Cuenta atrás ‘in extremis’ (de nuevo) para salvar el Consejo General del Poder Judicial

Después de cinco años y medio de bloqueo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una situación institucional insólita y absolutamente anómala, parecía que todo estaba resuelto finalmente en junio. El PSOE y el PP llegaron a un acuerdo para renovarlo tras múltiples negativas para hacerlo, durante años, por parte de los populares. Cada partido puso sobre la mesa a 10 vocales y entre los 20 tenían como primera misión decidir el nombramiento del presidente y normalizar el funcionamiento del órgano de gobierno de los jueces tras todos estos años de descrédito. Pero se acerca el día de comienzo del año judicial, el 5 de septiembre, y aún no hay un acuerdo cerrado sobre quién debe ejercer la presidencia. Lo que parecía resuelto está encallando de nuevo a pesar de la imperiosa necesidad democrática de que el CGPJ empiece a funcionar como un órgano constitucional normal.

¿Qué está pasando? En primer lugar, que esta es la primera vez en la historia en la que ese nombramiento se hace de verdad entre los vocales. Desde 1985, cuando se estableció el actual sistema de elección de los miembros del CGPJ, hasta ahora, la presidencia la pactaban los partidos. El PSOE y el PP, fundamentalmente. Llegaban a un acuerdo y los vocales votaban y apoyaban a ese candidato. Sin más. Así ha sido en todas y cada una de las renovaciones del Consejo. Pero esta vez la decisión se ha dejado en manos de los vocales.

Así que, por un lado, es una situación nueva. Y quién sea presidente es clave porque su voto será fundamental en cualquier decisión si los dos sectores, el de sensibilidad más conservadora y el de sensibilidad más progresista, no están de acuerdo en algo. Son 10 y 10, y el del presidente será el que desempate. Además, se trata de una presidencia conjunta del CGPJ y del Tribunal Supremo, con toda la carga institucional, de gestión y de representatividad que ello acarrea.

Lo primero que tuvieron que hacer los actuales vocales tras acceder a sus cargos fue establecer y votar el procedimiento de elección en detalle, porque nunca se había hecho. A partir de ahí, se pusieron sobre la mesa una serie de candidatos —cada vocal podía proponer uno—. De ese pleno salieron siete nombres. Todos ellos, magistrados del Tribunal Supremo. Los vocales del sector progresista pusieron tres sobre la mesa: Pilar Teso y Ángeles Huet, magistradas de la sala de lo Contencioso-Administrativo, y Ana Ferrer, magistrada de la Sala de lo Penal. Los vocales del sector conservador pusieron cuatro: Pablo Lucas y Esperanza Córdoba, magistrados de la sala de lo Contencioso-Administrativo, y Antonio del Moral y Carmen Lamela, de la sala de lo Penal.

Por la configuración actual del Congreso de los Diputados, esta vez la presidencia correspondería a un magistrado o a una magistrada progresista. Y parece que esto es algo que todos asumen, aunque desde el sector conservador matizan que lo que ellos buscan es “la excelencia”. “Si pasa por una candidatura progresista, estamos de acuerdo”, señala un vocal.

Un primer debate en torno a dos nombres

El sector conservador acabó apostándolo todo a un candidato: Pablo Lucas. “Es un magistrado muy prestigioso, de perfil progresista, con un currículo inmejorable”, defienden. De 70 años, Lucas, catedrático de Derecho Constitucional y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, es magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo desde 2001, forma parte de su sala de Gobierno desde 2013 y es el juez que ejerce el control judicial previo sobre el CNI desde 2009.

“Los vocales conservadores asumieron, de forma unilateral, que sí o sí Lucas debía ser el nuevo presidente”, señala uno de los vocales del sector progresista. “Pero una parte no puede decidir por su cuenta quién es el candidato de consenso. Los acuerdos no se hacen así: se construyen, no se imponen”. Y el sector progresista tenía a su propia candidata favorita: Pilar Teso. “Sus méritos técnicos, profesionales y de trayectoria son al menos tan incuestionables como los de Pablo Lucas”, defiende un vocal del sector progresista. Teso, de 64 años, entró en la carrera judicial en 1985, ha pasado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por la Audiencia Nacional, por el Gabinete técnico del Supremo y es magistrada del alto tribunal desde 2008, hace 16 años. El sector progresista, además, defendía que era perfecta como candidata de consenso, que se trata de una persona que nunca había estado adscrita a ninguna asociación judicial y que a lo largo de toda su carrera se ha mantenido alejada de la política partidista. Y quieren que sea una mujer dado que el 57% de la carrera judicial son ya mujeres (el 73% de la última promoción de la Escuela judicial) y que la paridad en la cúpula judicial aún está lejos de conseguirse.

