Herrera, expresidente de Castilla y León, sobre el ‘caso Perla Negra’: “La compra del inmueble tenía sentido, no soy quién para juzgar si fue un acierto”

El expresidente de la Junta de Castilla y León Juan Vicente Herrera, del PP, ha declarado este jueves como testigo en el juicio por el sobrecoste pagado hace 15 años por la Junta de Castilla y León en la compra del edificio Perla Negra. Herrera, que presidía la Junta en aquel momento, se ha limitado a afirmar que la compra del inmueble “tenía sentido”, y ha añadido: “No soy quién para juzgar si fue un acierto”. Cinco ex altos cargos de la Junta y siete empresarios se sientan en el banquillo, y la Fiscalía pide para ellos penas que suman un total de 79 años de cárcel. Entre los acusados están los exviceconsejeros de Economía Rafael Delgado y Begoña Hernández, que se enfrentan a una petición fiscal de 11 años de prisión cada uno. El edificio cuya compra, realizada en 2009, está bajo sospecha debía costar 50,5 millones y acabó costando 20 millones más.

Herrera ha iniciado su declaración, algo nervioso, a las 10.45. Ha asegurado que tuvo conocimiento de las sospechas por el alto precio del inmueble, pero que confió en el criterio de Gesturcal, la empresa pública que ejecutó la operación. El único letrado que le ha preguntado ha sido el defensor del ex viceconsejero Rafael Delgado, que es quien había pedido su comparecencia. Ni las acusaciones ni la Fiscalía le han formulado preguntas.

El expresidente ha mantenido la misma postura que ha sostenido en los 11 años de instrucción del caso. Según Herrera, el entonces consejero de la empresa pública autonómica Gesturca, Pablo Trillo-Figueroa, le avisó de los rumores de sobrecostes en septiembre de 2008, cuando se estudiaba si comprar o alquilar esa parcela y el edificio que la ocupaba en Arroyo de la Encomienda (Valladolid). “Yo tomo conocimiento del interés y las gestiones en torno al edificio de Arroyo y la intervención de Gesturcal por un comentario casi confidencia de Pablo Trillo, que me transmite su inquietud personal”, ha manifestado. Según su testimonio, Trillo-Figueroa le mostró su “inquietud y dudas” sobre si arrendarlo o adquirirlo y también le dijo que “los precios barajados eran, a su juicio, muy altos, costosísimos o elevadísimos”, una postura que Pablo Trillo-Figueroa, actualmente procurador del PP en las Cortes, reiteró la semana pasada en el juicio.

Herrera ha contado que le respondió que “no conocía el asunto” pero que “se informaría”. Entonces, según su testimonio, tomó “conciencia” y acudió a Tomás Villanueva, el consejero de Economía, al que se ha referido como “amigo personal”. Villanueva falleció en 2017, a los 64 años, y por causas naturales. Murió un día después de que se le descubrieran 83 cuentas bancarias en el extranjero. Durante la instrucción y el desarrollo del juicio, los abogados de Delgado y Hernández, los dos principales acusados, han tratado de desviar la responsabilidad hacia el fallecido, ya que era el responsable de Economía.

El expresidente Herrera ha destacado que habló con el consejero de Economía “tras la confidencia” y que este le dijo que las medidas tomadas por la empresa pública Gesturcal se efectuaron “con unanimidad”, tanto para pedir las tasaciones como para determinar si había que adquirir el terreno y el inmueble. “Me pareció acertado confiar en Gesturcal, no soy quién para juzgar si fue un acierto, tenía sentido la operación de compra de un inmueble de estas características y coherente con las agrupaciones que hacía la Junta”, ha afirmado.

Cuando Herrera ha declarado que no habló con nadie de la consejería de Hacienda, tal y como señaló la exconsejera Pilar del Olmo el pasado martes, la defensa de Delgado le ha recordado unas comparecencias públicas aludiendo a los técnicos de Hacienda. El 31 de mayo de 2016 Herrera sostuvo ante los medios haber aconsejado a Tomás Villanueva seguir el “criterio” de los técnicos de Hacienda. El exmandatario ha insistido en que transmitió a Villanueva que “había que confiar” en el consejo administrativo de Gesturcal, “una garantía” por la capacitación de sus miembros, además de la unanimidad de sus actuaciones.

Herrera ha concluido su intervención posicionándose sobre la otra pata del caso: la compra de unos terrenos para la construcción de un polígono industrial inoperativo en Portillo (Valladolid), con un posible desvío de 3,4 millones de euros. El político retirado ha admitido, como otros testigos en las jornadas anteriores, que la coyuntura económica no acompañaba, citando un “momento de crisis pavorosa”, pero lo ha achacado a un “especial esfuerzo inversor” para tratar de capearla. Así, sin más preguntas del resto de partes, ha terminado su comparecencia tras apenas 20 minutos, saludando de nuevo a quienes formaban parte de la cúpula de Economía y dejando paso al siguiente de los 90 testigos citados en el juicio por este caso que se prevé que concluya el próximo mayo.