El traspaso de Tráfico a la Policía Foral de Navarra comenzará en julio y será gradual

Navarra asumirá en exclusiva el control del tráfico en todas sus carreteras desde el 1 de julio, según ha anunciado este jueves la presidenta de la comunidad, la socialista María Chivite. Durante un periodo máximo de cinco años, la Policía Foral y la Guardia Civil seguirán ejerciendo conjuntamente la labor de vigilancia de las carreteras.

Se cierra así un largo capítulo en la historia de las trasferencias del Estado central a la comunidad, que comenzó a discutirse en época de José María Aznar. Es la tercera competencia transferida durante esta legislatura a la comunidad foral, tras las de Seguridad Penitenciaria y el Ingreso Mínimo Vital.

La asunción de esta nueva competencia implica que la Policía Foral termine siendo el único cuerpo que patrulle y atienda las vías navarras. Además, la Administración foral pasará a gestionar las denuncias por infracciones, sean interpuestas por agentes o sistemas automáticos, y las acciones finales que se decidan, como las multas o la detracción de puntos. También asumirá la gestión, control e inspección de los cursos de sensibilización y reeducación vial que han de realizar los conductores como consecuencia de la pérdida de puntos en el carné. Asimismo, pasará a controlar las autoescuelas y los centros de reconocimiento de conductores y a planear y ejecutar las campañas divulgativas en educación y formación vial. La policía autonómica será ahora la competente en las deportivas y marchas ciclistas y gestionará los datos de accidentes y otras estadísticas. El próximo martes 14 de marzo se reúne el Gobierno foral con los partidos políticos para detallar el acuerdo y será, a partir de entonces, cuando se determine la fecha de reunión de la Junta de Transferencia.

Con todo, caso, la transferencia no será inmediata, sino progresiva. Habrá un periodo —inferior a cinco años— durante el que Policía Foral y Guardia Civil seguirán ejerciendo conjuntamente las labores de control del tráfico en carretera. Luego, el cuerpo autonómico las asumirá en exclusiva, como ya ocurre con la Ertzaintza en el País Vasco y los Mossos d’Esquadra en Cataluña.

La cuestión de que Navarra tenga las competencias exclusivas en materia de Tráfico y Seguridad Vial se remontan al año 2000, después de las elecciones generales de marzo, cuando el presidente del Gobierno en funciones, José María Aznar, se comprometió al traspaso en el periodo 2000-2001 con el máximo dirigente foral, Miguel Sanz, de UPN, pero el acuerdo no se concretó. Nueve años después, en 2009, UPN volvió a pedirla en el Senado, también sin éxito. Hubo que esperar hasta el 31 de octubre de 2018, cuando la entonces presidenta navarra Uxue Barkos (Geroa Bai) y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acordaron acometer de manera definitiva el traspaso y le pusieron fecha: mayo de 2019, pero tampoco se logró.

Las elecciones autonómicas de aquel año trajeron al poder a la socialista María Chivite y el nuevo Ejecutivo y La Moncloa constituyeron una comisión negociadora que, por cuestiones técnicas, han ido retrasando el acuerdo, hasta que en noviembre, en plenas conversaciones para el acuerdo de Presupuestos Generales del Estado, El Gobierno y EH Bildu pactaron la fecha del 31 de marzo como fecha límite para la transferencia.

Polémica por el traspaso

La asunción en exclusiva de las competencias por parte de la Policía Foral ha sido el aspecto de la trasferencia que más polémica ha causado en los últimos meses. A pesar de que la potestad ha sido demandada históricamente por todos los grupos que han gobernado en Navarra desde Miguel Sanz (UPN), la derecha ha aseverado en multitud de ocasiones que el objetivo del Gobierno regional actual es expulsar a la Guardia Civil de la Comunidad.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, calificó el acuerdo entre el Gobierno y EH Bildu de “pago a los herederos de ETA”, a pesar de que el PP lleva años contemplando la misma medida para Galicia, donde gobierna con mayoría absoluta. Feijóo apoyó la transferencia de las competencias de tráfico a Galicia en 2008, medida que no salió adelante a pesar del apoyo de PP y socialistas y nacionalistas gallegos, pero luego fue frenada en el Congreso por el PSOE. Ahora, el PP gallego mantiene bloqueada una iniciativa de retomar la transferencia tras recibir esta las críticas de una asociación de guardias civiles.

En el caso de Navarra, la medida ha recibido el rechazo del diputado tránsfuga de UPN Carlos García Adanero, que en los próximos comicios se presentará como candidato a la alcaldía de Pamplona bajo las siglas del PP, y que calificó en el Congreso que el traspaso “es un insulto a la Guardia Civil”. Adanero omitió en sus críticas el hecho de que cuando se aprobó por primera vez la transferencia entre Aznar y Sanz, él era ya parlamentario de UPN. Además, recién elegido como secretario general de su entonces partido, la senadora de UPN María Caballero presentó una moción en la Cámara alta para reivindicar que se formalizara la transferencia.

La medida no supone, como se ha dado a entender desde las filas de la derecha, la expulsión de la Guardia Civil de Navarra, donde en la actualidad trabajan 1.581 guardias, de los que solo 150 están destinados al servicio de tráfico. A partir de ahora estos podrán optar por pedir un nuevo destino dentro de la Agrupación de Tráfico, ser recolocados en otros servicios del cuerpo en Navarra o incorporarse a Policía Foral, como funcionarios autonómicos, a través de una “pasarela” que activará la Junta de Transferencias. El Ejecutivo autonómico calcula que necesitará 149 efectivos más en el cuerpo policial navarro para cubrir las labores de vigilancia y control de tráfico, que se sumarán a los 227 agentes forales que se dedican a esa labor, de un total de 1.107 policías autonómicos. El acuerdo de transferencia contempla que, hasta que la Policía Foral incorpore a esos 149 agentes, esta compartirá esa función con la Guardia Civil.

Los efectivos de la Guardia Civil seguirán distribuidos en el medio centenar de cuarteles que hay en Navarra, dedicados, como hasta ahora, funciones de seguridad pública sobre todo en el ámbito rural, labores de rescate en montaña, de protección de la naturaleza o de control de armas.

La noticia de la fecha del traspaso ha sido recibida con satisfacción por los grupos que componen el Gobierno de Navarra —PSN, Geroa Bai y Podemos—, EH Bildu e Izquierda-Ezkerra. Por su parte, UPN también ha valorado la asunción de la competencia, aun con críticas de su presidente, Javier Esparza, que ha censurado que el anuncio se haya trasmitido antes a los medios de comunicación que a los parlamentarios. Esparza ha confirmado que la formación regionalista apoyará la firma de esta transferencia, a la que se oponen PP y Ciudadanos, sus socios dentro la coalición de Navarra Suma. En lo que sí coinciden los tres grupos es en que no es necesario apartar a la Guardia Civil de la prestación del servicio. En esta línea, asevera Esparza, el control del tráfico se puede seguir realizando “de manera conjunta entre la Policía Foral y la Guardia Civil porque ningún ciudadano nos ha trasladado que quiera que la Guardia Civil de Tráfico deje de prestar ese servicio en Navarra”.