en centros de atención humanitaria pensados para un alojamiento básico y temporal. El Defensor del Pueblo, además, indicó al Ministerio de Migraciones, ya en julio, que podría contribuir al alivio de la situación crítica de los menores en Canarias si se hiciese cargo, como permite la directiva europea, de los menores mayores de 16 años con perfil de refugiado.

En su escrito, Ángel Gabilondo pedía que se habilitase un centro de recepción, atención y derivación para los niños y las niñas con necesidades de protección internacional en Canarias inspirado en aquellos que se abrieron para los refugiados ucranios. En él, dice Gabilondo, “podrían formalizar sus solicitudes, acreditar su condición de solicitantes de protección internacional, así como su residencia legal en España desde su puesta a disposición de los servicios de protección de menores autonómicos, e identificar las necesidades particulares de acogida para su derivación al recurso más adecuado”. También recomendaba que en los centros de protección internacional para adultos, competencia de Migraciones, se habiliten espacios adaptados a niños mayores de 16 años con perfil de refugiado.

No es un colectivo menor porque desde finales de 2023 se está observando la llegada de un perfil de menores que huyen de conflictos como el de Malí. La agencia de la ONU para los refugiados, ACNUR, realizó junto a la Consejería de Infancia de Canarias 576 entrevistas a menores acogidos en 37 centros y concluyó que al menos un 55 % de los menores entrevistados podrían encontrarse en necesidad de protección internacional. Y, aunque la nacionalidad no es el único elemento a tener en cuenta para identificar a posibles refugiados, se constata que Canarias acoge a más de 1.000 niños malienses en sus centros.