Frontex y España llegan a un acuerdo ‘in extremis’ para retomar las operaciones contra la inmigración irregular

España y la agencia europea de fronteras (Frontex) han llegado por fin a un acuerdo para retomar sus operaciones conjuntas contra la inmigración irregular. La actividad de la agencia, que tiene barcos y aviones y más de 300 agentes desplegados en España, se reanudará la noche de este lunes, tras cinco días suspendida. Ambas partes tenían de plazo hasta el pasado martes para aprobar el marco de las operaciones de 2024, pero no fueron capaces de llegar a un acuerdo. La clave fue la resistencia de las autoridades españolas a “perder la titularidad y la responsabilidad” de los datos personales que se obtienen de los inmigrantes, según explicaron fuentes de Interior. Sin acuerdo, no había base legal para actuar y toda la actividad de la agencia se paralizó, según reveló EL PAÍS el pasado jueves. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró ese mismo día que se trataba de una cuestión técnica y que se resolvería “en cuestión de horas, más que de días”. Finalmente, ha habido firma, in extremis, en un procedimiento “simplificado y urgente” y casi cinco días después. El acuerdo final contiene una solución intermedia para contentar a ambas partes, según fuentes al tanto de las negociaciones, y concede a España el control total de determinada información más sensible. “Valoramos nuestra asociación y esperamos otro año de esfuerzos de colaboración en la gestión de fronteras”, ha afirmado a EL PAÍS un portavoz de la agencia.

No es tan raro que las autoridades y la agencia mantengan ciertas disputas de poder, pero la falta de entendimiento en estas negociaciones provocó una situación inédita. España no solo era el único país de la UE que seguía sin firmar su plan operativo para 2024, sino que, de la noche a la mañana, quedaron suspendidas todas las actuaciones de Frontex en el Mediterráneo, el mar de Alborán y las islas Canarias. Con las posiciones enrocadas, la agencia se dio un plazo de una semana para convenir el plan o aseguró que se retirarían todos los recursos desplegados en España. Entre otras cosas, porque su presencia aquí cuesta miles de euros cada jornada, aunque hayan estado parados como estos días. Además del coste de los aviones y barcos, que financia la agencia, los agentes de Frontex, dependiendo de su país de origen, cobran dietas de hasta 120 euros al día y de hasta 175 euros para su alojamiento en hoteles. En el tiempo en el que ha permanecido paralizada la colaboración, han llegado a España más de 2.500 personas de manera irregular.

Una fuente conocedora de las negociaciones mantiene que “era obvio” que debían llegar a un acuerdo. “Hay demasiados intereses en juego —entre otros, el económico—, pero, después de un año negociando los planes del ejercicio siguiente, no se entiende este retraso”, lamenta. Solo la Operación Indalo, que se desarrolla en el Mediterráneo y en el mar de Alborán, supone una inversión de unos 63 millones de euros que paga la Unión Europea. Pero había también una cuestión reputacional y es que España sería el único país comunitario que no consigue entenderse con una agencia clave para la UE en pleno repunte de llegadas. La agencia, por otro lado, aún arrastra una grave crisis de imagen por su gestión interna y su colaboración con devoluciones ilegales de migrantes en el mar Egeo.

El Ministerio del Interior y Frontex, efectivamente, negocian cada año el plan operativo en el que se enmarcan las tres operaciones que la agencia desarrolla en España (Península y Baleares, Canarias y Paso del Estrecho). En ese plan se regula toda la letra de pequeña de las actividades conjuntas y esto incluye desde las tareas de los oficiales, los objetivos de las operaciones, los medios desplegados, o qué se financiará. Pero el escollo en este episodio ha sido el uso de los datos de los inmigrantes que entran de forma irregular en el territorio. “España transmitió desde el principio que no estaba dispuesta a perder ni la titularidad ni la responsabilidad de los datos personales obtenidos en las operaciones conjuntas en España, posición que continuará defendiendo”, mantuvieron fuentes de Interior la semana pasada.

Cuando llega una patera, la Policía Nacional, pero también Frontex, entrevista a sus ocupantes. Se les pregunta, además de sus datos personales, la ruta que han hecho y el modus operandi de quiénes les han traído. El modo de conseguir esa información ha sido cuestionado por el Defensor del Pueblo, pero tanto las autoridades españolas, como la agencia, han defendido que es clave para entender los flujos migratorios, elaborar análisis de riesgo y, en el mejor de los casos, para desarticular las redes que facilitan la inmigración irregular. El plan operativo establece quién tiene el control de esos datos y qué uso se hace de ellos y España ha peleado por mantener el máximo dominio sobre esta información. Hay datos más sensibles que otros. No es lo mismo la información obtenida en una entrevista básica a un inmigrante que acaba de llegar que la que se hace a alguien sobre el que hay indicios de que ha cometido un delito transfronterizo, como el tráfico de personas. Esta última información es la que retendrá España, que decidirá con quién la comparte. La información más básica será procesada y controlada por ambos, según fuentes conocedoras de la negociación.

No está claro por qué la Dirección General de Relaciones Internacionales, que ha liderado las negociaciones por primera vez (antes las llevaban la Policía Nacional y la Guardia Civil), ha decidido dar la batalla por este tema. Fuentes de Interior explicaron que la agencia modificó su normativa de protección de datos el pasado 18 de enero y que ese cambio alteró las negociaciones porque había que adaptarlo a la normativa española, pero otras fuentes consultadas no veían el conflicto. “La propuesta que Frontex puso sobre la mesa apenas reflejaba en un papel lo que ya se hace sobre el terreno”, explica una de ellas.

“La información es poder”, ilustra Gil Arias, que fue director ejecutivo de la agencia de 2006 a 2016. Arias vivió y sufrió varios pulsos entre Frontex y España durante su mandato. Para entender las relaciones de poder entre unos y otros no solo hay que mirar a la agencia, sino tener en cuenta las disputas entre la Policía y Guardia Civil por el control de la información y las competencias. En su época, también amagó con suspenderse la actividad de Frontex, aunque de forma puntual y solo en la operación Paso del Estrecho, que se despliega cada verano cuando miles de marroquíes vuelven a su país de vacaciones. El motivo en aquel momento fue una pelea entre policías y guardias civiles por ver quién lideraba los equipos caninos. El último encontronazo respecto a los planes operativos se vivió en 2021, cuando la agencia también amenazó con irse de España ante la falta de acuerdo. Finalmente, como en esta ocasión, se movilizaron los despachos para evitarlo.