El Tribunal Supremo anula el traspaso a Navarra de las competencias de la Guardia Civil en materia de tráfico
La Sala de lo Contencioso considera que esta transferencia no puede hacerse por real decreto, sino que exige una ley orgánica o reformar la ley del régimen foral
El Tribunal Supremo ha anulado el real decreto por el que, en abril de 2023, se traspasaron a la Comunidad de Navarra las competencias de tráfico que hasta entonces tenía la Guardia Civil. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha admitido el recurso que presentó la asociación Justicia Guardia Civil (JUCIL) al considerar que este traspaso no podía hacerse por un real decreto, ya que ni la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (Lorafna) ni el derecho histórico reconocen las competencias de tráfico para la comunidad. Los magistrados concluyen que esas competencias podrán asumirse por Navarra, “pero, o bien reformando la Lorafna, o bien mediante una ley orgánica”.
La cesión de las competencias exclusivas de tráfico y seguridad vial, de la que gozan País Vasco y Cataluña, era una reivindicación histórica de Navarra que han mantenido presidentes de todos los partidos que han pasado por el Gobierno foral. El Ejecutivo de José María Aznar (PP) se comprometió al traspaso en el año 2000 con el entonces presidente navarro, Miguel Sanz, de UPN, pero el acuerdo no llegó a concretarse. UPN insistió en su petición, sin éxito, en los años siguientes y, por fin, en octubre de 2018, ya con Pedro Sánchez en La Moncloa, el Gobierno central y la entonces presidenta navarra, Uxue Barkos (Geroa Bai), cerraron un acuerdo para el traspaso de estas competencias a partir de mayo de 2019. El plazo se incumplió, pero el compromiso se mantuvo y, en abril de 2023, el Gobierno aprobó un real decreto con las condiciones del traspaso, que empezó a hacerse efectivo en julio.
El tribunal no rechaza que la comunidad foral pueda asumir en exclusiva las competencias de tráfico, pero sostiene que ese traspaso no puede hacerse por real decreto porque no está previsto en la Lorafna (la norma institucional básica de la Comunidad de Navarra, el equivalente a los Estatutos de autonomía en otras comunidades). Los magistrados explican que, aunque esta norma no contemple ese traspaso, este podría hacerse por un acuerdo entre el Gobierno central y el foral si las competencias de tráfico formaran parte del derecho histórico de la comunidad, para lo cual hay que analizar qué competencias en materia de tráfico y seguridad vial tenía navarra antes de promulgarse la Lorafna. Y la “realidad normativa posterior y previa” a la Lorafna, destaca la sentencia, es que la competencia ha sido siempre de la Guardia Civil y la Policía Foral ejercía una función “auxiliar, subordinada, colaborativa o cooperación”.
“La realidad es que del estado competencial existente al tiempo de promulgarse la Lorafna no se deduce que la Comunidad Foral tenga una competencia que incluya las funciones que, en su lugar, ejerce la Guardia Civil (…), sí las que ejerce en concurrencia, pero en esa concurrencia Navarra ejerce una competencia concretada en funciones de colaboración o cooperación con la Guardia Civil y son las que ésta ejerce las que pretenden traspasarse sin ostentar Navarra un título competencial, ni con la Lorafna ni antes de promulgarse”, advierte el Supremo.
La sentencia rechaza la alegación que había presentado la comunidad foral de falta de legitimación de la asociación JUCIL para presentar el recurso contra el traspaso de competencias. Para oponerse a este argumento, el Supremo utiliza el propio escrito presentado por el Gobierno autonómico. “Paradójicamente, la mejor defensa de la legitimación activa de JUCIL la hace la propia Comunidad Foral de Navarra. Para negársela, sostiene que el traspaso no afecta a la Guardia Civil y a renglón seguido, alega que los intereses profesionales, personales y familiares de los guardias civiles afectados por el traspaso están satisfechos. Para ello nos dice que podrán cambiar de funciones o seguir desempeñándolas ‘en otros destinos geográficos’, es decir, yéndose de Navarra o, en fin, podrán integrarse en la Policía Foral de Navarra”. Según el tribunal, “es obvio que cualquiera de esas alternativas incide, al menos, en los intereses profesionales de los guardias civiles y lo hace hasta el punto de prever su integración en otro cuerpo policial”.
La presidenta del Gobierno de Navarra, la socialista María Chivite, ha comparecido ante los medios para aclarar que van “a actuar para que esta competencia esté en Navarra”. Chivite ha insistido en que el Supremo no pone en cuestión que se pueda realizar el traspaso de Tráfico y Seguridad Vial a Navarra, sino que ha anulado el procedimiento empleado para ello. No ha concretado de qué modo lo harán y ha pedido tiempo para analizar en profundidad la sentencia y sus consecuencias.
La Opción del Real Decreto
Respecto a por qué optaron por un Real Decreto de Traspaso, la presidenta foral ha detallado que se basaron en la jurisprudencia anterior del propio Tribunal Supremo: “Tanto el informe de la Asesoría Jurídica del Gobierno de Navarra como el informe de las letradas del Parlamento de Navarra concluyeron que la vía del Real Decreto era la correcta para dar soporte jurídico al mecanismo de traspaso”. Es decir, el fallo del Supremo, entiende Chivite, no casa con su propia jurisprudencia anterior.
La transferencia se hizo efectiva el 1 de julio de 2023 y su asunción se estaba realizando de manera progresiva. Hasta este momento, Navarra había adquirido, por ejemplo, las competencias para la autorización de centros médicos para reconocimientos o para la recuperación de puntos, para dar de alta vehículos, profesores e inspecciones de autoescuelas; para la elaboración de campañas divulgativas de educación y formación o para el cobro de tasas por todas las gestiones relacionadas con Tráfico. Todavía desconocen qué va a pasar con estas cuestiones concretas, si se revierte su gestión o si la Comunidad foral seguirá controlándolas hasta que se aclare el traspaso. Lo que sí han dejado claro es que la sentencia del Supremo no afecta a situaciones jurídicas anteriores para el ciudadano. Es decir, no afectará, por ejemplo, a quienes hayan recuperado los puntos del carnet en este tiempo o hayan dado de alta su vehículo en el sistema. En estos momentos, Policía Foral y Guardia Civil se seguían repartiendo el control y vigilancia de las carreteras navarras.
Chivite ha criticado que el Supremo ni siquiera les ha comunicado directamente la resolución: “Nos sorprende que nos hayamos enterado de este tema por la prensa, por los medios de comunicación, antes de que el propio tribunal nos comunicara la sentencia. Cosa que resulta curiosa, vamos a dejarlo ahí”.
