La Administración española desconfía de los pasaportes de menores de Gambia

Los casos se acumulan y son muy parecidos. Un joven llega en cayuco a Canarias, es de Gambia y dice que es menor. Antes o después presentará su pasaporte y puede que hasta la propia embajada emita un certificado de autenticidad, pero el veredicto será casi siempre el mismo: su documento es falso. Los menores de Gambia que están desembarcando en las islas se están encontrando con una dificultad añadida: nadie les cree. Un informe técnico de la Policía Científica ha sembrado dudas sobre la veracidad de los pasaportes gambianos y, aunque estos requerirían un análisis individual, en la práctica se aplica la sospecha generalizada. El resultado es que agentes y fiscales dudan de forma recurrente de la identidad de los jóvenes del país africano, lo que los obliga a emprender una odisea para demostrar que son menores. Y eso, si tienen la suerte de toparse con un abogado que les defienda; en la mayoría de los casos, se asume que son adultos y corren el riesgo de acabar en la calle.

“El pasaporte puede ser real, pero los datos no siempre lo son, porque han pagado para tenerlo”, advierte una fuente policial. “No siempre acertamos, pero hay abusos y pagan el pato los pocos que dicen la verdad”, sentencia. Fuentes jurídicas consultadas no dudan de que pueda haber irregularidades con los pasaportes de Gambia, pero también advierten de la indefensión de los chavales ante una sospecha generalizada. “Si se quiere cuestionar la validez de un pasaporte oficial expedido por un país al que España reconoce como Estado soberano, la única manera de hacerlo es impugnar de manera individual aquellos documentos sobre los que pesen indicios de falsedad”, explica una fuente familiarizada con estos casos. Coincide con la jurisprudencia ya marcada por el Tribunal Supremo.

Uno de los que parece haber pagado el pato es Ibrahim, nombre ficticio de un gambiano cuyo pasaporte dice que tiene 14 años. Su caso se hizo público la semana pasada después de que Fundación Raíces denunciara su situación ante el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas. La Fiscalía de Menores de Madrid había estudiado el expediente de Ibrahim, en el que constaba un pasaporte que obtuvo en Gambia antes de emigrar, un certificado de autenticidad de su embajada y un informe de la policía que manifestaba que no veía signos de falsedad en él. Ante la negativa del chico y su abogada a someterse a las pruebas de determinación de la edad, muy cuestionadas por su fiabilidad, el fiscal decretó que era un adulto. Inmediatamente después, Ibrahim tuvo que salir del centro de menores y se quedó en la calle. El Comité de la ONU solicitó a las autoridades españolas que aplicasen una medida cautelar para devolverle al centro.

Ibrahim fue el primero en salir a la luz, aunque hay muchos más como él. El caso de Lamin, que acaba de cumplir 17 años, según su pasaporte, es paradigmático: para las autoridades españolas es un adulto y no le permiten estar en un centro de menores, pero cuando ha acudido a los servicios sociales que atienden a los sin techo no le han admitido porque en su documentación pone que es menor de edad. Además, a pesar de que ni la Fiscalía ni la policía dan credibilidad a su documento, no lo han denunciado a los órganos judiciales por falsedad documental. Lamin estaría durmiendo en la calle si no fuese porque le ha acogido una familia en Almería. Le gustaría continuar sus estudios. “No entiendo por qué no me creen”, cuenta por videollamada. “Nunca se me pasó por la cabeza tener un pasaporte falso, ¿para qué?”, cuestiona.

Considerados adultos desde que pisan tierra

La historia de este joven se complica nada más poner en octubre el pie en la isla de El Hierro. Llegó traumatizado después de una semana de travesía por el Atlántico durante la cual uno de los ocupantes de su cayuco murió tras lanzarse al mar, probablemente enajenado por las alucinaciones. Lamin asegura que desde el primer momento insistió en que era menor de edad, pero que la intérprete que tradujo su declaración a la policía le acusó de mentir. “Pasamos una semana en mitad del Atlántico, sin dormir, sin comer bien, ¿qué aspecto esperas que tenga cuando me bajo del cayuco? ¿Cómo debo parecerte para que creas que soy menor?”, cuestiona el chico.

