Nueve años de cárcel para un guardia civil de Sevilla por dar soplos a narcos y robar droga para traficar

Raúl P. M. soñaba con ser narcotraficante y el hecho de que ser teniente de la Guardia Civil no era un obstáculo, sino una oportunidad. Entre 2019 y 2020 era jefe de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Useic) de Sevilla y desde hace años conocía a José María C. C., un trabajador de una tienda de motos acuáticas que tenía relación con narcotraficantes. Con la intención de cumplir su sueño y, mientras tanto, obtener un sobresueldo, el guardia civil acordó con su amigo pasarle información policial que favoreciera la actividad de los traficantes a cambio de dinero. Como las bases de datos a las que tenía acceso no proporcionaban datos que fueran de especial ayuda para los clanes trató de servirse de otro viejo colega, teniente del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) —responsable de la lucha contra el tráfico de estupefacientes en Sevilla― para tratar de que le proporcionara la información que a él le estaba vedada. Lo que no imaginaba es que ese interés despertó sus sospechas y la Audiencia Nacional le propuso que trabajara como agente encubierto y colaborara con Raúl P. M. Su trabajo como infiltrado ha permitido que el teniente del instituto armado haya sido condenado a casi nueve años de cárcel.

Es el fallo que ha dictado la Audiencia de Sevilla después de que el jurado popular lo declarara culpable por unanimidad el pasado 16 de febrero, junto a José María C. C. y a un primo de este último. “Lo que pretende el acusado es conseguir dinero a toda costa para invertir en introducir cocaína y convertirse en un verdadero narcotraficante”, dice la sentencia. Entre las actividades que se detallan en sus 76 páginas por las que se condena al guardia civil destaca, por ser la de mayor gravedad, la organización de un operativo para sustraer fardos de hachís que estaban almacenados en la Comandancia de Montequinto (Dos Hermanas, Sevilla), donde trabajaba el guardia civil condenado y sustituirlos por otros de aspecto similar rellenados con “una sustancia inocua”, para así “no originar sospechas de que se habían apoderado de la droga”, según se detalla en el escrito.

Así, el 7 de agosto de 2020, los tres encausados y el agente encubierto entraron en el espacio en el que se almacenaba el hachís y se apropiaron de 29 fardos que sustituyeron por otros 16 llenos de arena. Luego los cargaron en una furgoneta en la que iban los cómplices del teniente y que fue interceptada cuando salían de la Comandancia por la Guardia Civil, que tenía conocimiento de la trama porque había sido tenida al tanto por su compañero infiltrado. Raúl P. M., mientras tanto, había salido del edificio conduciendo un vehículo oficial, al que siguió otra patrulla que lo detuvo poco después. El valor de la droga incautada era de 1,5 millones de euros y “estaba destinada a ser vendida a terceras personas”.

Esta fue la última colaboración con el narco del teniente de la Guardia Civil, pero en junio de 2020, también participó con sus socios en otro intento de lucro a costa del tráfico de drogas, que no salió bien. Gracias a un soplo de José María C. C., el agente condenado supo que había un vehículo intervenido en la Comandancia del instituto armado con 100.000 euros ocultos en una caleta [escondite] de su interior. El 21 de ese mes fueron hasta el coche, de nuevo los cuatro (el guardia civil investigado, el infiltrado, el amigo que le había dado el chivatazo y su primo mecánico, y que tenía que desmontar el coche) para apoderarse de un dinero, que jamás encontraron.

Durante la vista oral, el teniente de la guardia civil alegó que había sido el agente encubierto quien le había inducido a cometer todos los delitos de los que se le acusaba y que él había sido un “chivo expiatorio”. Una vía de defensa que los magistrados rechazan: “Ninguna de las pruebas practicadas permite afirmar que la iniciativa delictiva ha surgido del agente encubierto y que ha provocado al acusado para delinquir”. “No es el agente encubierto el que lleva a cabo las iniciales conversaciones para la operativa a desplegar, sino al revés, sin que el hecho de que acepte participar o incluso colaborar pueda decirse que sea un delito provocado”, añaden.

El agente encubierto facilitaba información de las bases de datos a las que él tenía acceso, siempre filtrada previamente por sus superiores y también se encargaba de grabar a personas y vehículos vinculados a las actividades que realizaban los tres condenados para garantizar su éxito y detectar si alguna unidad policial les estaba investigando.

El teniente de la Guardia Civil ha sido condenado a ocho años y 10 meses de prisión por un delito continuado de cohecho, otro de tráfico de droga en grado de tentativa y dos de hurto en grado de tentativa, además de al pago de 1.506.600 euros de multa y 11 años de inhabilitación especial para el empleo o cargo público. A su principal socio y a su primo se le han impuesto casi tres años de cárcel y uno, respectivamente por los mismos delitos.