La segunda operación contra la compra de votos en Melilla se salda con 33 detenidos

La segunda fase de la operación que investiga la compra de votos en Melilla en las elecciones municipales y autonómicas del pasado 28 de mayo, y por la que fueron arrestados este martes el líder de Coalición por Melilla (CpM), Mustafa Aberchán y otros dirigentes de esta formación local, acumula ya 33 detenidos, según ha informado este viernes el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Cinco de los arrestados han ingresado en prisión, entre ellos el propio Aberchán y varios exconsejeros del Gobierno autónomo, y un sexto ha eludido la cárcel tras el pago de una fianza de 5.000 euros. El resto ha quedado en libertad con medidas cautelares como la prohibición de salir de España, la obligación de entregar el pasaporte y comparecencias quincenales ante el juzgado.

La mayoría de estos últimos son pequeños empresarios y autónomos a los que se investiga por la supuesta colaboración con la trama para amañar contratos públicos por un valor de seis millones de euros en la anterior legislatura (2019-2023), cuando CpM formaba parte de un tripartito presidido por Eduardo de Castro (inicialmente de Ciudadanos y luego expulsado de ese partido) y en el que también estaba el PSOE. La causa se instruye por los delitos de fraude en la contratación, prevaricación, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal.

La titular del Juzgado de Instrucción 2 de Melilla, María del Carmen Perles, que instruye la causa, considera que los dirigentes de CpM arrestados son integrantes de una “organización criminal” que de forma “planificada” desvió fondos a través del amaño de contratos públicos para “corromper” los resultados de las elecciones autonómicas de 2019 y 2023. En un escrito, la magistrada señalaba que, con ello, CpM pretendía “alcanzar el Gobierno” ―lo consiguió en aquellos primeros comicios cuando se integró en el tripartito tras conseguir 10.472 votos y convertirse en la segunda fuerza política más votada, tras el PP― e intentar “mantenerse” en el mismo tras las elecciones del 28 de mayo del año pasado mediante la compra de votos.

La jueza recalcaba en su escrito que hubo “una distribución de funciones entre las personas implicadas” en lo que denomina “entramado delictivo”. Además, de Aberchán, en esta segunda fase de la operación ha sido detenidos Dunia Almansouri, su número uno para el 28-M y exconsejera de Hacienda; Rachid Bussian Mohamed, exconsejero de Infraestructuras, Urbanismo y Deportes; Hassan Mohatar, exconsejero de Medio Ambiente y Sostenibilidad; Mohamed Ahmed Al-Lal, exconsejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana y que ya fue detenido en mayo en la primera fase de la operación; Fátima Mohamed Kaddur, exviceconsejera del Mayor y Relaciones Vecinales, y Yonaida Sel-lam, presidenta de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Melilla (Emvismesa).

La bautizada como Operación Santiago-Rusadir había tenido una primera fase el 23 de mayo del año pasado, solo cinco días antes de los comicios autonómicos del 28-M. Entonces, la Policía Nacional detuvo a una decena de personas, entre ellas Mohamed Ahmed Al Lal, alias Himmi, en aquel momento consejero en funciones de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana de aquel Gobierno y número tres de la lista electoral de CpM para el 28-M. También fueron arrestados Abdelilah N., yerno de Aberchán, y un hermano de aquel.

Todos ellos fueron acusados de delito electoral y de pertenencia a grupo criminal después de que se detectase una presunta trama de compra de votos cuyos integrantes recorrían las barriadas humildes de la ciudad autónoma en busca de personas dispuestas a vender su sufragio a cambio de cantidades que oscilaban entre los 100 y los 150 euros. Aquellos arrestos frustraron supuestamente el fraude electoral. El 28-M CpM terminó obteniendo 5.557 votos, poco más de la mitad que cuatro años antes, y logró cinco de los 25 consejeros, tres menos que en las elecciones anteriores, lo que le obligó a pasar a la oposición y perder las consejerías.

Según fuentes cercanas a la investigación, la trama utilizaba las cuatro consejerías que estuvieron en manos del partido localista durante la anterior legislatura para desviar dinero público mediante la adjudicación presuntamente irregular de contratos menores, la mayoría de menos de 10.000 euros, así como de diversas subvenciones. La sospecha recae en aquellas adjudicaciones que fueron troceadas en partidas más pequeñas para evitar la convocatoria de concursos públicos y, de este modo, tener manos libres para adjudicarlos evitando su fiscalización.

Las pesquisas permitieron ya en mayo identificar a 15 autónomos y seis pequeñas empresas ―la mayoría con un solo empleado― como supuestas beneficiadas de estos amaños. La magistrada ordenó entonces al Gobierno melillense que suspendiera cualquier pago que estuviera previsto hacer a estas empresas por parte del propio ejecutivo, empresas municipales o sociedades públicas dependientes del mismo. Estos eran en su mayoría albañiles que trabajaban como autónomos y los administradores de mercantiles dedicadas a la construcción. Entre ellos están buena parte de los detenidos esta semana y que ahora han sido puestos en libertad provisional.

La investigación ha revelado que una parte de estos fondos desviados presuntamente por la trama era destinada a la compra de votos, mientras que otra servía para pagar a individuos que ejercían de matones ante terceras personas. Las pesquisas buscan también indicios de si hubo enriquecimiento personal por parte de alguno de los principales implicados.