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PSOE y Sumar acuerdan derogar los delitos contra la Corona y la “reparación” tras el archivo de causas judiciales

Yolanda Díaz anuncia un pacto sobre la ley mordaza y el fin de las subvenciones públicas para “pseudoperiodistas” que vulneren los códigos deontológicos dentro del paquete de regeneración democrática del Gobierno

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, en Madrid la semana pasada.Foto: FERNANDO ALVARADO (EFE) | Vídeo: EPV

Las conversaciones entre los socios de Gobierno continúan, pero Sumar ha anunciado en la mañana de este martes los primeros acuerdos con el PSOE para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana y el Código Penal en materia de libertad de expresión. Entre otros, la modificación deroga los delitos contra la Corona y contempla una “reparación pública” tras el archivo judicial. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, dio el primer titular nada más arrancar el día al comunicar, desde Bruselas, un pacto para “derogar” la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza. En realidad, la modificación se limita a un único artículo, el 36, que afecta a la difusión de imágenes. El pacto, cerrado en las últimas horas, forma parte de las medidas de regeneración democrática que presentará mañana en el Congreso el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez. El acuerdo, según Díaz, incluye también la ley de Publicidad Institucional que privará de financiación pública a aquellos que vulneren los códigos deontológicos en la actividad periodística.

La reforma de la ley mordaza, norma aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015, era una demanda histórica de la formación izquierdista, pero había quedado guardada en un cajón después de que hubiera ya un primer acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos para su modificación la pasada legislatura que se vio finalmente frustrado en marzo de 2023 por la negativa de ERC y EH Bildu. El principal punto de fricción entonces era el uso del material antidisturbios —en particular las pelotas de goma—, por parte de las Fuerzas de Seguridad, para hacer frente a los altercados callejeros. El acuerdo no contempla ningún avance en este supuesto, según ha confirmado el portavoz en materia de Justicia de Sumar, Enrique Santiago, en declaraciones en la Cámara baja. Los cambios en la norma vuelven a necesitar el apoyo de las formaciones nacionalistas a las que hay que sumar ahora a Junts. Ninguno de los grupos conocía el contenido del acuerdo esta mañana.

“La ley mordaza va a ser derogada, acabamos de cerrarlo con el PSOE”, había adelantado Díaz en Bruselas, donde participa este martes en el Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (EPSCO). Fuentes de Sumar han precisado más tarde que el pacto supone “el inicio” de esa derogación y engloba en “leyes mordaza”, en plural, a la norma sobre Seguridad Ciudadana y artículos del Código Penal que “limitan”, señalan, la libertad de expresión.

En la primera norma el cambio implica que el delito de difundir imágenes debe ser “constatable”. “La situación de peligro o riesgo cierto generado deberá ser constatable y reflejarse motivadamente en el acta o en la denuncia, y con el mayor detalle que sea posible. No constituirá infracción la mera toma de imágenes en lugares de tránsito público y manifestaciones, o su mera difusión”, reza la propuesta para modificar el artículo 36.

En cuanto al Código Penal, se acuerda suprimir el delito contra los sentimientos religiosos o de escarnio público, reflejado en el artículo 525; también la derogación de los delitos contra la Corona, recogidos en los artículos 490.3 y 491 (los que sirvieron para condenar a los humoristas de la revista el Jueves); y de las injurias al Gobierno de la Nación, al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Constitucional y al Ejército recogidos en el 504.

El pacto con el PSOE incluye un último apartado relativo a la modificación de la ley Orgánica 1/1982 de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen para incluir una “reparación pública “en los supuestos de “interminables instrucciones judiciales cuando no se produzca apertura del juicio oral pero se publiquen innumerables titulares afectando al honor o al buen nombre de la persona investigada”.

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Las negociaciones entre los socios de Gobierno se han venido desarrollando con discreción en las últimas semanas. Por parte del PSOE participaban en esas conversaciones la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y el ministro de Justicia, Félix Bolaños. En Sumar, llevaban el diálogo el Ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y el diputado de Izquierda Unida, Enrique Santiago.

El propio Urtasun, en rueda de prensa, expresó el lunes, horas antes de que se alcanzase el acuerdo, el deseo de su formación de que el plan que anuncie Sánchez el miércoles se conforme con la mayor “ambición posible”, aunque matizó que este será únicamente “un primer paquete”, abriendo la puerta a nuevos anuncios después del verano.

Entre las demandas de Sumar, se encuentra también una reforma para la democratización del acceso a la carrera judicial, con el fin de que los jueces “se parezcan más a la España real”, en palabras de sus portavoces; la limitación de los oligopolios mediáticos; la implementación de la ley de secreto profesional de periodistas; o una reforma de las competencias del CGPJ, entre otras cuestiones.


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