Más del 60% de las multas de la ‘ley mordaza’ están vinculadas al consumo o la posesión de drogas

Desde la entrada en vigor de la ley mordaza en marzo de 2015, las sanciones impuestas a raíz de su aplicación ascienden a 1.292 millones de euros. La cifra equivale, por ejemplo, a la partida destinada a investigación científica en los Presupuestos Generales del Estado del año pasado. El 65% de la recaudación (839 millones de euros) corresponde a delitos relacionados con el consumo o la posesión de drogas. Le siguen las multas relativas a las infracciones de seguridad ciudadana (328 millones de euros, el 25,4% del total); y las relacionadas con tenencia de armas y explosivos (124 millones, el 9,6%), según el Ministerio del Interior. Esas cantidades, que no incluyen las infracciones cometidas en Cataluña, País Vasco y Navarra, plantea el debate sobre el carácter punitivo de una ley cuya derogación o modificación volverá a estar sobre la mesa en los próximos meses, después de varios intentos frustrados por la falta de consenso entre los socios de Gobierno.

Esta recaudación es un reflejo del total de sanciones por cada tipo de infracción. Los datos de Interior indican que, de las 2.155.990 multas vinculadas a la ley mordaza, el 61% tienen que ver con el uso, el cultivo, el tráfico o la posesión de drogas. La amplia mayoría corresponden al artículo 36.16, que se refiere al consumo o la tenencia de estupefacientes, muy por encima de las infracciones por la plantación y cultivo (2.509), por el traslado de personas para facilitar el acceso a sustancias tóxicas (842) o por permitir su consumo en el interior de establecimientos públicos (743). La ley considera graves todas estas infracciones, por lo que impone multas de entre 601 y 30.000 euros, en función del caso.

Si se toma como referencia el cannabis, la sustancia más consumida en España, el informe más reciente del Observatorio Europeo de las Drogas (que se elabora con datos de 2022 aportados por los gobiernos de cada país) refleja que ningún otro Estado ha impuesto tantas sanciones administrativas por su uso (pese a ocupar el cuarto puesto en cuanto al consumo de esta sustancia por detrás de Chequia, Italia y Francia). En España, cualquier acto de consumo en lugares o establecimientos públicos equivale a una multa de, mínimo, 600 euros, lo que ha llevado a varias organizaciones sociales a tildarla de abusiva con los ciudadanos.

La Confederación española de Federaciones Cannábicas (CONFAC), es una de las más de cien entidades de diversa índole que integran la plataforma No somos delito, desde la que se exige la derogación de la ley mordaza. Su portavoz, Ana Afuera, sostiene que se debería apostar por una legislación más pedagógica y que abogue por la responsabilidad individual en lugar por las medidas punitivas. “Una referencia podría ser Alemania, donde apuestan por no criminalizar o estigmatizar. Registrar a alguien en la calle porque lleva una china de hachís es desproporcional. En Alemania puedes cultivar, poseer unos gramos y se permite el consumo en público, pero de forma tasada. Por ejemplo, no puedes consumir al lado de un colegio o en lugares donde haya niños, pero sí puedes hacerlo donde no molestes. Es una legislación propia de una sociedad madura”, argumenta.

La portavoz considera que España debería regular el consumo del cannabis, aunque cree que su comercialización debe ser “responsable, ecológica” y con “criterios éticos”. “En lugar de regular, lo que estamos viendo es que el Estado saca partido a través de las multas en lo que se ha convertido en una especie de impuesto encubierto”, explica. La portavoz es pesimista con posibles cambios en la ley en cuanto al uso del cannabis. Si bien el último intento para modificar la norma fracasó en la pasada legislatura por las discrepancias entre los socios de Gobierno en lo referente a la utilización de pelotas de goma o las devoluciones en caliente, fuentes de Izquierda Unida explican que hay “bastante consenso” entre el PSOE y Sumar respecto a la modificación del artículo 36.16, con el objetivo de encontrar una fórmula menos punitiva para las infracciones por consumo o tenencia de sustancias como el cannabis.

Andalucía, a la cabeza

Sin olvidar que estos datos no recogen las multas recaudadas en el País Vasco, Navarra y Cataluña —donde los cuerpos de seguridad autonómicos tramitan sus propias sanciones—, hay diferencias entre territorios. Desde la entrada en vigor de la ley en 2015 y hasta finales de 2023, el total recaudado en Andalucía (318 millones de euros), es casi cinco veces mayor a la segunda comunidad autónoma en la lista, Comunidad Valenciana, donde se recaudaron 85 millones.

Estas estadísticas sitúan a Canarias (79 millones) como tercera autonomía donde más se ha recaudado, por delante de Castilla-La Mancha (62 millones), Castilla y León (55 millones) y Galicia (51 millones). En el sentido opuesto, Murcia (10 millones), La Rioja (13 millones), Cantabria (13 millones) y Asturias (13.766.271) son las comunidades que suman menos dinero acumulan al ejecutar este tipo de sanciones.

Otras incidencias

El resto de multas corresponden a infracciones relacionadas con la desobediencia ciudadana, que suman 636.738 (30%), y en menor medida, con la tenencia de armas y explosivos 205.366 (9%). La mayoría tienen que ver con los artículos 36.6 y 36.7, de resistencia, desobediencia o falta de respeto a la autoridad. Diferentes partidos políticos y asociaciones exigen la derogación de estos artículos al considerar que las autoridades pueden abusar de este tipo de multas en detrimento de la libertad de expresión o protesta.

El portavoz de Amnistía Internacional, Carlos Escaño, califica de “urgente” la derogación de la ley. “Se trata de un compromiso político que el actual Gobierno adquirió en la moción de censura de 2018. Esta pasividad compromete el futuro, porque del mismo modo que los derechos de hoy son el fruto de las protestas de ayer, los derechos de mañana dependen de las protestas de hoy”, afirma Escaño, que lamenta que se han impuesto 300.000 sanciones por falta de respeto a la autoridad. “Así es imposible tener una sociedad civil movilizada y activa a la hora de luchar contra los problemas sociales actuales como, por ejemplo, la vivienda”, apunta.

El caso de Cataluña

En Cataluña, la aplicación de la ley mordaza ha despertado una reciente polémica. En septiembre del pasado año, se modificó el sistema para que las multas pasasen a ser tramitadas por la conserjería de Interior, en lugar de la propia Policía. La Generalitat alegó que se proponía paliar algunos efectos de la ley y evitar que los agentes pudieran multar a manifestantes o activistas indiscriminadamente. Sin embargo, el sindicato mayoritario de Policía (SAP-FEPOL) y el de los Mossos d’Esquadra (SME-FEPOL), emitieron dos comunicados la pasada semana para denunciar la pasividad y la falta de eficacia a la hora de aplicar estas multas. En concreto, denuncian que desde que las sanciones dependen de Interior, han caducado el 81% de los expedientes incoados, casi cuatro veces por encima de cuando dependían de la policía autonómica (con un 23% de expedientes prescritos).