El Congreso aprueba la readmisión en la Guardia Civil de cuatro sindicalistas expulsados hace 27 años

Fin a 27 años de espera. El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la readmisión de cuatro agentes de la Guardia Civil que fueron expulsados en 1997 por promover el clandestino Sindicato Unificado de la Guardia Civil (SUGC). La medida ha salido adelante después de que, a iniciativa de Sumar, se incorporara una disposición adicional al proyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa que se ha aprobado en el pleno de la Cámara baja con 178 votos a favor, 170 abstenciones y ninguno en contra. El texto debe ir ahora al Senado para ser ratificado antes de entrar en vigor.

Los agentes que se verán beneficiados de la norma son el sargento primero José Morata Gargallo, el cabo Manuel Rosa Recuerda, y los guardias José Carlos Piñeiro González y Manuel Linde Falero, este último ya fallecido, todos ellos expulsados del instituto armado al considerar que su implicación en las actividades del SUGC, creado en mayo de 1986, supuso entonces una conducta grave contraria a la disciplina militar. Morata, que ahora tiene 70 años y ha asistido al pleno en el que se ha aprobado la medida, asegura en conversación telefónica con EL PAÍS que “lo más importante” es que ahora podrá volver a decir que es guardia civil: “Siempre he considerado que lo era, y estaba orgulloso de ello, pero no podía decirlo”. Él fue detenido en junio de 1990 y permaneció encarcelado durante 19 días acusado de ser el secretario nacional del SUGC.

En su intervención ante el pleno, el portavoz del Grupo Parlamentario de Sumar y de Izquierda Unida en temas de Justicia, Enrique Santiago ha defendido una medida que “reconoce y repara a todos los guardias civiles, a sus esposas y a sus familiares, que se sacrificaron por la defensa de los valores y derechos democráticos. La expulsión de cuatro de ellos del Cuerpo fue una sanción injusta, que no debió imponerse ni mantenerse hasta hoy”, ha añadido.

La medida, que era una histórica reclamación de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil y, en especial, de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC, heredera de aquel SUGC), tendrá en realidad efectos prácticos muy limitados. De hecho, los tres agentes aún vivos pasarán, por la edad, a la situación de retiro y no se reincorporarán, por tanto, a ningún puesto en el instituto armado. Tampoco cobrarán las nóminas que les hubiera correspondido durante estos 27 años, aunque la medida sí afectará al cálculo de las pensiones que reciben en la actualidad. La disposición señala que los agentes y, en el caso del agente ya fallecido, sus familiares tendrán “un plazo máximo de dos meses desde la entrada en vigor de la norma” para solicitar su rehabilitación. Esta incluirá el reconocimiento del empleo “que les hubiera correspondido por antigüedad” de no haber sido expulsados. En el caso de Morata, que era sargento primero cuando fue expulsado, ascenderá ahora a subteniente, según señala él mismo.

El SUGC al que pertenecían los cuatro guardias civiles ahora rehabilitados protagonizó a finales de los años 80 y principios de los 90 ruedas de prensa en las que participaban agentes con tricornio encapuchados en las que reivindicaban mejoras laborales y la desmilitarización de la institución. Cerca de 40 de sus integrantes fueron detenidos aquellos años y muchos ingresaron en prisiones militares acusados de sedición, aunque finalmente la justicia sobreseyó las causas contra ellos. De los expedientes disciplinarios que abrió en paralelo el Ministerio del Interior, se archivaron la mayoría por defectos formales y, de los que prosperaron, solo los de estos cuatro agentes concluyeron con la expulsión del cuerpo. En la actualidad, la ley aún prohíbe a los guardias civiles el derecho de sindicación ―del que están privados, entre otros, también los militares y los jueces―, pero desde 2007 tienen reconocido el derecho de asociación con fines profesionales.

Es la cuarta vez que el Congreso aborda la situación de los agentes, aunque en las tres anteriores ―en los años 2009, 2013 y 2017― las iniciativas que se plantearon fueron sendas proposiciones no de ley que no se materializaron posteriormente en ninguna medida legislativa. En 2021, el Consejo de la Guardia Civil (un órgano colegiado de carácter consultivo integrado de forma paritaria por los representantes de las asociaciones profesionales de los agentes y la administración) también aprobó un texto en el que se hacía “una mención para los guardias civiles que, desde finales de los años 70 y hasta principios de los 90, propiciaron que hoy el ejercicio de este derecho [de asociación] sea una evidente mejoría para el funcionamiento de la Institución”. No obstante, en aquel escrito se dejaba claro que no se pretendía “revisar lo sucedido, ni cuestionar el tratamiento que en aquellos momentos recibieron los hechos que protagonizaron” y que acabaron con su expulsión.

Un año después, Interior planteó incluir una disposición en los mismos términos a la aprobada este jueves en el Congreso en la nueva ley de personal de la Guardia Civil que entonces ultimaba para enviar al parlamento. Sin embargo, la dimisión tres meses después de la entonces directora general de la Guardia Civil, María Gámez, arrumbó aquel proyecto y, con él, la rehabilitación de los agentes sindicalistas. Finalmente, este jueves ha visto la luz.