El Consejo General del Poder Judicial negocia contra el reloj la elección de su presidente al frustrarse de nuevo el acuerdo

Los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) siguen sin conseguir el consenso necesario para elegir al presidente de la institución a dos días de la apertura del año judicial, que tendrá lugar el próximo jueves bajo la presidencia del Rey Felipe VI. El único acuerdo al que se llegó ayer fue el de abrir a otros nombres las candidaturas existentes, lo que no garantiza el pacto final. Este lunes han tenido lugar varios contactos y reuniones –entre ellos un pleno a lo largo de la tarde-, sin que se hubiese avances alguno en la negociación. El bloque conservador mantiene su radical oposición a las tres magistradas que el grupo progresista propone como candidatas a ocupar la presidencia del Consejo, que lleva aparejada la del Supremo, lo que coloca a su titular entre las máximas autoridades del Estado. Fuentes conocedoras de las votaciones explican que la sesión acabó con un empate a 10 votos entre la juez Ana Ferrer y la magistrada Carmen Lamela. Desde ambos sectores de la institución coinciden en considerar que la falta de acuerdo conduce a una situación “dramática” al verse por ahora frustradas las expectativas de abrir una nueva dinámica en la cúpula del Poder Judicial, tras su renovación por un acuerdo entre el PSOE y el PP el pasado mes de julio.

Esta coincidencia sobre la gravedad de la situación es la única, porque las discrepancias resurgen cuando se trata de determinar las responsabilidades por no alcanzar un acuerdo, lo que impide que el órgano de gobierno de la magistratura se ponga a trabajar de manera efectiva, paralizado por la falta de pacto sobre su presidencia. Ambos grupos coinciden en lamentar que esta falta de arranque de su nueva etapa se haga más visible en puertas del inicio del año judicial, en cuya apertura volverá a constatarse lo que la derecha de la magistratura considera como meras dificultades de entendimiento y los vocales progresistas definen como maniobras de bloqueo de los primeros. Los integrantes del grupo conservador proponen al magistrado Pablo Lucas para presidir el Consejo al considerarlo el representante idóneo del sector progresista de la magistratura, aunque este lunes han respaldado a Lamela ante las demandas de los progresistas de que sea una mujer quien presida la institución. Los vocales de la izquierda judicial, en cambio, mantienen a sus tres candidatas, Pilar Teso, Ana Ferrer y Ángeles Huet, por considerar que en esta ocasión corresponde elegir por primera vez en la historia a una magistrada al frente del Poder Judicial.

Para rechazar la propuesta de elección de alguna de estas tres magistradas del Supremo, los conservadores se aferran al argumento de que “no se sienten representados” por ninguna de ellas. Este intento de justificación de lo que consideran como un mero ejercicio de bloqueo ha indignado a los miembros del sector progresista de la judicatura, que se resisten a aceptar los vetos de los conservadores. Esta resistencia a aceptar las imposiciones de la derecha judicial se apoya en la convicción de que el sector conservador está incumpliendo de forma flagrante parte de los acuerdos de procedimiento que permitieron renovar el Consejo del Poder Judicial, aunque ya se ve ahora que de forma incompleta. Dicho pacto suponía que el grupo conservador elegiría entre los candidatos o candidatas propuestos por los progresistas. De este modo se podía entender que la presidencia del Consejo y del Supremo era fruto de la iniciativa de los progresistas, pero por medio de una terna para que los conservadores optaran por uno o una de sus integrantes.

Los vocales progresistas añaden más argumentos que consideran de mucho peso para que los conservadores aceptaran a alguna de las tres magistradas del Supremo que han propuesto para el cargo. Dos de ellas –Pilar Teso y Ángeles Huet– pertenecen a la Sala de lo Contencioso y Ana Ferrer a la de lo Penal, y las tres comparten una dilatada experiencia de ejercicio en la magistratura. Para los progresistas es incomprensible el veto de conjunto a estas propuestas y la insistencia de los conservadores en que la decisión sobre qué candidato de la izquierda judicial resulta más representativo la deben tomar ellos. Las fuentes consultadas subrayan que los progresistas no han sostenido pretensiones de este tipo en situaciones similares precedentes. De entrada, los conservadores han impuesto tradicionalmente su mayoría en el Consejo cuando la han tenido, y la han utilizado para elegir a un presidente de su misma orientación ideológica, mientras ahora se rompe un pacto que había formado parte antes de los consensos básicos para las distintas etapas de la institución.

Por otra parte, las mismas fuentes destacan que en el reciente acuerdo para desatascar las situaciones de bloqueo se evitó utilizar veto alguno en el caso del nombramiento de un magistrado del Constitucional para la sustitución de Alfredo Montoya, del sector conservador. Dichas fuentes subrayan que los progresistas aceptaron la propuesta de nombrar a José María Macías para el cargo, sin pretender que los conservadores les presentaran una terna ni que luego pudieran cambiar a los propuestos por un cuarto candidato ajeno a la iniciativa del grupo proponente.