PSOE y PP, solo encuentros de conveniencia

No hay la menor posibilidad de que la imagen del comienzo de una bonita amistad entre el Gobierno y el PP o la reanudación del bipartidismo a los efectos de alcanzar pactos de Estado se produzca. Más bien, todo lo contrario. El pacto del PSOE y los populares sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) puede abrir la senda a encuentros de conveniencia para nombramientos de órganos que cumplen su mandato, como ocurre con el Banco de España, la CNMC, la CNMV o RTVE, pero nada más. A cada firma conjunta, de interés mutuo, sobrevendrá una catarata de descalificaciones que el PP arrojará sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El Ejecutivo lo asume, pero espera que los populares confíen en su propia fuerza y se empoderen frente a Vox. Además de la renovación de cuatro instituciones, el interés gubernamental inmediato está en que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, trabaje para que las comunidades autónomas que gobierna su partido se impliquen de manera decidida en el acogimiento de menores inmigrantes. Canarias no puede más, como le ocurrió a Andalucía en 2018, cuando rebasó de largo todas sus capacidades de recibir a niños sin filiación ni lugar dónde volver.

El PP no va a aflojar la dureza de su oposición al Gobierno como ya demostró el líder del PP el pasado miércoles durante la sesión de control en el Congreso, cuando aún estaba caliente la firma del acuerdo de su partido y del PSOE, representado respectivamente por los “diputados” —con ese cargo firmaron— Esteban González Pons y Félix Bolaños. El comienzo de una bonita amistad que evocó el eurodiputado electo González Pons debía referirse estrictamente a él y al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, pero en absoluto a sus partidos.

La reacción furibunda de Vox y la declaración fuertemente crítica de la diputada y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, al pacto de los dos grandes partidos, por ver en ello una estrategia estable, no tiene una base real. El periodo electoral es permanente sean cuando sean las elecciones generales. Esta certeza anida en el PP y en el PSOE. El tiempo que empleen en reuniones discretas para alcanzar acuerdos se encapsulará de manera que no contamine el quehacer diario de oposición frontal. “Para usted la perra gorda”, fue la respuesta coloquial que el presidente del Gobierno devolvió el miércoles a Núñez Feijóo cuando este extremó en forma y fondo las descalificaciones a Sánchez para dejar claro que entre ellos no hay ni habrá nada. Lo importante para el líder popular era disipar cualquier duda de que su partido había cedido en algo. Su mensaje era que el presidente del Gobierno era el vencido. Y así será en los pocos acuerdos a los que se lleguen. El Ejecutivo lo asume, pero ahora buscará la solidaridad de las comunidades autónomas para recibir a los menores inmigrantes. No hay constancia de momento de que Sánchez vaya a llamar a Núñez Feijóo. Las amenazas de Vox al PP de romper los gobiernos autonómicos en los que están juntos no parece hacer demasiada mella en los populares. De entrada, no creen que los de Santiago Abascal consumen el divorcio.

El peso de las encuestas está muy presente, pero también que el PP, sin perder la ilusión de que algún acontecimiento inesperado haga a Sánchez tirar la toalla, trabaja con la hipótesis de que las elecciones generales no están a la vuelta de la esquina. Al día de hoy, el PP sigue a la cabeza a una distancia de dos puntos del PSOE, que llegó a ser de 5,5 en abril, según el estudio de 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER. La reacción de los populares ante su caída ―además de la de Vox, que desciende tres puntos respecto al barómetro anterior, y la entrada con un 4,4% que el estudio detecta para Se acabó la Fiesta, del agitador ultra Alvise Pérez― está por ver en qué dirección se manifiesta.

Este lunes Alvise Pérez y los otros dos eurodiputados de esa plataforma coincidirán con los 58 eurodiputados españoles restantes citados por la Junta Electoral Central en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados. Todos están obligados a acatar la Constitución, jurar o prometer, con variantes narrativas normalmente aceptadas por la Junta Electoral. No acudirá el eurodiputado electo de Junts, Toni Comín, residente en Bélgica. Si pisa suelo español será detenido al estar vigente la orden de detención por su participación en el procés. El Tribunal Supremo estudia qué delitos pueden ser o no amnistiados. Esta misma semana probablemente estará decidido, pero hasta entonces los fugados pueden ser detenidos en España.