La precariedad sigue quemando a los bomberos de Castilla y León

El tiempo cronológico y el meteorológico han desgastado, pero no eliminado, las pintadas en la carretera rumbo a Villardeciervos (Zamora). “Bienvenidos a la gestión de la Junta de Castilla y León. Gracias, bomberos”, se lee en letras blancas. Al lado, unos chorretones de brea tapan este otro mensaje: “José Ángel Arranz [Director General de Política Forestal] dimisión”. De fondo, el verde amaga con resucitar en la sierra de la Culebra, doblemente quemada en 2022 y ahora desnuda de árboles. Aquellos incendios abrasaron casi 60.000 hectáreas (el 6% de la provincia) y se cobraron cuatro vidas.

La resignación popular, aliñada con promesas de la Junta, contrasta con la actitud de los reivindicativos bomberos: perdieron a su compañero Daniel Gullón aquel 17 de julio de 2022 y pelean en su honor y en el de los 4.705 componentes del operativo. La precariedad persiste, remarcan, entre compromisos autonómicos que, según ellos, no se traducen en nada. La consejería de Medio Ambiente asegura que ha hecho mejoras, los profesionales lo niegan.

Los bomberos de Zamora se muestran reticentes a hablar o aparecer en fotografías, ante el miedo a que eso redunde en represalias laborales. La nueva legislación obliga a que las empresas contraten de forma indefinida a quienes lleven un año y medio encadenando contratos temporales. Si una empresa nueva gana el concurso público de la Junta, tendrá que decidir qué personal anterior se queda y a quién desplaza, de ahí que muchos teman represalias de los jefes de comarca, a quien mejor no molestar.

La Junta de Castilla y León pactó en septiembre de 2022 con los sindicatos y la patronal un aumento presupuestario para el contingente antiincendios. Aquel año, el de los dos grandes fuegos, se invertían 65 millones de euros anuales. La cifra ascendió a 88 millones en 2023, que serán 126 millones en 2025. Pese a ello, las cuadrillas insisten en la escasez de medios y sostienen que hay recortes en personal.

Hay algunos fondos más, pero mal utilizados, según los retenes: compraron desbrozadoras “más de jardín que de monte” y aumentó ligeramente el personal contratado, aunque sin capacidad suficiente para una prevención óptima. Ellos se buscan la vida: el 6 de julio colocaron un tenderete en una feria organizada por La Culebra No Se Calla, una asociación reivindicativa, para vender llaveros y baratijas personalizadas de la plataforma Bomberos Forestales En Lucha. Con los ingresos comprarán material deportivo. Lucas Ferrero, de la agrupación crítica, suspira ante la dejadez social: “La gente pasa o se le olvidó, las hierbas están altas, las carreteras sin arreglar y la Junta parada”.

Este año, Soria ha sufrido un “peligro extremo” de incendio, pues no ha llovido tanto como en el resto del territorio, según Medio Ambiente. La provincia, más extensa que el País Vasco, ha vivido semanas de junio y julio sin el helicóptero del dispositivo. “En tres bases hemos estado sin helicópteros, en Soria apuran porque suele haber pocos incendios forestales”, aseguraba un brigadista hace semanas; al consultarle recientemente, comunica que ha llegado el aparato “pero sigue inoperativo por combustible contaminado, y el piloto dice que no vuela con la chapuza de tanque de combustible que hay”. El día antes de esa conversación hubo un fuego en El Burgo de Osma y acudió la helitransportada de Segovia. Muchas hectáreas del monte soriano pertenecen a los pueblos, que tienen una gran cultura de cuidado del bosque para aprovechar la madera o las setas. Esa prevención general la aprovecha la Administración, según los bomberos, para exprimir recursos: “No es normal a estas alturas del año no tenerlo todo listo”.

El coordinador de la Dirección General de Política Forestal de la Junta, Javier Ezquerra, defiende el “proceso de transformación integral” del contingente. Insiste en que se ha cumplido lo pactado en el Diálogo Social en 2022, y evita polemizar. “Cada uno estará contento o no con sus condiciones laborales, es legítimo. Pero no estamos ni mucho menos en la situación de hace unos años”, sostiene.

La catástrofe de 2022, resopla Román García, de 52 años y 18 de experiencia, no supuso cambios: “Estamos igual o peor”, asevera. El guarda forestal recita recortes como “la amortización de 100 plazas de peón de montes en varias provincias”, puestos vacantes de 12 meses de duración en cuadrillas públicas, interesantes para fijos discontinuos con menor temporalidad pero no ofrecidos por Medio Ambiente: “Esas plazas van a desaparecer”. “Vamos camino de la privatización y del desmantelamiento de lo público”, augura García, pues plazas como esas se sustituyen con contratos privados, “con peores condiciones y formación, menor estabilidad y más precariedad”. Muchas se cubren con inmigrantes, desesperados por trabajar pero que apenas hablan castellano y acarrean riesgo.

El bombero lamenta la inversión de 7,6 millones de euros en cinco brigadas con autobomba a cargo de una adjudicataria privada, pues, según él, “es un derroche que no sale a cuenta”: con ese dinero “podrían renovar buena parte de la flota pública”. “Cuando acabe la licitación, la empresa se los llevará”, subraya. El sector sigue esperando un homenaje, o unas disculpas, tras morir Daniel Gullón en los incendios de 2022: “Tenemos esa losa y ni han aprendido de los errores”, dice un bombero.

Una trabajadora de Segovia, que pide anonimato, atiende por teléfono desde un puesto de vigilancia. Antes había 23 torres como esa pero se han quedado en 13 más siete “casetas provisionales”, muchas sin altura ni ubicación estratégica. Las que cerraron lo hicieron por prevención de riesgos laborales, pues los efectivos debían trepar “escaleras de 22 metros con los peldaños desgastados”, entre otras carencias: “En algunos cubículos no se podía ni abrir un mapa”, sostiene. Los supuestos avances, como la inversión en cámaras de vigilancia, poco aportan en su opinión, pues “no detectan fuegos”. “Hemos comprobado casos de que una persona lo viera y la cámara no, es alarmante el interés por sustituirnos”.

Cuando el delegado provincial de la Junta, José Luis Sanz, afirmó en la SER que “la mayoría de las alertas llegan mediante avisos al 112 de gente viajando con afán de colaboración”, esta trabajadora se indignó. “Eso es lo más alejado de un operativo profesional. Hay gente que llama porque confunde arena levantada por un tractor con humo de un incendio”, dice. La mujer enumera carencias, con “bajas sin cubrir y autobombas sin conductor”. “Es una tremenda chapuza. Castilla y León está a la cola del país con diferencia”, sostiene.