Fundación Raíces alerta de las limitaciones técnicas del reparto territorial de menores migrantes

A la espera de que en la Conferencia Sectorial de este miércoles se decida sobre el reparto territorial de menores migrantes no acompañados, las asociaciones especializadas en la protección infantil viven este asunto entre la esperanza y la decepción. La Fundación Raíces, organización sin ánimo de lucro especializada en la atención a niños y jóvenes, ha emitido un comunicado este martes alertando de que el mecanismo planteado por el Gobierno “no ofrece las garantías necesarias para que sea viable y eficaz” a la hora de proteger a los menores, y en el que se insta al Ejecutivo a apostar por alternativas como el acogimiento familiar o la apuesta por políticas migratorias aperturistas.

La fundación celebra el “intento de solucionar la situación” por parte de las Administraciones, pero advierte de que el sistema de reparto obligatorio entre comunidades autónomas planteado por el Gobierno esconde ciertas limitaciones. “Constitucionalmente, el modelo se cae. Haría falta una reforma de la Constitución, porque actualmente el reparto de competencias es claro. Este modelo es una gran idea, pero si un gobierno autonómico decide recurrirlo al Tribunal Constitucional, se puede caer”, explica la presidenta de la asociación, Lourdes Reyzábal.

Para este martes se prevé que se alcance un acuerdo respecto sobre el pacto ya alcanzado entre el Gobierno central y el de Canarias para modificar la Ley de Extranjería. La modificación permitiría activar un protocolo de reparto obligatorio de migrantes menores de edad por el resto del territorio, siempre que la ocupación de los centros de menores de una región sobrepase el 150% de su capacidad. Su aprobación definitiva depende de una mayoría simple en el Congreso, donde Vox votará en contra, Junts juega al despiste y todo depende del PP. También es necesario el consenso entre las autonomías, la mayoría gobernadas por los populares.

Además de los aspectos técnicos, desde Fundación Raíces también critican las posibles complicaciones o limitaciones que estos menores pueden encontrar una vez se produzca el reparto, como por ejemplo, la falta de claridad respecto a qué organismo va a tutelarlos, o la ausencia del derecho a la defensa letrada para los migrantes. “Estos niños tienen derecho a ser escuchados, defendidos o asesorados por un profesional. Tanto si es para quedarse en el territorio donde se encuentran, o para ir a otro, este reparto no les garantiza que sean escuchados. Por ejemplo, no puede ser que en Madrid haya unos 130 menores sin tutelar y necesitados de una asistencia jurídica especializada que por ahora solo nuestra formación es capaz de aportar. Tenemos tres abogadas y son muchos casos”.

A pesar de las críticas, Reyzábal esgrime que la alarma suscitada por el colapso de la capacidad asistencial de los centros en Canarias, Ceuta y Melilla, puede ser una buena oportunidad para que “se acaben las excusas y se impulsen las acciones”. “Siempre hemos estado a favor del reparto solidario. Jamás debería ser un problema que haya 12.000 niños con potencial para aportar a nuestra sociedad. El problema es que haya más de 4.000 niños en Canarias mientras en la Rioja no llegan a 20, por ejemplo”, explica.

Para la presidenta, eso sí, el actual encaje constitucional evidencia que el reparto no puede ser obligatorio, por lo que plantea que el Gobierno debería fomentar otro tipo de mecanismos, como el acogimiento solidario entre entidades privadas, o los acogimientos familiares. “El Gobierno lleva años apostando por un modelo de soluciones macro, es decir: se apuesta por acoger a los chicos en cuarteles, carpas, literas, o pabellones, pero esto no garantiza la protección de los menores. Es necesario apostar por alternativas que sí garanticen esa protección y esa integración, porque de lo contrario, estos menores son vulnerables ante las redes de violencia, trata, narcotráfico, etc”.

Sara Collantes, especialista en migraciones de UNICEF, coincide en este sentido, y afirma que a pesar del esfuerzo del gobierno canario, los actuales niveles de saturación hacen “imposible garantizar los derechos de la infancia”. Para ella, “un sistema que está para protegerles, termina generando desprotección”, por lo que considera “absolutamente urgente” llegar a un acuerdo sobre una política de traslados “ágil, eficaz y solidaria” en las circunstancias actuales.

Desde Fundación Raíces se muestran especialmente concernidos por el pacto migratorio europeo y por los discursos del odio que cada vez son más prominentes en el debate político. “La UE no se percata de que que son sus propias políticas migratorias las que provocan que existan las mafias, o que haya miles de personas que tengan que acudir a ellas para huir de sus países”. Para su presidenta, lo que ha hecho Europa con los ciudadanos ucranios tras la invasión rusa, es un “ejemplo perfecto de una apuesta por la migración segura y legal”, algo que debería ampliarse a todos los migrantes que decidan abandonar sus territorios de origen. “Nadie quiere migrar ilegalmente en un cayuco arriesgando su vida. Al final, pagan más a las mafias de lo que les costaría un billete de avión, pero no pueden cogerlo porque nadie les concede el visado”, explica.

Pendientes del desbloqueo político

Aunque en principio el PP se mostró abierto a cohesionar la respuesta de las 11 comunidades en las que gobiernan, las reticencias de algunos barones populares y la relación con Vox, de la que depende la gobernabilidad de algunos ejecutivos regionales, dificultan el acuerdo. La formación ultraderechista ha amenazado este lunes con romper los Gobiernos que mantiene con el PP en cinco comunidades autónomas, una presión que ha llevado al PP a endurecer su discurso sobre la política migratoria a lo largo de la pasada semana.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, afirmaba este lunes que “esperaban” la colaboración de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, a la vez que advertía de que los populares no han cumplido su palabra a la hora de resolver la situación de los menores migrantes en el pasado. “El nuevo reparto es el mismo modelo que se hizo en 2022 y que las comunidades del PP aceptaron. Lo que ocurre es que después de haber acordado acoger a una serie de niños y niñas, sencillamente no cumplieron. La reforma del artículo 35 haría que los traslados sean de carácter inmediato. No planteamos algo estructuralmente diferente, pero sí más ágil”.

El Gobierno central aspira a que el cambio legislativo llegue al Congreso antes de agosto, pero mientras el PP hace cálculos sobre el coste de un potencial acuerdo, el resultado de la votación está en el aire. Mientras tanto, miles de chicos aguardan en condiciones arduas a que la conferencia sectorial del miércoles suponga un primer paso para mejorar su situación.