El Consejo de Seguridad Nacional alerta del “riesgo real y directo” de aumento del terrorismo por la guerra en Gaza

La guerra en Gaza, que supera ya los 31.000 muertos, supone “un riesgo real y directo” de aumento de “la amenaza terrorista, el extremismo violento y el surgimiento de nuevos movimientos que promuevan una ideología radical y violenta”. Así lo advierte la Estrategia Nacional contra el Terrorismo, que el Consejo de Seguridad Nacional, presidido por el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, con asistencia de las 3 vicepresidentas (Hacienda, Trabajo y Transición Ecológica) y 10 ministros (Exteriores, Presidencia, Defensa, Interior, Transportes, Industria, Economía, Sanidad, Ciencia y Transformación Digital), tiene previsto aprobar este martes. El documento, de 61 páginas, al que ha tenido acceso EL PAÍS, sustituye al aprobado en 2019 y tendrá una vigencia de cinco años, aunque está sujeto a revisiones.

También la invasión rusa de Ucrania, subraya el texto, es “un potencial vector catalizador del terrorismo”, ya que “ha supuesto un incremento en la circulación de armas y explosivos [en Europa], así como la participación en la guerra de combatientes voluntarios de otras nacionalidades”. Estas circunstancias, explica el documento, podrían ser aprovechadas por grupos o individuos “para socavar la seguridad pública” y también “actores estatales podrían llevar a cabo acciones terroristas”, agrega, en lo que parece una alusión implícita a Rusia, que recientemente asesinó a un desertor de su ejército en Villajoyosa (Alicante).

No obstante, el informe concluye que “la principal amenaza terrorista para nuestro país continúa proviniendo de las organizaciones de carácter yihadista, fundamentalmente Daesh [Estado Islámico] y Al Qaeda”. Por el contrario, asegura, “el terrorismo autóctono”, como se refiere a ETA, “tras su derrota por el Estado Democrático y de Derecho, no representa una amenaza relevante en la actualidad”. Durante la vigencia de la anterior estrategia (2019-2023) “se han realizado más de 110 operaciones relacionadas con actividades de terrorismo”; más del 90% de estas se vinculan al terrorismo yihadista y algo más del 5% al autóctono, detalla.

Según el Consejo de Seguridad Nacional, el terrorismo yihadista, “asimétrico y transnacional”, ha evolucionado “hacia una estructura más descentralizada y difusa, lo que dificulta su identificación y desmantelamiento”. Se apoya en “actores solitarios sin vínculos con organizaciones” y dirige sus atentados contra “objetivos blandos”, que cuentan con escasa protección. El carácter rudimentario de algunos atentados, con el empleo de cuchillos o vehículos de transporte como armas, contrasta con el uso de “tecnología avanzada, incluidos drones o criptografía”, en otros escenarios. “La propaganda terrorista está en constante evolución, adaptándose a las nuevas tecnologías para acceder a un público más amplio, joven y vulnerable. […] El uso inadecuado de avances tecnológicos como la inteligencia artificial, la criptográfica cuántica y la realidad virtual, entre otros, constituyen retos actuales y futuros a los que hay que dar respuesta”, advierte el documento.

El Consejo de Seguridad Nacional presta especial atención al vínculo entre salud mental y los llamados lobos solitarios, como el joven marroquí con problemas psiquiátricos que asesinó a un sacristán y dejó cuatro heridos en Algeciras (Cádiz) en enero de 2023. Aunque “no se puede vincular directamente el trastorno mental con la radicalización violenta”, admite, “la presencia de determinadas enfermedades mentales supone un factor de vulnerabilidad”, que se puede ver agravado por el aislamiento social.

También subraya que el retorno de los Combatientes Terroristas Extranjeros (CTE), que se unieron a las filas del Estado Islámico (ISIS) y cuentan con instrucción y experiencia militar, supone “una amenaza para la seguridad nacional” y “una preocupación importante para las autoridades españolas”. Aunque el informe no ofrece datos, las estadísticas más recientes del CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado) recogen que 272 yihadistas salieron de España desde 2015 (una cifra relativamente baja comparada con países como Francia, con casi 2.000; Alemania, más de mil, o Bélgica, por encima de 500). De ellos, al menos 65 han retornado a Europa, más de un centenar ha muerto y el resto continúa en zonas de conflicto, como Siria o Irak.

El texto justifica la resistencia de los países europeos a repatriar a las esposas e hijos de sus nacionales reclutados por el Estado Islámico, alegando que se trata de “una cuestión compleja y delicada”, pero presume de que España haya “llevado a cabo algunos procesos de repatriación de mujeres y niños que se encontraban en campos de refugiados”; en alusión a las dos mujeres y 13 menores repatriados de Siria en enero de 2023.

También alude, como una “preocupación cada vez mayor”, al riesgo de “radicalización en las prisiones” ―es decir, la captación de presos comunes por parte del yihadismo―, lo que ha llevado a “activar protocolos de control y seguimiento de quienes, habiendo ingresado en prisión por otra tipología delictiva, han mostrado indicadores de encontrarse inmersos en este tipo de procesos”. Según datos de Instituciones Penitenciarias, a finales de febrero había en las cárceles españolas 81 reclusos por yihadismo, a los que se suman 38 que entraron en prisión por otros delitos pero se han radicalizado dentro y 59 internos más que muestran signos de seguir sus pasos.

El documento reconoce que la situación del Magreb “sigue siendo uno de los factores que más incide en el nivel de amenaza terrorista en España”, subrayando los “estrechos vínculos entre yihadistas magrebíes con residentes en nuestro país, así como el elevado porcentaje de CTE y terroristas detenidos en España con esta procedencia”. También destaca las “conexiones puntales entre yihadistas y redes de tráfico de personas, sobre todo en el Mediterráneo central”, lo que incrementa “el riesgo de entrada en territorio europeo de retornados y otros terroristas, así como de individuos altamente radicalizados”. Mientras Europa considera “zonas prioritarias” en la lucha contra el terrorismo los Balcanes Occidentales, el Norte de África, Oriente Próximo, la región del Sahel y el Cuerno de África”, España añade a esta lista el golfo de Guinea.

Además del yihadismo, el informe destaca el “aumento de los extremismos y los radicalismos” como un “fenómeno preocupante a nivel global”. Aunque no los identifica políticamente, señala a la extrema derecha cuando alude a sus manifestaciones “racistas o xenófobas” y a su carácter “negacionista y antisistema”, que “rechaza la evidencia científica, histórica o política y genera desconfianza hacia las instituciones”. El riesgo está en los “movimientos extremistas violentos [que] buscan imponer su visión del mundo a través de medios ilegítimos y antidemocráticos, representando una amenaza para la seguridad y el bienestar de la sociedad”.

El informe, que ha sido coordinado por el Ministerio del Interior y en el que han colaborado Asuntos Exteriores, Defensa y Presidencia, así como la Secretaría de Estado de Comunicación y el Departamento de Seguridad Nacional, propone la adopción de una serie de medidas para combatir el terrorismo y prevenir la radicalización. Entre otras, la neutralización de estos contenidos en redes e internet, complementando el actual sistema de notificación a los proveedores de servicios “con un marco legislativo claro que reduzca la accesibilidad a los mismos”. Sin olvidar la lucha contra la financiación del terrorismo “con criptoactivos o criptomonedas o cualquier otra innovación financiera”, la potenciación de la cooperación internacional, la protección de las víctimas del terrorismo o la colaboración ciudadana. Para concienciar a la sociedad, la nueva Estrategia Nacional contra el Terrorismo, como ya sucedió por primera vez con la de 2019, tendrá carácter público.