El PP baja el tono contra el Gobierno y araña entre los socios apoyos a su posición sobre Venezuela

Venezuela, ese asunto de teórica política exterior devenido en pura política interior española, brindará este miércoles un triunfo parlamentario al PP. El chavismo siempre ha marcado una clara frontera entre derecha e izquierda, y por ahí los populares han logrado arañar apoyos entre el sector más moderado del bloque que sostiene al Gobierno. Al menos PNV y Coalición Canaria votarán en el Congreso a favor de una propuesta que, contra el criterio del Ejecutivo, reconoce al líder opositor Edmundo González Urrutia como vencedor de las elecciones del pasado julio y legítimo presidente del país.

El gesto del Parlamento español con González, exiliado en España desde el pasado fin de semana, es estrictamente simbólico y carece de valor jurídico. Solo el Gobierno tiene potestad para aprobar un reconocimiento oficial y no está obligado a llevar a la práctica el texto aprobado en el Congreso, una proposición no de ley. El propio portavoz del PNV, Aitor Esteban, puso interés en subrayarlo durante el debate en el pleno. Esteban precisó además que, pese a apoyar la iniciativa del primer partido de la oposición, su grupo considera que el Gobierno “ha hecho lo correcto” tras las elecciones en Venezuela y la autoproclamación de Nicolás Maduro como vencedor. España tampoco ha reconocido al líder chavista.

Como viene defendiendo el Gobierno, el PSOE subrayó que es el conjunto de los 27 países de la Unión Europea el que debe acordar el reconocimiento del triunfo opositor. Los socialistas presentaron una enmienda, rechazada por el PP, que remite a las gestiones dentro de la UE para buscar una solución negociada que permita una transición hacia la democracia y condena la política represiva del régimen de Maduro. La nula voluntad de acuerdo entre los dos grandes partidos quedó plasmada en el papel que los textos de cada uno otorgan a José Luis Rodríguez Zapatero, implicado desde hace años en las negociaciones con el Gobierno chavista. El del PP incluye una descalificación del expresidente, inaceptable para los socialistas, como “blanqueador” de la “dictadura” bolivariana. Y el de los socialistas incorpora un reconocimiento, inaceptable para el PP, a la labor mediadora de su compañero de partido.

Horas antes del debate, el PNV había anunciado su apoyo a la propuesta del PP —que se votará este miércoles—, lo que garantizaba su victoria. Entre los nacionalistas vascos aún persistía el resquemor por los ataques recibidos del portavoz popular, Miguel Tellado, cuando hace dos semanas se negaron a forzar una comparecencia urgente de Pedro Sánchez sobre este asunto. Así que el PNV avisó que estaría muy atento al tono de la intervención del PP ante el pleno. La elegida por los populares para defender su propuesta era ni más ni menos que Cayetana Álvarez de Toledo.

La tantas veces flamígera diputada hizo esta vez un notorio esfuerzo de contención. Y tras saludar a los líderes opositores venezolanos que asistieron al pleno desde la tribuna de invitados —Leopoldo López, el exalcalde de Caracas Antonio Ledezma y una hija de González Urrutia, entre otros— optó por una vibrante defensa de la democracia en Venezuela frente a la “cacería totalitaria” del régimen, aderezada con tintes épicos. Su destreza como oradora acabó concitando los elogios de un rival tan aguerrido como Gabriel Rufián, de ERC. Las acusaciones al Gobierno no pasaron del reproche por “arrastrar los pies” ante el fraude electoral, que ella dio por hecho, y por apelar a la búsqueda de una posición conjunta dentro de la UE cuando Pedro Sánchez decidió por su cuenta reconocer el Estado palestino. Álvarez de Toledo estuvo muy lejos de los tuits difundidos el día anterior por su compañero Esteban González Pons, quien denunció que darle asilo político al líder de la oposición era “hacerle un favor a Maduro”, un pronunciamiento del que se desmarcaron en privado otros miembros de la dirección del PP.

El arranque de la socialista Cristina Narbona levantó protestas en la bancada del PP al afirmar que el actual Gobierno “es el que más ha hecho nunca por el pueblo venezolano”. Narbona ofreció datos para justificar su afirmación: con Sánchez en el poder, España ha acogido a 125.000 exiliados venezolanos frente a los escasos 125 a los que dio cobijo el anterior Ejecutivo del PP. Narbona consideró que Álvarez de Toledo presentaba el reconocimiento a González como “una varita mágica” que llevaría sin más la democracia a Venezuela, cuando hace cinco años ya se hizo lo mismo con otro líder opositor, Juan Guaidó, sin ningún resultado práctico. A José María Sánchez, de Vox, quien había arremetido contra la “ambigüedad calculada” del Ejecutivo y de la UE, le replicó que ni siquiera los países europeos gobernados por la extrema derecha han reconocido a González Urrutia.

Los grupos más a la izquierda cargaron las tintas contra el PP, al que acusaron de tener “un doble rasero” por no haber criticado en su día el “golpe de Estado” contra Evo Morales o el “genocidio” en Palestina. Rufián, Javier Sánchez Serna, de Podemos, y Néstor Rego, del BNG, calificaron a González Urrutia de ultraderechista. El portavoz de ERC recurrió a las declaraciones a lo largo de los últimos años de dirigentes del PP comparando a España con un régimen bolivariano para ironizar: “¿Por qué el líder de la oposición de una dictadura chavista viene a exiliarse a otra dictadura chavista?”. Gerardo Pisarello, de Sumar, abogó por “soluciones diplomáticas que preserven la paz y eviten el desgarramiento social” y levantó airadas protestas de los populares al recriminarles: “¿Qué lecciones vamos a recibir de un partido fundado por ministros de la dictadura?”. Tras bajar de la tribuna, cuando Pisarello pasaba por delante del escaño de Tellado, este comenzó a increparlo, tachándolo de “cómplice de Zapatero”. La presidenta, Francina Armengol, lo llamó al orden.

El único grupo que no acabó de concretar su posición fue Junts. La diputada Marta Madrenas condenó enérgicamente la “brutal represión” del régimen de Maduro. Y de ahí dio el salto a equiparla a las actuaciones judiciales contra los líderes independentistas catalanes.