La Junta limita en los juzgados su promesa de reclamar todo el dinero defraudado en los ERE

Ante el nuevo escenario creado por las sentencias del Tribunal Constitucional que conceden amparo total o parcial a los ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía condenados por malversación en la pieza política de los ERE, el actual Gobierno del PP ha apelado al dinero defraudado —”robado”, según dijo el lunes el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz—. El monto total de las ayudas repartidas con un procedimiento fraudulento fue de 680 millones de euros, de acuerdo con la sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial de Sevilla, y el PP alude a esa cifra para insistir en que “este fue el mayor caso de corrupción de la historia de España”. El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, y sus consejeros remarcan que el propósito de su Gobierno es recuperar “hasta el último euro”. Pero la realidad dista de esa afirmación.

“Si, como consecuencia de esa sentencia [del Constitucional], ahora no se puede recuperar el dinero, eso es muy grave”, ha afirmado Sanz. Sin embargo, esa recuperación ya se está viendo condicionada en algunas de las piezas separadas del caso, porque en ellas, paradójicamente, la responsabilidad civil que está exigiendo la administración andaluza, la principal perjudicada por el reparto irregular de los fondos sociolaborales, es inferior a la que reclama la Fiscalía.

En 2016, aún con Gobierno del PSOE, la Junta renunció a exigir responsabilidades civiles a los ex altos cargos enjuiciados en la pieza política de los ERE, reservándose ese derecho para las piezas separadas en las que se juzgaba cada reparto concreto de las ayudas. De esta manera, la Fiscalía no pudo reclamar fianzas a los exdirigentes del Gobierno autonómico puesto que, como perjudicada en el desvío de esos fondos, la administración era la única legitimada para hacerlo.

La Audiencia Provincial de Sevilla hizo una excepción a esta premisa en la primera pieza separada en que se dictaba sentencia: la causa por las ayudas de 2,9 millones de euros a la conservera sevillana Aceitunas y Conservas (Acyco). La Fiscalía reclamaba a los condenados ese monto total, y la Junta pedía únicamente 530.670 euros. El tribunal se decantó por la propuesta de la Fiscalía con este argumento: “En este caso, el bien jurídico tutelado por el delito es el conjunto de la sociedad en cuanto que perjudicada”. Y añadió: “El interés de la población no puede quedar condicionado a los criterios más o menos acertados e incluso partidistas de las personas que en cada momento integran las instituciones”.

Sin embargo, con posterioridad, este tribunal ha mantenido el criterio de rebajar la cantidad impuesta en concepto de responsabilidad civil en los casos en los que la Junta, como acusación particular y “titular del derecho subjetivo primariamente perjudicado”, ha exigido un montante inferior al de la Fiscalía. Y eso ha ocurrido en varias ocasiones. Los servicios jurídicos de Verdes Equo Andalucía han detectado más de una decena de causas relacionadas con los ERE en las que se da esa situación: la administración reclama menos dinero que el Ministerio Público a los condenados, y eso hace que estos acaben devolviendo una cifra más baja de la que podrían haber tenido que afrontar.

Destacan entre esas causas el procedimiento contra Egmasa, la extinta Empresa de Gestión Medioambiental de la Junta, en el que la Fiscalía pide 125.653 euros y la Junta 56.019 euros. “La Fiscalía no puede solicitar una suma superior o, si lo hace, el tribunal no puede concederla”, se lee en el fallo, . En la causa contra Novo Comlink, el Ministerio Fiscal interesa responsabilidad civil subsidiaria por cuantía de 31,1 millones, mientras que la Junta pide 495.251 euros. Ante la enorme discrepancia de las cantidades exigidas entre ambas instituciones, la Audiencia acuerda reducir la responsabilidad a la cantidad solicitada por la Junta. Igual argumentación sigue el tribunal respecto a uno de los acusados en el procedimiento contra CC OO Industria, al que la Fiscalía le exigía 861.536 euros y la Junta 208.836.

En todos esos casos, por tanto, la Junta, gobernada por el PP, está renunciando a ingresar cantidades más altas del dinero defraudado, a pesar de que según el presidente Moreno esa es una prioridad. EL PAÍS ha intentado recabar del Ejecutivo autonómico una explicación a esta estrategia judicial aparentemente contradictoria con su discurso político, pero no ha recibido respuesta.

“Moreno nos oculta un gran engaño: mientras se muestra muy indignado ante la prensa, criticando al Tribunal Constitucional y diciendo que le duele cada euro robado a los andaluces, en los juzgados la historia es otra”, sostiene Mar González, coportavoz de Verdes Equo en Andalucía. Además, añade, “en muchos de los casos de los ERE que ya están listos para juicio, la Junta no está acusando ni reclamando responsabilidades civiles. Y los juzgados no pueden afianzar la responsabilidad civil que solicita el Ministerio Fiscal porque la Junta está diciendo que no le deben nada”.

Renuncia a ejercer la acusación popular

En varias de las causas recurridas, la Junta de Andalucía renuncia a ejercer la acusación particular al no haber “intrusos” (personas o entidades que no cumplían con los requisitos para percibir las ayudas sociolaborales de los ERE). Y los recurrentes arguyen que, si la Junta no exige responsabilidad civil, el tribunal no puede reconocer la reclamación de la Fiscalía, un argumento que, como en los casos anteriores, asume la Audiencia, revocando reclamaciones de hasta 6,3 millones (en la causa contra Yogures Andaluces) u 8,8 millones (en la de TAMC SLL y Mac Puar Aeronáutica), . “La Junta expresamente solicita el sobreseimiento respecto de todas las personas encausadas, por estimar que no han cometido ilícito alguno en la causa en la que se sigue la pieza separada, por lo que, si no existe delito atribuible a quienes deben ser enjuiciados, tampoco cabe la exigencia de responsabilidad civil”, razona el tribunal en el caso de Yogures Andaluces.

En las piezas que ha analizado Verdes Equo, el PP sí está personado como acusación popular, pero no reclama responsabilidad civil. “Esto es un grave escándalo. O no están haciendo bien su trabajo o es que sobredimensionaron el caso por interés partidista. Exigimos una explicación urgente. El PP no trabaja para recuperar el dinero defraudado y parece que el caso de los ERE solo les interesa si les sirve para socavar nuestras instituciones y hacer demagogia partidista”, sostiene González. Fuentes del PP sostienen que no es necesario reclamar siempre responsabilidad civil porque esta es automática cuando hay una condena penal.

El juez que instruye los casos de los ERE aún pendientes también ha reprochado a la Junta que, con su estrategia de pedir el archivo de las causas en las que no hay intrusos, está renunciando a percibir las cantidades extraviadas, una circunstancia que obligó al magistrado a imponer unas fianzas muy bajas.

Más allá de las discrepancias en las cuantías que obligan a la Audiencia a revisar a la baja las cantidades exigidas en concepto de responsabilidad civil, cobrarlas es complicado porque muchos de los condenados se han declarado insolventes y la mayoría de las empresas que deberían responder de manera subsidiaria han dejado de existir. Desde el Gobierno andaluz se reconoce la dificultad de recuperar los 680 millones defraudados. El presidente Moreno afirmó, en el debate sobre el estado de la comunidad de finales de junio, que la administración ya había ingresado más de 27 millones, que las sentencias firmes y el Tribunal de Cuentas habían reconocido la devolución de otros 62 millones y que la Junta estaba personada en “decenas” de casos en los que reclama 135 millones de euros más.