El fiscal pide 50 años de cárcel por terrorismo para el yihadista que mató a un sacristán en Algeciras

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido 50 años de cárcel por terrorismo para Yassine Kanjaa, el yihadista que mató con un machete al sacristán Diego Valencia e hirió gravemente a un sacerdote durante el ataque que perpetró contra tres iglesias de Algeciras (Cádiz), en enero de 2023. El ministerio público mantiene que el acusado se sumergió en el islamismo más radical y perpetró sus actos “con la finalidad de aterrorizar a los cristianos”. El escrito de acusación insiste en que Kanjaa presentaba cuando fue detenido “un cuadro psicótico (...) con delirios”, así como “una descompensación psicótica aguda” que afectaba a sus capacidades volitivas e intelectuales, pero sin anularlas. El fiscal compara el ataque de Algeciras con el perpetrado en la Basílica de Notre Dame de Niza (Francia), donde un inmigrante de 21 años asesinó con un cuchillo a tres personas, y el degollamiento de un sacerdote que oficiaba misa en la iglesia parroquial de Saint Etienne de Rouvray (Francia).

El ministerio público hace un detallado recorrido por el ataque que perpetró Kanjaa a partir de las 18.30 del 25 de enero de 2023, cuando entró en la iglesia de San Isidro y, tras hacer una extraña pregunta a un orante, cogió una biblia y la golpeó contra un banco. Yassine salió del templo sobre las 18.45 gritando “el mundo se va a acabar” y “Allah”, y se fue para su casa, donde apagó su teléfono móvil, cogió “un machete de grandes dimensiones” y pasó de las palabras a los mandobles.

Primero, mientras paseaba por la calle, golpeó a un hombre en la cara y le rompió las gafas, al tiempo que le gritaba “tú trabajas para la magia”. El agredido escapó al ver el machete. El acusado volvió a San Isidro, ya faca en mano, cuando se celebraba la misa para unas 10 personas. Cuando el párroco Antonio Rodríguez (falleció en noviembre del año pasado tras una larga enfermedad) se enfrentó a él para echarle del templo, Kanjaa lo persiguió, lo tiró al suelo y le causó una fea herida con el cuchillo en la nuca.

Inmediatamente después, Kanjaa se dirigió a la iglesia de La Palma, a escasos 200 metros de la primera, donde entró cuando estaba finalizando la eucaristía y comenzó a tirar al suelo con el machete imágenes religiosas, crucifijos y velas, llegando a subir al altar del templo. El sacristán del templo, David Valencia, se le acercó en ese momento para pedirle que abandonara la iglesia, a lo que el sospechoso se negó en un primer momento. Cuando el magrebí salía por la sacristía, amenazó a dos mujeres y el religioso le instó de nuevo a marcharse. En ese momento, el atacante empezó a perseguirle, mientras le asestaba cuchilladas, hasta darle alcance en la cercana plaza Alta, donde le propinó dos golpes fuertes con la cheira, uno en el cuello y otro en la cabeza.

Proceso de radicalización

El ministerio público destaca que Kanjaa había “experimentado en los meses anteriores a la agresión un proceso de radicalización, asumiendo las tesis más rigoristas del islam”, aquellas que defienden la incompatibilidad de esta religión con cualquier otra y la necesidad de actuar para favorecer su eliminación y la de los musulmanes que no siguen los preceptos de su religión”. De esta forma, Kanjaa “eligió los lugares de su acción, dos templos de la iglesia católica” y agredió a religiosos “con la intención de ocasionarles la muerte y con la finalidad de aterrorizar a los cristianos”.

La Fiscalía recuerda que Kanjaa presentaba un cuadro psicótico que le provocaba delirios y de probable filiación esquizofrénica. “En el momento de tener lugar los hechos presentaba una descompensación psicótica aguda con importante grado de implicación afectiva y conductual, que afectaría muy severamente a sus capacidades volitivas e intelectivas”, apunta el fiscal que, sin embargo, deja claro que “sus capacidades volitivas e intelectivas no estaban totalmente anuladas por su enfermedad”. No obstante, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional determinó que en el arranque del juicio oral será cuando se determine si el acusado es imputable o no debido a sus “padecimientos psíquicos”.

El ministerio público pide 25 años de presidio por el asesinato terrorista del sacristán, otros 15 por un asesinato en grado de tentativa y 10 más por lesiones.