El largo horizonte penitenciario de Daniel Sancho en Tailandia tras su condena por el crimen de Edwin Arrieta

Darling Arrieta intentó pasar la noche del miércoles tranquila. Se dijo: “Señor, estamos en tus manos”. De las 20.30 a las 23.30 durmió. A esa hora, según ha relatado, comenzó a sonar su celular. Su abogada, Adriana Behaine, le dio una noticia que llevaba más de un año esperando. Daniel Sancho había sido condenado a cadena perpetua por el asesinato premeditado de su hermano, el cirujano colombiano Edwin Arrieta, y su posterior descuartizamiento el 2 de agosto del año pasado en la isla tailandensa de Ko Pangan. “Tuve sentimientos encontrados. Lo primero que hice fue darle gracias a Dios porque no nos abandonó. Lloré porque la muerte de mi hermano no quedó impune, porque mis papás van a tener un poquito de tranquilidad en medio de tanto dolor y porque mi hermano ya puede descansar en paz”.

La hermana de Arrieta, que trabajaba con su hermano en su consulta médica y tras su muerte también ha perdido su sustento económico, al igual que sus padres, recordaba a su familiar el jueves por la noche sentada en un sofá blanco, mientras intervenía en un especial de Telecinco sobre este suceso. Desde Colombia contó que en este tiempo siente haber vivido “una pesadilla”. “Tuvo una muerte tan horrible. Una muerte que nos ha marcado para toda la vida”.

A 17.000 kilómetros de Colombia, en la isla tailandesa de Samui, el tribunal provincial que ha juzgado al español cerró la puerta con llave a las 10.00 del jueves para leer la sentencia. El acusado y los abogados de la defensa escucharon la decisión puestos en pie. El condenado, de 30 años, chef en ciernes y relaciones públicas en el momento del crimen, apenas era conocido en España hace un año a pesar de que era el hijo del actor Rodolfo Sancho y nieto de Sancho Gracia. El juez del caso les explicó que se había rebajado la condena de pena de muerte a cadena perpetua por la “colaboración beneficiosa” que Daniel Sancho prestó durante la investigación. El tribunal le ha considerado culpable del asesinato premeditado de la víctima, el descuartizamiento y ocultación del cadáver y la destrucción de su pasaporte. También le ha condenado a indemnizar con unos 107.000 euros a la familia del fallecido. La resolución judicial, contra la que cabe recurso, ha ratificado la investigación policial y los delitos por los que acusaba la fiscalía.

“Se le han caído las lágrimas”, contó el penalista Marcos García-Montes, que viajó a Tailandia, sobre el momento en el que Sancho se despidió de sus padres en el tribunal. “Lo más importante que ha dicho el juez es que ahora no es un preso condenado [en firme], es un preso preventivo y tiene derecho a recursos”, añadía García-Montes. Acababa de cerrarse un capítulo y abrirse otro sobre el largo horizonte penitenciario de Daniel Sancho en Tailandia. A falta de tener una copia de la sentencia, ya trabaja en un guion para preparar su apelación. “Sigo creyendo en la justicia tailandesa. Hay que creer y aquí estamos”, insistió García-Montes. La familia Arrieta no se plantea recurrir, según el letrado Juan Gonzalo Ospina.

Cambio de prisión

La primera consecuencia de la sentencia, de la que todavía no se conoce la letra pequeña, ha sido el traslado de Daniel Sancho desde la prisión de Samui, con apenas 400 internos y considerada “amable” dentro del sistema penitenciario tailandés, a la de Surat Tani, situada en la misma provincia, pero en la parte continental del país, a unos 100 kilómetros de la isla y a unos 600 kilómetros al sur de Bangkok. El nuevo centro penitenciario tiene unos 5.400 internos y se levantó para combatir el número creciente de reclusos del país, aunque, según varias organizaciones, también padece sobreocupación. En su inauguración, el pasado abril se destacó su sistema de control con tecnología moderna y la buena calidad de vida y atención médica a los internos, según la prensa local. Surat Tani se encuentra en el puesto 11 de las cárceles más pobladas del país, según el informe de 2023 de la Federación Internacional por los Derechos Humanos. Sus reclusos tienen condenas que van desde 15 años de cárcel hasta la pena de muerte, según indica en su página web.

“Mientras esté catalogado como preso preventivo no tendrá muchos problemas”, considera Javier Casado, director de la fundación +34, dedicada a atender a presos españoles en el extranjero, con la excepción de los que tengan delitos de sangre y agresiones sexuales, y conocedor de las prisiones de este país asiático. Esta catalogación permitirá al español permanecer en módulos diferentes de los presos con condenas firmes, donde se expondría a un mayor peligro, y vivir en mejores instalaciones.

Las dos vías de recurso que tiene ahora Sancho son presentar una apelación a la corte de Samui y al Tribunal Supremo. Cuando se agoten esas vías, que suelen tramitarse en un año aproximadamente, según fuentes citadas por Efe, la resolución será firme.

La firmeza de la resolución traería dos consecuencias. La primera, que podría ser trasladado a la peligrosa prisión de Bang Kwang en Bangkok, donde es costumbre que se encuentren los presos extranjeros con penas similares para que sea más accesible el contacto con sus consulados, según explica Casado, que visitó este centro el pasado julio. También podría solicitar un perdón real.

Maha Vajiralongkorn, que reina como Rama X, suele conceder indultos y reducciones de condena en su cumpleaños, cada 28 de julio, o por otras festividades. Artur Segarra, español condenado a pena de muerte en 2017 por asesinato premeditado, redujo su castigo a cadena perpetua en 2020 gracias a uno de estos perdones. Para ello debe haber abonado la indemnización a la familia y pedir perdón por el daño causado. Esta clemencia real, que tramita el Ministerio de Justicia tailandés, podría permitir, en el caso de Sancho, que la cadena perpetua cambiara por una pena tasada por el departamento de Justicia, y entonces resultaría más factible la posibilidad de seguir cumpliendo condena en una cárcel española, explica Casado.

España y Tailandia firmaron un acuerdo bilateral en 1983 que permite que los españoles puedan terminar de cumplir la condena en su país de origen siempre que la sentencia sea firme, que no tenga otro procedimiento abierto en Tailandia, y se haya cumplido en prisión el tiempo mínimo establecido por la justicia tailandesa. Ese mínimo, que depende de cada caso, es de ocho años para los de cadena perpetua, según la normativa tailandesa. La práctica ha demostrado que la cadena perpetua complica el proceso y hace aconsejable que se cambie por otra en la que se fije una fecha concreta de finalización.

Hasta finales de 2023, había 940 españoles encarcelados en el extranjero (823 hombres y 117 mujeres), según datos del Ministerio de Exteriores. Los países con mayor número de detenidos son Francia, Alemania y Marruecos y los delitos más frecuentes, en torno al 50%, están relacionados con el pequeño tráfico de drogas. El Gobierno español inició el año pasado 55 expedientes de traslado de personas condenadas y fueron trasladadas 82 personas a España, la mayor parte desde países de América del Sur y de la UE.

Ospina, el letrado de la familia Arrieta, explicó que los allegados de la víctima confían en que la cadena perpetua “haga reflexionar” a Sancho y que no se opondrán a que cumpla la pena en España. “Han pasado casi 13 meses y no hemos recibido un perdón”, reclamaba Darling Arrieta, mientras sostenía un rosario enrollado en su mano derecha.