Expectación entre los 300.000 vecinos del Campo de Gibraltar ante el posible cierre del acuerdo sobre el Peñón

Cada mañana, desde hace 39 años, la frontera de Gibraltar aspira a salir indemne de una gran gesta cotidiana. Unas 27.000 personas, 15.500 de ellas trabajadores transfronterizos, atraviesan un paso no especialmente grande ni extraordinariamente moderno con el único deseo de no verse atrapados en una cola de horas. Muchas veces lo consiguen, pero otras no. La diferencia solo está en un simple vaivén político, un malentendido o una orden peor o mejor ejecutada. El tratado que Reino Unido, España y la Unión Europea ultiman está supuestamente llamado a acabar con esa fragilidad y avanzar en facilidades que deberían repercutir en la vida diaria de los más de 300.000 habitantes del Campo de Gibraltar.

Si la reunión de este viernes en Bruselas entre la Comisión Europea, los máximos responsables de Exteriores del Reino Unido y España acabara en un acercamiento evidente de las posturas, se aproximaría el fin de un proceso que lleva más de tres años prometiendo acabar con la frontera terrestre, permitir el uso conjunto del aeropuerto de Gibraltar, armonizar impuestos o estandarizar las reglas medioambientales en el entorno. Son algunas de las cuestiones que, en principio, una rúbrica debería resolver, aunque el celo de las negociaciones ha blindado hasta ahora del escrutinio el detalle de lo que se pueda acordar. Lo que sí parece seguro es que el éxito del tratado llevaría a Gibraltar y la comarca española que la circunda a un escenario de “prosperidad compartida” ―como lo ha definido el Ministerio de Exteriores español en varias ocasiones― desconocido en la zona.

Una de las mayores incidencias que se esperan del tratado es el práctico “desmantelamiento” de la actual frontera, como avanza Juan Carlos Ruiz-Boix, diputado, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso y alcalde de San Roque. Los máximos del acuerdo contemplan que el control fronterizo exterior pase a estar en el aeropuerto y el puerto de Gibraltar, y que el paso terrestre quede así libre de los controles actuales que experimentan al día esas 27.000 personas, según estimaciones del Gobierno de Gibraltar. Además de ser el punto más anhelado para los trabajadores transfronterizos, es también el que ha desentrañado mayor complejidad para las partes de la negociación, que se han pasado meses enfrascadas en quién y cómo —Frontex o las fuerzas de seguridad españolas— debía controlar a los pasajeros en esos nuevos puntos exteriores.

“Eso de acabar con la Verja es algo que ni se había soñado. Los vecinos solo nos planteábamos mantener el statu quo tras el Brexit”, explica Ruiz-Boix. Eso fue lo que el llamado Acuerdo de Nochevieja, rubricado ese día de 2020, hizo que la comarca haya sorteado desde entonces y hasta ahora verse afectada por la incidencia de una frontera dura exterior de la Unión Europea. El paso gibraltareño, de hecho, nunca fue zona Schengen, ni siquiera cuando el Reino Unido estuvo dentro de la Unión Europea. “Ahora sería mejorar lo que tenemos con un territorio que es ajeno a la Unión, sería un verdadero revulsivo”, apunta el alcalde de San Roque. El cambio se notaría también en que la comarca volvería a tener un acceso más fluido a un aeropuerto de Gibraltar que podría recuperar vuelos a Madrid o Barcelona, como llegó a tener tras los acuerdos de Córdoba de 2006.

El tratado está llamado también a englobar asuntos de derechos de los trabajadores, fiscalidad, seguridad o medio ambiente. De ahí que la negociación también gire en torno a equiparar las pensiones de los gibraltareños con las de los trabajadores transfronterizos en el Peñón, unas 400 libras (465 euros) de media más altas las de los primeros, según estima Ruiz Boix. A eso suma la armonización fiscal y de impuestos, que incidiría en productos como el tabaco, y que persigue equiparar a Gibraltar con cargas fiscales de otros territorios europeos que no necesariamente tienen que ser como las españolas. En el punto del medio ambiente, el acuerdo debería establecer el respeto por las normas europeas en unas aguas en eterna disputa, según valora el diputado.

Hasta ahora, las partes siempre han asegurado intentar dejar cuestiones espinosas como esa de las aguas o de la propia soberanía del Peñón al margen para poder progresar en las negociaciones. Así han ido avanzando con lentitud y con más de una aspereza a lo largo de 18 rondas negociadoras que comenzaron en octubre de 2021 y que, en este tiempo, han sorteado las elecciones gibraltareñas y las españolas. Ahora, son las Elecciones al Parlamento Europeo las que aprietan de nuevo el calendario.

Mientras, los más de 32.000 gibraltareños y los 280.000 vecinos campogibraltareños siguen el tira y afloja de la negociación con una mezcla de esperanza y desconfianza. Desde que, en 1985, se reabrió la frontera —tras el cierre de décadas provocado por el franquismo— los desencuentros políticos han provocado más de un entuerto en una frontera que ha llegado a verse bloqueada con largas y exasperantes colas. Quizás por eso, Gibraltar lleva meses prometiendo que, en caso de que el tratado se quedase en nada, tienen incluso un plan de contingencia para intentar evitar el alto impacto que se presupone a que el Peñón pasase a ser una frontera exterior dura de la Unión Europea.