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Una organización criminal obtiene 3,4 millones tras duplicar la tarjeta SIM de cientos de usuarios de móviles

La Guardia Civil ha detenido a siete personas como responsables de la estafa en Barcelona, Valencia, Zamora y Málaga, donde residían los cabecillas, ya en prisión

Estafa tarjeta SIM
Un agente de policía sostiene un teléfono móvil.POLICÍA NACIONAL

En 2022, un empresario de La Zubia (Granada, 19.593 habitantes) recibió un correo electrónico donde lo informaban de que debía restablecer la contraseña de ese email. Le indicaban un enlace en el que pinchar, algo que hizo y, sin mayor problema, cambió sus claves. Cinco minutos después, dejó de tener red móvil en su teléfono. Alarmado, entró desde el ordenador de su compañía a su entidad bancaria y comprobó que le habían vaciado su cuenta, donde tenía 25.000 euros. Su denuncia inició una investigación de la Guardia Civil que, dos años más tarde, ha acabado con siete personas detenidas en Barcelona, Valencia y Zamora, además de Málaga. En esas provincias residían los líderes de una organización que ha acumulado casi 3,4 millones de euros tras estafar, de la misma manera, al menos a 102 personas. Ambos han sido enviados a prisión.

Los cabecillas del grupo criminal, de nacionalidad venezolana, dirigían las operaciones de la ciudad de Málaga, para las que contaban con hasta 74 colaboradores en Venezuela. El sistema utilizado para captar a sus víctimas era siempre el mismo. Primero, enviaban un correo y, a través de distintas fórmulas, incitaban a numerosos usuarios a pulsar un enlace fraudulento. Una vez alguien lo hacía, los sistemas informáticos de la red de delincuentes conseguían hacer un duplicado de la tarjeta del teléfono utilizado por las víctimas para acceder a sus cuentas de correo. “A partir de ahí, tenían el control del dispositivo”, explican fuentes de la Guardia Civil. Eso les permitía suplantar su identidad en redes sociales, acceder a contraseñas o solicitar unas nuevas. Sobre todo de banca digital, cuyos sistemas de verificación suelen usar SMS que llegan al teléfono móvil, que en estos casos los delincuentes ya tenían bajo control.

Con toda esa información, los ahora arrestados podían acceder a los distintos servicios de los estafados. Entre ellos sus cuentas corrientes, siempre con el objetivo de extraer todo el dinero posible, como hicieron en el caso del empresario granadino. También utilizaban los datos personales para abrir nuevas cuentas a nombre de las víctimas, en algún caso usando hasta 47 veces la misma identificación. “Hoy hay sitios donde para hacerlo no hace falta ni el DNI y basta la confirmación con el teléfono”, relatan las mismas fuentes, que destacan que los estafadores las utilizaban para solicitar préstamos, contratar líneas telefónicas o realizar grandes compras y blanquear el dinero que obtenían. En otras ocasiones también utilizaban mulas, personas que a cambio de una cantidad de dinero se encargaban de realizar transferencias del dinero estafado a una cuenta que la organización tenía en un banco de Miami.

El trabajo realizado durante estos dos años desde la primera denuncia —aunque se cree que hay casos previos— ha sido complicado, debido a la dificultad de investigar correos electrónicos, cuentas bancarias o teléfonos extranjeros, según han informado desde la Guardia Civil. También por el “complejo sistema informático” desarrollado por la banda criminal, que les había permitido hacerse con un botín de casi 3,4 millones de euros. Las mismas fuentes aseguran que la investigación ha servido para esclarecer 102 delitos, pero también que las víctimas son “muchas más”. Este tipo de delitos se originaron en Estados Unidos y, desde 2015, son un fraude recurrente en España, donde ha ganado relevancia con los años, según los especialistas del instituto armado.

Los responsables han sido finalmente arrestados en Barcelona, Valencia, Zamora y Málaga. En la ciudad andaluza residían los dos cabecillas, en cuyos domicilios los agentes se han incautado de dos ordenadores portátiles, seis teléfonos móviles, dos tarjetas bancarias, dos tarjetas de criptomonedas, documentación y un monedero de criptomonedas. Tras pasar a disposición judicial, han sido enviados a prisión.

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