Gobierno y comunidades del PP van al choque por el reparto obligatorio de menores migrantes

Un mes después de que el reparto de los menores extranjeros no acompañados irrumpiese en la gresca política, los representantes de dos ministerios y del Gobierno de Canarias presentarán este miércoles a las comunidades autónomas su propuesta para imponer por ley la distribución de estos niños y adolescentes por todo el territorio español. La Conferencia Sectorial de Infancia, una reunión que suele pasar desapercibida, acaparará todos los focos en Tenerife. En el segundo punto del orden del día se informará sobre el cambio de la ley de extranjería, la fórmula que el Ejecutivo central y Canarias —sobrepasada con la acogida de casi 6.000 menores migrantes— han acordado para que la distribución de los niños deje de ser voluntaria (e insuficiente), como hasta ahora. Será la primera ocasión para que los representantes de todas las comunidades puedan debatir el texto y, aunque no habrá votación (aun habiéndola, no sería vinculante), la polémica está servida.

La propuesta, trabajada durante meses entre las dos partes, ha acabado generando una tormenta política con discursos difícilmente reconciliables. La medida necesita el voto en el Congreso del PP, que cogobierna en Canarias, sobre todo después de que Junts haya manifestado su intención de descolgarse en este asunto de la mayoría de la investidura, mientras sigue reclamando las competencias migratorias y que Cataluña se quede fuera de un eventual reparto. El discurso del PP, que gobierna en 11 comunidades autónomas, ha escalado posiciones cada vez más radicales. Los populares, por un lado, garantizan solidaridad, siempre que no sea obligatoria. Por otro, han aprovechado para lanzar una enmienda a la totalidad a la política migratoria del Gobierno, llegando incluso a reclamar que la Armada bloquee los cayucos en origen, en línea con el programa de Vox. En su estrategia de boicotear cualquier acuerdo, Vox amenaza con romper sus cinco gobiernos autonómicos con el PP si alguna de estas autonomías acoge a un solo menor, aun de forma voluntaria. Santiago Abascal ha vinculado a los menores migrantes con “la distribución de la inseguridad por toda España” y ha asegurado que su partido no será “cómplice de robos, machetazos y violaciones”.

El texto, que ha vuelto a arrastrar al colectivo más vulnerable al centro de la polémica, pretende añadir a la ley de extranjería la obligatoriedad de acoger menores extranjeros cuando Canarias, Ceuta y Melilla vean sus sistemas de acogida por encima del 150% de su capacidad. Con la situación de colapso actual, las comunidades tendrían 12 meses para asumir a unos 2.500 niños y adolescentes que se encuentran en estas tres comunidades, además de asumir en un plazo de 15 días cada menor nuevo que llegue. El protocolo de reparto se desactiva una vez que el territorio sobrepasado vuelva a estar por debajo de ese 150% de su capacidad.

Fracaso de la solidaridad voluntaria

La particularidad de estos tres territorios es que son los principales puertos de entrada para la inmigración irregular. Los tres dependen de la gestión del Gobierno para trasladar a los adultos en cada repunte migratorio, pero en el caso específico de los menores son las comunidades las competentes de su acogida y la reubicación ha dependido hasta ahora de la buena voluntad del gobierno autonómico de turno. Desde 2018, cuando era Andalucía quien reclamaba solidaridad, se han intentado diversas fórmulas voluntarias. La de mayor consenso se cerró en 2022 y se mantiene hasta hoy con una acogida voluntaria de menores llegados a Canarias y Ceuta. El cupo anual ronda los 400 niños (unos 1.200 en tres años), pero no funciona. Del reparto de 2023, por ejemplo, solo tres comunidades completaron la acogida con la que se comprometieron. Entre Andalucía, Aragón y Asturias sacaron a 62 niños de Ceuta y Canarias, según datos oficiales.

La reunión de este miércoles, de hecho, tendrá que abordar el cupo y la financiación para el reparto de 347 menores correspondientes a 2024, cuya aprobación quedó suspendida en la última conferencia sectorial. Fuentes del PP aseguran que los gobiernos populares sí que están dispuestos a asumir esta cuota que es voluntaria, pero no dar una solución legal que comprometa a todos los ejecutivos autonómicos. Ante el malestar de las comunidades al enterarse por la prensa de que se había sellado el acuerdo del reparto obligatorio, decidió posponerse y una redistribución que ya estaba consensuada vuelve a estar en el aire.

