Sumar unifica criterio y rechazará la propuesta del PSOE contra el proxenetismo

El Gobierno se divide en el Congreso a cuenta de la prostitución. Sumar tiene previsto rechazar este martes en el pleno de la Cámara baja la toma en consideración de la proposición de ley del PSOE contra el proxenetismo (la inducción a la prostitución). El asunto, que ya llegó a las Cortes la pasada legislatura pero quedó congelado, quebraba al socio minoritario de la coalición, donde formaciones como Catalunya en Comú, Más Madrid o Compromís tienen una postura regulacionista (no prohibir la prostitución sino regularla con condiciones laborales para las mujeres que la ejercen), al contrario que Izquierda Unida o en su día Podemos (que ahora ya está fuera de Sumar), más partidarios, aunque con matices, de una abolición total. En esta ocasión, a las puertas de la campaña de las elecciones europeas y tras un intenso debate entre las formaciones que integran el grupo, todas han acordado una posición única, según han confirmado varias fuentes a EL PAÍS y han anunciado después en rueda de prensa las diputadas Gala Pin y Engracia Rivera. El futuro de la iniciativa queda, por tanto, en manos del PP.

La proposición de ley del PSOE endurece las penas de prisión que ya recoge el Código Penal para los proxenetas; añade un delito nuevo, también penado con cárcel, por la cesión de locales para ejercer la prostitución; y castiga con multa a quienes contraten a prostitutas (o con prisión en el caso de que las prostitutas sean menores o especialmente vulnerables).

“Se trata de una propuesta puramente electoralista, no se entiende que [el PSOE] no haya hablado con los socios”, ha denunciado Pin, parlamentaria de los comunes. “Se equivoca el PSOE en la lectura si lo que pretendía era desgastarnos. Es cierto que [el asunto de la prostitución] genera grandes debates, pero dentro de Sumar tenemos claro que este tema se debe abordar con responsabilidad colectiva y feminismo, no aireando las diferencias”, ha añadido.

“Esta propuesta quiere ahondar en la división y no en la unión. Hemos hecho un trabajo de consenso enorme”, ha manifestado también Rivera, diputada de IU, quien ha defendido que su formación “no está renunciando a nada” porque la proposición de los socialistas es “punitivista y prohibicionista” y presenta, en su opinión, “grandes lagunas”. “Nos falta un itinerario de empleabilidad, acceso a la vivienda, formación académica y medidas económicas para erradicar la prostitución”, ha explicado.

Para Pin, además, la propuesta situaría en un contexto “de mayor clandestinidad y precariedad” a muchas mujeres que ejercen la prostitución, con realidades “atravesadas por la desigualdad, el racismo estructural y la transfobia” que el PSOE, ha asegurado, “no aborda”. Donde sí se afrontan esas cuestiones es en la ley de trata —ahora en trámite después de pasar varios años entrando y saliendo de los cajones ministeriales—, aunque no se hace de forma directa en relación a la prostitución ni al proxenetismo: esos dos términos no aparecen ni una sola vez en el último borrador, a pesar de la estrecha vinculación que existe entre los tres, precisamente por esa falta de consenso en el abordaje de este problema estructural.

Con el rechazo de la coalición que lidera la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, la proposición de ley de los socialistas depende ahora del voto del PP, que, si la apoyara, estaría concediendo una victoria parlamentaria al PSOE a tres días del arranque de la campaña del 9-J. Los populares ya votaron a favor de la admisión a trámite de otra proposición de ley muy similar de los socialistas en 2022, unas semanas después de que tuvieran que retirar una enmienda en este mismo sentido a la ley del solo sí es sí al no conseguir el acuerdo de sus socios de Gobierno. Entonces, Unidas Podemos dividió su voto en Pleno. En Sumar critican el proceder de su socio de Gobierno: consideran que el PSOE, al registrar la propuesta, ha tratado de debilitarlos y hacer “electoralismo a costa del feminismo” en un tema en el que siguen existiendo esas distintas sensibilidades en su espacio político.

También Podemos ha cuestionado el efecto de la propuesta de los socialistas: “Abolicionismo significa acceso a la vivienda, papeles para todas, dar seguridad. Esta propuesta no da seguridad, añade más riesgos”, ha afirmado el diputado Javier Sánchez Serna antes de anunciar que su partido, ahora en el Grupo Mixto con cuatro parlamentarios, se abstendrá.

Nuevas penas

La propuesta de ley de los socialistas plantea castigar al proxeneta con penas de entre dos y seis años de cárcel (y multa); a quienes facilitan locales para ejercer la prostitución —la llamada tercería locativa—, con dos a cuatro años de cárcel (y multa); y a quienes contratan a prostitutas, con multa. Con un matiz importante en este último caso: “Si la persona que presta el acto de naturaleza sexual fuese menor de edad o persona en situación de vulnerabilidad”, a quien haya pagado por tener sexo con ella se le impondrá “la pena de prisión de uno a tres años”, además de la multa.

El proxenetismo ya es actualmente un delito, que el Código Penal castiga con penas de entre dos y cinco años de cárcel, pero en su redacción vigente no están perseguidas todas las formas de obtención de lucro de la prostitución ajena, sino que se exige que este se haya producido mediante la “explotación” de la persona prostituida. En cuanto a la tercería locativa, no tiene castigo penal. El pago por sexo tampoco es delito, aunque sí supone una infracción grave y los ayuntamientos tienen la capacidad de regularlo a través de sus ordenanzas municipales.

Desde la entrada en vigor de la llamada ley mordaza en 2015, además, se puede multar con entre 601 y 30.000 euros a quienes paguen por servicios sexuales “en zonas de tránsito público” o cuando haya “un riesgo para la seguridad vial”. Pero esos códigos también permiten multar a las mujeres, algo que va en la línea opuesta de lo que lleva años reivindicando el movimiento feminista y en contra del abolicionismo, cuyo fin último es perseguir a proxenetas y clientes y proteger y dar alternativas a las mujeres prostituidas.

“Lo que pretendemos es modificar el Código Penal para castigar el proxenetismo, es decir, para castigar el lucro de la prostitución, para castigar la tercera locativa, que consiste en la cesión de inmuebles o de locales para el ejercicio de la prostitución”, explicó en marzo el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, tras registrar la iniciativa. Los socialistas sostienen que hay “unas 45.000 mujeres explotadas sexualmente” en España y que las condenas a proxenetas son escasísimas o inexistentes. Por ello defienden la necesidad de la ley, cuyo objetivo final, aseguran, es abolir la prostitución.