La ONU interviene para sacar de la calle a un menor llegado en cayuco a Canarias

La letra es nueva, pero la melodía se repite. Niños migrantes que llegan a España solos y acaban batallando como David contra Goliat hasta demostrar que son menores de edad porque nadie les cree, aunque tengan documentos que lo confirmen. El último de estos casos lo protagoniza Ibrahim, nombre ficticio de un chico gambiano cuyo pasaporte dice que tiene 14 años. Ibrahim desembarcó en Gran Canaria en agosto de 2023 con la foto de su acta de nacimiento en su teléfono móvil. Fue tratado como un adulto y trasladado primero a un centro de acogida de Granada y después a otro de Barcelona, hasta que acabó en Madrid, en la calle. Su caso llegó a manos de Fundación Raíces, que logró que ingresara en un centro de menores, pero semanas después la Fiscalía lo citó para someterlo al procedimiento de determinación de la edad. Por entonces, Ibrahim ya tenía su pasaporte original y su abogada se negó a que se hiciera unas pruebas muy cuestionadas por su fiabilidad. Ante la negativa, el fiscal pidió a la policía un informe pericial sobre el documento y, aunque esta no vio signos de falsedad, la Fiscalía acabó decretando su mayoría de edad. Y, desde el lunes, el niño volvió a la calle. Ahora, el Comité de Derechos del Niño de la ONU ha pedido a España que se aplique una medida cautelar para sacar a Ibrahim de la calle y llevarlo a un centro de menores. Un dictamen para evitar “un daño irreparable” mientras se resuelve definitivamente su caso.

Ibrahim había solicitado su pasaporte en Gambia antes de subirse a un cayuco, pero la expedición del documento se demoró hasta que ya se encontraba en España. El mismo día que lo recibió, a finales de 2023, se fue hasta a su embajada acompañado por una letrada de Fundación Raíces, y salió con un documento en el que se certificaba que nació el 9 de diciembre de 2009 en Fajikunda (Gambia) y otro en el que se aseguraba que el pasaporte era “válido y auténtico”. Con esa documentación, la organización llamó a la Policía Nacional para que lo llevase hasta un centro de menores de Madrid, en el que fue aceptado.

Ese mismo día la ONG informó a la Comunidad de Madrid y a la Fiscalía del ingreso del niño, y alertó de que no procedía someter al chico a un proceso de determinación de edad teniendo en cuenta que ya contaba con el pasaporte original. “Son miles los niños que están en Canarias a la espera de una correcta identificación para ser protegidos y cientos los que se encuentran en Madrid en centros de adultos como el de Alcalá de Henares o Carabanchel, muchos de ellos con documentación que acredita su minoría de edad, pero sin ser protegidos”, denuncia la presidenta de Fundación Raíces, Lourdes Reyzábal.

La Fiscalía convocó igualmente a Ibrahim para someterlo a estas pruebas forenses (radiografía de la mano y muñeca y de la mandíbula). Si se negaba, le advirtió, eso podía ser interpretado como un indicio revelador de su mayoría de edad. Ibrahim, aconsejado por su abogada, se negó. Por varios motivos: las pruebas de edad llevan años siendo cuestionadas por su escasa fiabilidad y, de hecho, está pendiente de aprobarse una ley para diseñar un nuevo proceso de determinación de la edad de los menores migrantes, que incluya muchos más elementos que una radiografía. Otro motivo es que la jurisprudencia ya respalda que supuestos menores con documentación original que certifica su edad y que, además, son indubitadamente menores, no tienen por qué someterse a las pruebas.

El fiscal pidió entonces a la policía un informe pericial sobre el pasaporte del chico. Los documentos de Gambia ya cuentan automáticamente con las sospechas de las autoridades españolas. Un informe técnico de la Policía Nacional ha vertido dudas sobre ellos y, en los últimos meses, el caso de Ibrahim viene repitiéndose en otros lugares. El país africano tiene dos tipos de pasaporte: uno que se basa en datos biométricos, para cuya emisión se exige que la persona esté presente y del que no tiene por qué dudarse a no ser que haya indicios de falsificación; y otro que no exige datos biométricos ni la presencia de los interesados, por lo que se considera dudoso de inicio, según las fuentes consultadas. “Hay que estudiar cada caso, no se puede generalizar”, explicaba la fiscal de Sala de Trata y Extranjería, Beatriz Sánchez, en una entrevista con EL PAÍS la semana pasada. “Hay que ver cómo se ha obtenido, si se ha obtenido antes de que saliera del país, si se ha obtenido cuando la persona ya estaba aquí y, por lo tanto, no ha podido estar presente y a lo mejor no ha seguido el cauce establecido por ley”, añadió.

“Dudas de fiabilidad”

En cualquier caso, el fiscal, que contaba con un documento de la policía en el que no se apreciaban signos de falsedad, dictó un decreto de mayoría de edad ante las “dudas de la fiabilidad de los datos consignados en el pasaporte por las autoridades gambianas”. La Fiscalía de Madrid no ha respondido a las preguntas de EL PAÍS.

Con el decreto del fiscal, el centro de menores sacó al chico de sus instalaciones. Y con los recursos para personas sin hogar llenos, Ibrahim se quedó en la calle. La abogada del chico solicitó el pasado 2 de febrero a los Juzgados de Primera Instancia de Madrid la adopción de medidas cautelares de protección urgente y, ante la falta de respuesta, el día 8 de febrero solicitó a la ONU su intervención. El juzgado ha acabado respondiendo en paralelo al Comité y ha denegado las medidas cautelares solicitadas, una decisión que la organización recurrirá. En cualquier caso, la decisión del juez no debe anular el dictamen del Comité, que deja en manos de la Fiscalía o de la propia Comunidad de Madrid el cumplimiento de la medida de readmitirlo en un centro para menores.

Fundación Raíces tiene en su cartera los casos de un centenar de supuestos menores que llegaron a Canarias y que, a pesar de estar pendientes de que se determine su edad, siguen viviendo en centros de acogida de adultos. En este caso, el Comité de Derechos del Niño no juzga el fondo del caso, sino que se limita a pedir medidas de protección hasta que se decida la cuestión, pero esta se suma a otras 14 veces en las que ha actuado contra el criterio de España en la protección de los niños que migran solos. Y siempre se cuestiona el procedimiento de determinación de la edad. Fundación Raíces recuerda: “España ha violado numerosos artículos de la Convención sobre los Derechos del Niño al no tomar como cuestión primordial el interés superior del niño durante el procedimiento, ante la falta de consideración de los documentos de identidad oficiales y originales del niño emitidos por un país soberano, al someterlos a pruebas médicas estando documentados o al declararlos mayores de edad tan solo por su negativa de someterse a pruebas radiológicas y no habiendo sido asistidos por ningún tutor ni representante, tal y como el niño había designado para defender sus intereses”.