Rabat mantiene las trabas a Ceuta y Melilla, dos años después de su reconciliación con España
El rechazo de los visados especiales para trabajadoras transfronterizas se suma a la demora de la apertura de las aduanas comerciales
Acaban de cumplirse dos años desde que, el 7 de abril de 2022, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el rey Mohamed VI sellaron en Rabat el compromiso para poner fin a un grave episodio de tensión diplomática entre los dos países, que tuvo su momento álgido en la irrupción de más de 10.000 migrantes en Ceuta en mayo del año anterior. Sin embargo, una de las principales contrapartidas que obtuvo el Gobierno español, a cambio de su giro a favor de la tesis de Rabat de autonomía para el Sáhara Occidental, sigue sin cumplirse: la apertura de una aduana comercial de nueva planta en Ceuta y la reapertura de la de Melilla, que las autoridades marroquíes cerraron unilateralmente en agosto de 2018. Tras la realización de distintas pruebas piloto, España se ha declarado preparada para abrir ya los pasos aduaneros y normalizar así el comercio entre las dos ciudades españolas y su entorno marroquí, en sustitución del comercio atípico o contrabando que presidía sus relaciones hasta que la pandemia impuso un cerrojazo fronterizo, pero la parte marroquí sigue dando largas alegando problemas técnicos.
A ello se ha sumado, en las semanas previas a que el presidente Pedro Sánchez comparezca este miércoles en el Congreso para debatir, entre otros asuntos, las relaciones con el país magrebí, una nueva traba a Ceuta y Melilla por parte de Marruecos: el veto de sus autoridades a los visados especiales temporales que los consulados españoles de Nador y Tetuán, los más cercanos a las dos ciudades, expiden para los trabajadores transfronterizos que buscan empleo en ellas.
En Ceuta y Melilla se recibió con sorpresa, a mediados de febrero, la noticia de que Marruecos ya no admitía dichos visados especiales, que venían siendo aceptados regularmente desde mayo de 2022, tras la reapertura de las fronteras terrestres, clausuradas en marzo de 2020 por la pandemia. Se trata de permisos de entrada por los pasos de El Tarajal, en Ceuta, y Beni Ensar, en Melilla, válidos para un solo día y que no permiten viajar a la Península. Sus destinatarios son trabajadores marroquíes residentes en las provincias vecinas. Este salvoconducto permite a sus titulares efectuar in situ los últimos trámites para su contratación. Las afectadas, que superan las 3.000, son en su mayoría empleadas domésticas o de hostelería, cuyas tarjetas de acceso a las dos ciudades han caducado y que vieron cómo se las daba de baja en la Seguridad Social debido a la covid.
Para reanudar sus contratos deben efectuar un último trámite presencial en Ceuta y Melilla, pero en la frontera marroquí se les cierra el paso. Ninguna autoridad en el país magrebí confirma oficialmente la medida, pero tanto en el puesto de El Tarajal como en el de Beni Ensar los agentes de Marruecos requieren un visado Schengen (apto para circular por toda Europa) a los no residentes en Ceuta y Melilla, del que los trabajadores transfronterizos carecen. Según informó el diario Al Ahdath Al Maghribia, citado por el portal digital Le 360, los responsables marroquíes del control de fronteras han recibido “instrucciones firmes y precisas” de no aceptar los visados especiales expedidos a los marroquíes para acceder a “los presidios”, término con el que se suele aludir en Marruecos a las ciudades autónomas españolas.
