La Policía pidió a la Generalitat de Cataluña cuantificar los gastos de un gambiano tutelado para investigarle por fraude

La Policía ha explorado una vía para abrir procesos penales por fraude contra migrantes de Gambia que se benefician del sistema de acogida a menores y que resultan ser, tras las pruebas practicadas por la Fiscalía, mayores de edad. La estrategia policial, que no ha fructificado por ahora, se ensayó en Lleida por primera vez hace cuatro meses. La Brigada de Extranjería había detectado un aumento de casos de jóvenes que han permanecido tutelados en centro de la Generalitat, con cargo al erario público, y que, finalmente, han sido considerados adultos. Y pensó que abrir una investigación a esos jóvenes por fraude podía ser una forma de frenar esa tendencia.

El 26 de octubre de 2023, la Brigada de Extranjería y Fronteras (GOE) de Lleida remitió un escrito a la Dirección General de la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), el organismo de la Generalitat que acoge a los menores. Los agentes querían saber cuánto dinero se había gastado la administración en el “alojamiento, manutención, formación sanidad y asesoramiento jurídico” de un joven gambiano que permaneció en centros de acogida y que, según un decreto de la Fiscalía, acabó siendo considerado mayor de edad. En el documento, al que ha accedido EL PAÍS, la inspectora jefa del GOE solicitó a la Administración los gastos ocasionados, también, a “asociaciones, administraciones públicas y organizaciones no gubernamentales”.

La iniciativa policial se pensó para los jóvenes que están llegando de Gambia a Canarias porque la Policía mantiene la sospecha generalizada de los gambianos usan pasaportes falsos para hacerse pasar por menores de edad cuando no lo son. Ante las dudas sobre la veracidad de esos documentos, se está sometiendo a jóvenes a las pruebas de determinación de edad, señaladas por la comunidad científica y por la jurisprudencia por su amplio margen de error. El Tribunal Supremo ha sostenido que la documentación oficial presentada por menores debe prevalecer salvo que haya sido invalidada por el país de origen.

El objetivo de esa petición de información, según ha confirmado a este diario un portavoz oficial de la policía, era explorar la posibilidad de abrir un procedimiento penal contra el joven gambiano por un presunto delito de fraude en subvenciones. El Código Penal castiga a quien obtenga “subvenciones o ayudas” de las administraciones “falseando las condiciones requeridas”. En este caso, el dato falseado sería la edad. El delito prevé una pena atenuada (de tres meses a un año de cárcel o bien el pago de una multa) para cantidades que sobrepasen los 10.000 euros, pero no lleguen a 100.000. Esa es la horquilla que barajó la policía, de que solicitara la información para ver si podía armar una causa penal.

La inspectora jefa de Extranjería impulsó la iniciativa y la planteó a la Fiscalía de Lleida, que según la portavoz dio su visto bueno para explorar esa vía. Consultado por ese oficio policial, el fiscal jefe de Lleida, Jorge Lucía Morlans, ha negado “tajantemente” que se trasladara esa petición o que el ministerio público tenga nada que ver con esa demanda de información. “Para la Fiscalía, esta línea de investigación no tiene ningún sentido. Es una iniciativa de la policía que nos causa una gran extrañeza”, ha explicado Lucía a este diario.

La Brigada de Extranjería de Lleida pretendía armar uno o dos casos potentes para “frenar el efecto llamada” y evitar que gambianos que resultan ser mayores de edad se vean beneficiados por un sistema de acogida que está pensado solamente para menores. “Cuando se estafa a la administración se deja de usar dinero para otros menores que sí lo necesitan”, añaden fuentes policiales.

Las pesquisas de la policía, sin embargo, quedaron en punto muerto y no se ha vuelto a plantear esta estrategia en ninguna otra provincia. Según la misma portavoz, el motivo de ese parón es que la Generalitat “no ha contestado” al oficio enviado por las autoridades. Consultado por esta circunstancia, un portavoz de la DGAIA confirmó que el organismo había recibido el requerimiento, que ignoraba su propósito y que, en cualquier caso, la administración iba a darle trámite.

