El Supremo da los primeros pasos para decidir si investiga al fiscal general por la difusión de un comunicado sobre el novio de Ayuso

El Tribunal Supremo ha iniciado este lunes los trámites para decidir si investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos en la causa abierta contra la Fiscalía a raíz de la querella presentada por Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La Sala de lo Penal ha pedido a la Fiscalía que informe sobre si debe admitirse la exposición razonada enviada por el magistrado Francisco José Goyena, instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), quien pide investigar el papel de García Ortiz en la publicación de una nota de prensa que desmentía un bulo difundido por el equipo de la dirigente del PP tras conocerse la causa por fraude fiscal abierta contra su pareja —con el que los populares trataban de desacreditar al ministerio público y vender la tesis de que todo era una persecución política contra la jefa del Ejecutivo madrileño—.

Fuentes de la Fiscalía ya han señalado que el informe sobre este caso lo firmará previsiblemente la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde. En la causa abierta en el TSJM, el ministerio público ha defendido su actuación alegando que cumplió con su “obligación” de ofrecer información veraz a la ciudadanía ante los intentos del Gobierno madrileño de desacreditar a la institución. “No se descubrió hecho alguno”, señaló el fiscal Francisco Javier Montero. “Lo que es previamente conocido ya no es secreto”, añadió, apoyándose en jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Sin embargo, el juez instructor del TSJM sostiene que la “difusión de dicha información no se corresponde con la alegada finalidad que apunta el Ministerio Fiscal”: “Pues, aparte de exceder en su contenido a lo que aparece divulgado en la prensa, supone la divulgación de datos e información que no puede ser revelada a terceros, al perjudicar a un tercero e incluso a un interés colectivo, si atendemos al derecho de defensa [...] [Sobre] la alegada justificación que se esgrime para la difusión de la nota, [esta] podría haber tenido otro formato y contenido, que no vulnerara el deber de reserva que debía guardarse”.

En una diligencia de ordenación dictada este lunes, el Supremo acuerda, además, acumular en una única causa todas las acciones presentadas contra el fiscal general. Se trata, además de la exposición razonada, de una querella de la Fundación Foro Libertad y Alternativa, que fue la primera que se presentó el pasado mes de marzo, una denuncia, y una querella del sindicato Manos Limpias. La Sala que estudiará la admisión a trámite o no de esas acciones estará formada por los magistrados Manuel Marchena (presidente), Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Susana Polo (ponente) y Carmen Lamela.