“Marruecos está poniendo todo tipo de trabas a la expedición de nuevos contratos a los transfronterizos y a la renovación de los existentes al negar un visado de 24 horas con objeto de ir a Ceuta para cumplimentar los trámites finales”, precisa la presidenta de la Confederación de Empresarios de Ceuta, Arantxa Campos. “El objeto de esta estrategia puede ser poner dificultades a la vida laboral en Ceuta o forzar a los marroquíes a solicitar la residencia en nuestra ciudad”, apunta. “Nuevamente, los perjudicados son los ciudadanos de Marruecos. La soberanía española sobre Ceuta y Melilla no está en duda”. El Ministerio de Asuntos Exteriores no ha respondido a los requerimientos de EL PAÍS para que explique su opinión sobre esta medida de Marruecos, a pesar de que la delegada del Gobierno en Ceuta, Cristina Pérez, aseguró el mes pasado a Europa Press que dicho departamento estaba estudiando la decisión adoptada por Rabat.
La hoja de ruta suscrita por el presidente Sánchez y el rey Mohamed VI el 7 de abril de 2022 dio paso un mes después a la reapertura de las fronteras de las ciudades autónomas. Pero las aduanas comerciales de ambas ciudades siguen sin entrar en servicio, a pesar de las pruebas de funcionamiento efectuadas el año pasado. “Por parte de España, está todo listo”, advirtió el presidente del Gobierno el pasado 21 de febrero en Rabat tras ser recibido por Mohamed VI. Marruecos alega que quedan “cuestiones técnicas” por resolver. Sánchez aseguró en la capital marroquí que el primer ministro marroquí, Aziz Ajanuch, le había asegurado que “tan pronto” como se resuelvan dichas cuestiones se cumplirá en su integridad lo previsto en la hoja de ruta.
“Los empresarios hemos recibido tantas excusas sobre la apertura de las aduanas comerciales por parte de Marruecos, con ausencia absoluta de explicaciones, que somos muy escépticos al respecto”, argumenta Arantxa Campos en un intercambio de mensajes desde Ceuta. “No lo entendemos (…) porque el norte marroquí está sufriendo las consecuencias del incumplimiento de lo acordado”, sostiene la representante empresarial. “Cuando falla mano de obra en un sector, se cubre con trabajadores de otras nacionalidades”, concluye, “Eso explica quizás la llegada últimamente de mano de obra latinoamericana” a las dos ciudades autónomas.
Recelo sobre la soberanía
Tanto en el rechazo a los visados como la demora en la apertura de las aduanas subyace el recelo marroquí a reconocer, siquiera implícitamente, la soberanía española de Ceuta y Melilla. La desconfianza sigue siendo el gran lastre en las relaciones bilaterales. La recuperación del diálogo y la decisión de “evitar todo aquello que ofenda a la otra parte en cuestiones de soberanía” —es decir, la renuncia española a apoyar públicamente la autodeterminación del Sáhara a cambio de aparcar la reivindicación marroquí de Ceuta y Melilla, aunque eso no suponga renunciar a la misma— son formalmente las bases sobre las que se apoya una nueva relación estratégica a ambas orillas del Estrecho. La declarada entente cordial se ha visto cimentada además por el proyecto de organización compartida del Mundial de Fútbol de 2030.
Enrique Ávila, profesor de Ciencias Políticas de la UNED en Ceuta, no confía en que Marruecos reconozca los visados especiales para los trabajadores transfronterizos, aunque ello ocasione un perjuicio a los marroquíes de la zona limítrofe, a los que se les priva de oportunidades laborales. “El Gobierno marroquí no tiene ninguna dependencia de la opinión pública”, puntualiza Ávila. “Por otro lado, y en concordancia con la persistencia de sus reclamaciones [sobre territorios que considera ocupados], no puede adoptar ninguna medida que pudiera considerarse un reconocimiento de la españolidad de Ceuta y Melilla”.
“El tiempo se mide de diferente forma en Marruecos. Las razones técnicas que esgrime Rabat podrían haber servido como justificación durante un par de meses, no más”, resalta desde Ceuta el profesor Ávila. En su opinión, la estrategia marroquí es ahora muy clara: “Que la sociedad española piense que Ceuta y Melilla son fuente continua de problemas, y que considere que es mejor evitar esos problemas”.
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