No es el primer relato que señala cómo esa misma intérprete acaba condicionando el destino de los jóvenes que llegan a Canarias. El Defensor del Pueblo ya recogió, en un informe de 2021, algunas quejas como esta: “En uno de los centros de acogida humanitaria visitados en Tenerife, un numeroso grupo de presuntos menores coincidieron al relatar que la citada intérprete les había indicado que no debían declararse menores de edad”. En octubre, EL PAÍS recopiló los testimonios de una decena de chicos de Senegal que denunciaron la misma práctica. Contactada por EL PAÍS, la traductora defiende su trabajo y asegura, sin ningún dato que la respalde, que el 99% de los chicos que dicen ser menores de edad no lo son. “Te mienten en la cara. Nadie conoce el perfil del negro como yo. Dicen lo que los organizadores les recomiendan y, cuando yo les explico lo que pasa si dicen que son menores y no lo son, se retractan”.

Tras su conversación con la intérprete, Lamin fue retirado del grupo de los menores y pasó al de los adultos. Acabó en un centro de acogida de Barcelona. Cuando le obligaron a irse, durmió a un parque. “Pasé una semana en la calle, mendigando comida. Nadie me ayudaba porque pensaban que estaba loco”, recuerda muy afectado. Lamin decidió marcharse a Almería y allí, casi por casualidad, dio con Francisco Morenilla, el abogado que lo representa y que ha llevado su caso hasta los tribunales. “Me cabrearon las barbaridades que han hecho con él, tanto la policía como la Fiscalía”, explica. Ni la Fiscalía, ni la policía han respondido oficialmente sobre esta problemática.

Dos pasaportes que conviven

Gambia tiene dos tipos de pasaporte, uno biométrico con identificación dactilar y que se emite con el interesado presente, y otro modelo de 2002, sin datos biométricos y que puede obtenerse en la distancia. Ambos son legales y válidos para las autoridades del país, aunque la policía española manifiesta en su informe su desconcierto por la convivencia tan prolongada de los dos tipos de documento. Según el informe técnico policial al que ha tenido acceso EL PAÍS, el pasaporte de Lamin es el considerado más sospechoso porque no contiene datos biométricos. Fueron sus padres, sus representantes legales, los que desde Gambia le gestionaron la emisión y el envío del documento basado en su acta de nacimiento. En otros casos, como el de Ibrahim, también se desconfía de los pasaportes obtenidos con el interesado presente y con identificación dactilar.

La Fiscalía, que es quien decreta la minoría de edad de los extranjeros que llegan solos en patera, puso en duda la credibilidad de los documentos de Lamin. Se basó en el informe técnico general sobre los pasaportes y las observaciones de los agentes. El letrado, que ha recurrido en el juzgado la baja de Lamin del centro de menores, rebate los argumentos de la fiscal: “Insistimos en nuestras serias dudas acerca de las competencias en materia caligráfica de los agentes. Recordemos que el informe [de este caso concreto] no viene firmado por la unidad científica de la Comisaría Provincial de Policía Nacional, sino por la Brigada de Extranjería”.

La fiscal vio también “una discrepancia manifiesta” entre la apariencia física de Lamin y la edad que dice tener. EL PAÍS ha conversado con el chico por videollamada durante más de media hora y, aunque muestra bastante madurez al expresarse, podría tener los 17 años que dicen sus documentos. En su decreto, la fiscal considera un indicio de su mayoría de edad que Lamin, por consejo de su abogado, se negase a someterse a las pruebas de determinación de la edad, en este caso una radiografía de la muñeca. Sin embargo, la negativa de los letrados es recurrente por las dudas sobre un procedimiento cuestionado por organismos nacionales e internacionales. En estos casos, el Defensor del Pueblo defiende que cuando el migrante aporta documentación identificativa (acta de nacimiento o pasaporte) no impugnada, “no parece razonable someterles a pruebas para determinar la edad” porque podría contravenir la Convección de los Derechos del Niño y la jurisprudencia del Tribunal Supremo al respecto.

La embajada de Gambia emitió un certificado para confirmar los datos que constan en el pasaporte y asegurar que es “válido” y “auténtico”, pero no sirvió de nada. La Embajada de Gambia no ha respondido ni a las llamadas ni al correo electrónico enviado por EL PAÍS. La fiscal, que no se cree nada de lo que cuenta Lamin, decretó su mayoría de edad y el chico tuvo que salir del centro de menores donde había logrado que lo aceptasen.