La Audiencia Nacional da por finalizada la investigación sobre los homenajes a presos de ETA

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional da por finalizada la investigación sobre las presuntas estructuras creadas entre 2016 y 2019 para organizar actos de homenaje a etarras que salen de la cárcel —los llamados ongi etorris—. En un auto dictado el viernes, el tribunal da la razón a la Fiscalía, que recurrió la decisión del juez instructor, Manuel García-Gastellón, de reanudar la causa. Pese a que el magistrado ya había considerado el pasado octubre que sus pesquisas habían concluido, este enero ordenó retomarlas para indagar si unos chats de la aplicación Telegram, dos de ellos vinculados a Sortu, se utilizaron para “promover campañas y movilizaciones a favor de los presos de la organización terrorista”.

Con esta resolución, la Sala pone fin a la controversia y afirma que la investigación se considera finalizada desde octubre de 2023. El tribunal subraya que las nuevas indagaciones pretendidas son “absolutamente extemporáneas”, ya que la asociación de víctimas Dignidad y Justicia —vinculada al PP y presidida por Daniel Portero, diputado popular en la Asamblea de Madrid— las pidió nueve meses después de que se emitiera el informe de la Guardia Civil sobre el que se sustentan.

Esta causa judicial se abrió en 2018 por presunto enaltecimiento terrorista por los homenajes a los reclusos de ETA. El pasado octubre, García-Castellón consideró agotado el sumario y decidió no prorrogarlo más. En diciembre, la Fiscalía presentó el escrito donde concluye que existió una coordinación para organizar estos actos de humillación a las víctimas y, por ello, propuso sentar en el banquillo a seis sospechosos: a los antiguos etarras Antonio López Ruiz, alias Kubati; Carlos Sáez de Eguilaz, Kai; y Felipe San Epifanio, Pipe; a Haymar Altuna y Oihana Garmendia, de Sortu; y a Oihana San Vicente, de Kalera Kalera.

Sin embargo, el magistrado García-Castellón admitió en enero la petición de Dignidad y Justicia para practicar nuevas pruebas y consideró que “el cierre de la instrucción” que había decretado “fue prematuro”. El magistrado aceptó indagar sobre la existencia de esos tres chats de Telegram supuestamente utilizados para “promover campañas y movilizaciones a favor de los presos de la organización terrorista”. Según señaló en un auto, los etarras Kai y Pipe participaban en esos grupos de mensajería, por donde recibían “abundante información”, “directrices” e “instrucciones” sobre actos y movilizaciones, así “como mensajes sobre la puesta en libertad de los presos de ETA”. Por su parte, la Fiscalía no apreció ningún indicio de “actividad criminal” en esos canales de mensajería y, además, subrayó que el contenido de esas conversaciones resulta “ajeno” al objetivo de estas pesquisas: “Ni se imparten directrices e instrucciones, ni la actividad desplegada en dicho medio de comunicación social es constitutiva de actividad criminal de ningún género”.