Se hicieron varias votaciones, fueron cayendo los candidatos con menos votos, y al final todo encalló en el duelo Teso-Lucas. Cada uno tenía 10 votos y de ahí no salían. Ninguno alcanzó la mayoría de tres quintos del pleno (12 votos) que exige la ley, así que el proceso empezó de nuevo con los siete candidatos iniciales sobre la mesa.

Tanto Lucas como Teso están en la Sala Tercera del Tribunal Supremo, la de lo Contencioso-Administrativo, la que decide sobre los nombramientos. Y, en los últimos tiempos, han decidido sobre algunos que tienen que ver con el Gobierno. Por ejemplo, el de Dolores Delgado, exministra de Justicia y exfiscal general del Estado, como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Es un nombramiento que corresponde al Gobierno a propuesta del fiscal general de Estado. En mayo, la Sala Tercera anuló el nombramiento y acordó que se pronunciara el Consejo Fiscal sobre si Delgado cumplía o no los requisitos o es incompatible con el cargo porque su marido, Baltasar Garzón, preside una fundación que se dedica a los derechos humanos y la memoria histórica. Pablo Lucas apoyó esta decisión. Pilar Teso elaboró un voto particular en contra. (Finalmente, el Consejo Fiscal aprobó la compatibilidad de Delgado para el cargo). “Pilar Teso es la candidata del Gobierno desde hace tiempo”, aseguran desde el sector conservador. El Ejecutivo lo niega tajantemente.

¿Quién debe hacer la propuesta?

De fondo, otra cuestión: ¿a quién le corresponde proponer al candidato? Teniendo en cuenta las actuales mayorías en el Congreso de los Diputados, el sector progresista considera que lo razonable es que la propuesta provenga de su lado. “Hemos propuesto a tres personas de reconocida solvencia y trayectoria”, señala uno de los vocales progresistas. “Lo lógico sería que fueran ellos los que nos explicaran por qué nuestras candidatas no les parecen idóneas y se negociara desde ahí. Y, además, lo más razonable sería hablar no solo de nombres sino del proyecto de gobierno para todo el mandato”. El sector conservador dice que lo urgente ahora es hablar de nombres y elegir al presidente, y hablar de los currículos de cada uno.

Tras el 10-10 de Teso y Lucas, todos eran conscientes de que era necesario negociar. Se formó un equipo en cada lado para intentar llegar a un acuerdo y evitar que el CGPJ se suma en el descrédito de nuevo; que se llegue a la solemne apertura del año judicial, presidida por el Rey, con un presidente en funciones y un primer fracaso del nuevo órgano, ese que tenía como principal misión devolverle el prestigio perdido.

¿Cómo se sale de este atolladero? Los progresistas tienen dos candidatas más: Ana Ferrer y Ángeles Huet. Ferrer tiene una larguísima y amplia trayectoria como magistrada —fue la primera mujer en formar parte de la sala de lo Penal del Supremo—. Está adscrita a Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD), lo que para algunos miembros del sector conservador es un problema. “Ana Ferrer ha estado muy vinculada siempre al sector oficial de JJpD, está muy marcada ideológicamente”, señala un vocal. “Creemos que hace falta alguien más neutral e independiente que nos represente a todos”. Desde el sector progresista aseguran que Ferrer ha mantenido siempre una contrastada y absoluta independencia de los partidos, que defendió que debía anularse la condena por malversación del expresidente socialista andaluz José Antonio Griñán, pero que también estaba en el tribunal del procés presidido por Manuel Marchena que apoyó una sentencia que no era la que deseaba el Gobierno socialista.“Es alguien que ha decidido siempre lo que ha querido, exclusivamente según sus consideraciones jurídicas”, afirman.

¿Se pueden abrir las candidaturas más allá de los siete nombres actuales? “Esto supondría no asumir las normas que nosotros mismos aprobamos para hacer este nombramiento, que era ceñirnos a los candidatos que elegimos en primera instancia, y podría implicar problemas de legalidad”, señalan desde el sector progresista.

En todo caso, y al menos, la relación entre los dos sectores por el momento es muy buena. Los vocales consultados aprecian las formas impecables que se han mantenido tanto en los plenos como en las negociaciones y confían en poder alcanzar un acuerdo. Todos son conscientes del abismo que supone no pactar. Pero no les quedan muchos días. El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ debe prestar juramento o promesa ante el Rey. Y la cita en Zarzuela es el miércoles 4 de septiembre. Si quieren salvar la honra del órgano, la suya propia y no llegar a la apertura del año judicial sin presidente, las horas para negociar están contadas. De nuevo, el CGPJ se negocia in extremis.