La Fiscalía investiga los fusilamientos en el barranco de Víznar como delitos de lesa humanidad

La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Granada investiga como posibles delitos de lesa humanidad el fusilamiento de 49 personas cuyos restos han sido hallados en siete fosas comunes en Víznar (Granada), en un paraje cercano al lugar donde fue asesinado el poeta Federico García Lorca. Fuentes de la unidad de la Fiscalía especializada en Derechos Humanos y Memoria Democrática, que dirige Dolores Delgado, explican a EL PAÍS que hace un par de meses el profesor de la Universidad de Granada Francisco Carrión, encargado desde 2021 de la coordinación de los trabajos de búsqueda de víctimas de la Guerra Civil en la zona, les envió documentación sobre el hallazgo de cuerpos con evidentes signos de muerte violenta en diversas fosas comunes. Esta unidad especializada no tiene funciones jurisdiccionales, pero sí puede instar, como en este caso, a las fiscalías provinciales a investigar. La calificación de posibles delitos contra la humanidad se ha determinado ya en la sede granadina de la fiscalía. Tras el primer informe, Carrión añadió posteriormente información sobre otras 13 personas que, por ahora, no se han incluido en la investigación. La semana pasada, los arqueólogos hallaron, en una de las fosas exhumadas, los restos de un niño fusilado. Tenía entre 11 y 14 años, según los expertos, y otros 14 cuerpos encima. De momento, se desconoce su identidad. Desde la Fiscalía esperan los últimos informes forenses para incorporar los nuevos hallazgos a la investigación.

A partir de los informes ya recibidos, que el Ministerio Fiscal considera “rigurosos y muy completos”, la fiscalía provincial de Granada ha realizado una primera calificación, que define los hechos como posibles “delitos de homicidio, asesinato, detención ilegal y/o desaparición forzada cometidos en el contexto de crímenes contra la humanidad”, según puede leerse en el decreto de incoación de esta investigación firmado por una fiscal granadina. La investigación, que comenzó el pasado 12 de abril, se encuentra en una fase preprocesal consistente en la recopilación, por parte de la fiscalía, de todos los datos forenses, científicos o documentales existentes sobre esas fosas, las personas allí enterradas y las circunstancias de su muerte. A partir de ahí, la fiscalía determinará cómo continuar.

En el barranco de Víznar han sido hallados, desde 2021, los restos de 124 personas, 34 de ellas mujeres, en 17 fosas distintas. Según los informes aportados hasta ahora, las víctimas llevaban una “vestimenta compatible con la primera mitad del siglo XX”, presentan “signos de muerte violenta” y fueron inhumadas de forma clandestina.

En la unidad especializada de la Fiscalía reconocen que es probable que en el caso de Víznar no sea posible encontrar a los culpables y aclaran: “Nuestro objetivo es mucho más que eso. Es encontrar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”. Se trata de que la justicia pueda facilitar a los familiares de los asesinados toda la información relativa a los crímenes, independientemente de que pueda perseguirse o no a los culpables. El apartado de la ley de memoria democrática dedicado a la fiscal de sala especializada busca, precisamente, que la muerte de los verdugos no impida a los descendientes de los represaliados tener acceso a una investigación oficial sobre lo ocurrido.

No es la primera vez que la Fiscalía sostiene el criterio de la obligación de investigar, en aplicación del artículo 29.1 de la ley de Memoria Democrática. La norma, aprobada en 2022, favorece una interpretación integradora con un enfoque de derechos humanos, de acuerdo con el artículo 10.2 de la Constitución y diversos tratados y convenios internacionales, para la admisión de querellas y el recurso contra los autos de inadmisión de casos de este tipo. Pero esta sí es la primera vez que incoa diligencias de investigación, ya que en el caso de Víznar los hechos no habían sido previamente judicializados.