Independientemente de cómo acabe posicionándose el PP en los próximos días, el plan del Ejecutivo es llevar el cambio legislativo al Congreso sí o sí. El escenario en el que se mueve el Ministerio de Política Territorial es presentar la propuesta antes del 15 de julio para que se debata en el pleno del Congreso del día 23, cuando se votaría si se acepta a trámite o no. Superado este paso, el Senado tendría dos meses para devolverla al Congreso para su aprobación definitiva. “Si el PP quiere, se puede terminar en uno o dos meses”, insisten fuentes gubernamentales. El Gobierno canario quiere más rapidez y presiona para que se apruebe en el Consejo de Ministros como decreto ley, que entra en vigor inmediatamente, aunque el Congreso tiene también que convalidarlo y sin el apoyo del PP puede decaer. La situación en Canarias es crítica: miles de niños viven hacinados, sin ir al colegio o sin recibir formación. Al mismo tiempo, falta personal adecuado para atender los centros y se han denunciado casos de malos tratos contra los menores.

La reunión estará presidida por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que contará con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, principal interlocutor con las autoridades canarias en este asunto. Fernando Clavijo, presidente de Canarias, también participará del encuentro. A Tenerife, según fuentes del Ministerio de Juventud, acudirán apenas ocho representantes de comunidades autónomas. Son Andalucía (PP), Canarias (CC-PP), Castilla y León (PP-Vox), Extremadura (PP-Vox), Murcia (PP-Vox), Castilla-La Mancha (PSOE), Navarra (PSOE-Geroa Bai-Contigo Navarra) y Cataluña (ERC, gobierno en funciones). El resto se unirá telemáticamente.

Las comunidades del PP se revuelven contra la obligatoriedad y argumentan que también se encuentran al límite, pero los datos disponibles sobre menores extranjeros no acompañados no sostienen esa reclamación, ya que la diferencia entre territorios es notable. Si se tiene en cuenta el número de niños y adolescentes que han emigrado solos a España y que han sido registrados desde junio de 2023, puede verse que Cantabria, Castilla y León, La Rioja, Galicia, Castilla-La Mancha, Extremadura, Asturias, Aragón y Navarra han recibido cada una menos de un centenar de menores en un año. La comparación de los niños registrados con la población evidencia otro gran desequilibro: mientras Ceuta, Canarias o Melilla recibieron entre 333 y 126 menores por cada 100.000 habitantes, el resto de comunidades está por debajo de los 23 menores por cada 100.000 vecinos.

Las cifras son además un problema en este debate. Además de que no se hacen públicos, el registro de menores que hace la Policía Nacional, la única base de datos centralizada, no ofrece una foto exacta de la situación. El registro apenas refleja la identificación del menor cuando llega a una comunidad autónoma, lo que no significa que el niño siga en esa misma comunidad pasado un tiempo. A diferencia de lo que ocurre en los territorios extrapeninsualeres, en la Península, miles de menores acaban moviéndose por su cuenta por España por otras provincias o a otros países. Con tal descontrol también en estas cifras, las comunidades atacan al Gobierno porque no reflejan el esfuerzo real que han desplegado en la acogida. Es el caso, por ejemplo, de Cataluña, que asegura que acoge a 6.759 niños y adolescentes, una cifra muy distante de la que le reconoce el Gobierno.

El número de menores registrados en cada territorio es relevante porque uno de los criterios que se tendrá en cuenta para las reubicaciones es el esfuerzo de acogida de cada comunidad. El resto de parámetros están relacionados con la renta y el desempleo, la dispersión territorial, una pauta ya consensuada para los repartos voluntarios.

Las comunidades del PP reclamarán más financiación para la acogida en las comunidades que hayan excedido su capacidad. “Con carácter general, los territorios pueden atender hasta el límite de su capacidad. Excederla sería incurrir en un comportamiento inhumano. Para todo lo que vaya más allá de nuestra capacidad máxima de acogida, es el Gobierno el que tiene que procurar los medios”, dijo este martes el portavoz del PP, Borja Sémper. La afirmación tiene trampa porque la “capacidad máxima de acogida” es un concepto muy relativo. Regiones gobernadas por el PP como La Rioja, Extremadura o Galicia, territorios a los que no suele llegar un gran número de menores, no cuentan con la infraestructura necesaria para acogerlos, lo que no significa que no puedan habilitarla. El cambio legislativo implica “recursos suficientes” para cofinanciar la acogida y para la inversión en infraestructuras. Según el PP, las autonomías populares que han excedido su capacidad son “prácticamente todas”.