“De un día para otro, estábamos en la calle”

La sospecha generalizada de la Administración española sobre los pasaportes gambianos busca evitar fraudes, pero también deja indefensos a muchos jóvenes que no pueden enfrentarse al sistema. La problemática ha afectado de lleno a Musa y Bakary (nombres ficticios), que partieron de Gambia y llegaron a Barcelona vía Canarias. La Policía los registró como mayores de edad, anotando un año de nacimiento distinto del que indica su documentación; después, cuando los pasaportes fueron enviados por las autoridades de Gambia, ese dato no se modificó. Fueron sometidos a las pruebas de edad ―un examen radiológico de los huesos de la mano izquierda cuya fiabilidad cuestionan organismos nacionales e internacionales― y la Fiscalía concluyó que eran adultos, por lo que tuvieron que abandonar el centro de acogida de menores donde estaban, en las afueras de Barcelona. “Tenemos un pasaporte que dice que somos menores, pero, de un día para otro, estábamos en la calle. Siempre nos echan a los negros, está claro que no nos quieren aquí”, se queja Musa.

La diferencia entre ser mayor o menor en casos como los de Musa y Bakary es “abismal”, dice su abogado Albert Parés, especialista en extranjería. “Si llegan siendo menores, se acogen al protocolo de protección― que les facilita la documentación para residir y trabajar legalmente en España―, pero si son mayores no se pueden tramitar los papeles”, señala. Cuando los dos chicos llegaron a Barcelona, los Mossos sí aceptaron provisionalmente la fecha de nacimiento de sus pasaportes y por eso fueron trasladados a un centro de acogida de la DGAIA. Parés incide en que cuestionar la validez de un pasaporte emitido por otro Estado contraviene la jurisprudencia del Tribunal Supremo y el derecho internacional.

Musa llegó a pasar once meses en el centro de acogida, a la espera del resultado de las pruebas. “A los tres meses nos deben asignar un piso de acogida. Participé en todas las actividades y guardé un comportamiento ejemplar y no sirvió para nada”, lamenta. Bakary estuvo allí solo tres meses y los pasó con el alma en vilo. En noviembre se confirmaron sus temores: tenían que irse del centro por mayores.

“Les mandan a la calle, a buscarse la vida... O tienes suerte, o esto significa vivir en una tienda de campaña bajo el Arco del Triunfo”, critica Parés, que ha recurrido las resoluciones sobre Musa y Bakary, pero admite que el tiempo se agota. Si la sentencia favorable llega cuando los afectados ya han cumplido la mayoría de edad, el reglamento de Extranjería prevé que puedan solicitar el permiso de residencia y trabajo que les correspondería como menores, pero deben acreditar medios de vida en el país. “¿Qué medios de vida va a tener una persona que lleva varios meses, desde la resolución de la Fiscalía hasta que hay sentencia, viviendo en la calle y sin poder trabajar?”, se pregunta.

La fundación Renta Corporación está costeando los estudios de Musa―la DGAIA dejó de pagar el colegio cuando la Fiscalía decretó su mayoría de edad― y ahora vive con Elisabeth y su familia, que ya estaban tramitando antes su acogida. Lamin continúa su formación en paletería y ha encontrado una habitación en un refugio social. Recibe ayuda económica, techo y comida a cambio de trabajar en las taras del centro. Los dos pertenecen a ese “reducido grupo de afortunados” que han encontrado un lugar donde vivir. “Yo estoy mejor que nunca, pero no sé hasta cuanto va a durar esto. Y me duele mucho ver a mis hermanos de Gambia y Senegal durmiendo en la calle, es muy duro. Fuera hace mucho frío”, confiesa Musa.