Pedir asilo en Barajas: dos semanas durmiendo entre el suelo y un catre con dos niños pequeños

Su propio olor la perseguía. Se duchaba cada día, pero volvía a ponerse la misma ropa sudada. Durante 16 días no tuvo champú para lavarse el pelo, ni cepillo de dientes. Durante su encierro, le vino la regla y superó cuatro días sangrando con solo dos compresas, más de dos semanas con la misma ropa interior. Esta mujer y sus dos hijos durmieron una semana en el suelo y otros 10 días en una única cama, los tres apretados. Sin teléfono móvil. “Estar allí fue terrible. No vimos ni el sol ni la noche”, recuerda Andrea Martínez, una colombiana de 27 años. Martínez y sus dos hijos, de tres y ocho años, son tres de las cientos de personas que en las últimas semanas han pedido asilo en el aeropuerto de Madrid-Barajas y que han acabado hacinadas hasta un mes esperando que se admitiese a trámite o no solicitud, una muestra más del colapso al que se asoma el sistema de asilo español. Su nombre es falso. “No quiero que mi testimonio perjudique mi proceso”, pide.

El aeropuerto madrileño se ha convertido en un problema para el Ministerio del Interior. Desde verano, cientos de personas han aprovechado su escala aérea en la capital para pedir asilo, una fórmula reconocida por ley, pero que, tradicionalmente, supone un porcentaje mínimo del total de las decenas de miles de peticiones que se registran en España. El pico de llegadas empezó a sentirse en abril con la entrada de un número inusitado de ciudadanos con pasaporte de Kenia. Estas personas, ya más de 650 a principios de diciembre, eran en realidad refugiados somalíes que habían comprado un pasaporte keniano por unos cientos de euros para conseguir llegar a la zona de tránsito del aeropuerto español y pedir asilo. Los números recientes contrastan con la normalidad. En todo 2023, se atendieron 2.861 solicitudes de protección internacional en el aeropuerto madrileño, según datos de Interior. Pero el recorte del 1 de diciembre del año pasado al pasado 15 de enero revela que en ese corto periodo de tiempo hubo 847 peticiones. Es un número inédito.

Tras los somalíes, se han sumado grupos numerosos de senegaleses y marroquíes, aunque también hay viajeros de Mauritania, Nepal y América Latina. Según un listado policial del último mes, al que ha tenido acceso EL PAÍS, la nacionalidad más numerosa que ha llegado solo a la terminal 4 en el último mes es la senegalesa, con casi 200 personas. Le siguen los kenianos (en realidad, somalíes) y los ciudadanos originarios de la India. Hay también un número significativo de viajeros de los que no consta su nacionalidad porque, según ha denunciado la policía, se han deshecho de su documentación. La mayoría partieron del aeropuerto de Casablanca (Marruecos). Con escala en Madrid, tenían como destino, sobre todo, países latinoamericanos en los que no se exige visado de entrada a un gran abanico de nacionalidades.

Hace ya un mes que tres jueces instaron al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional a que tomasen medidas urgentes para acabar con el hacinamiento en Barajas, pero la situación, lejos de solucionarse, ha empeorado. Se produjeron, además, hace dos fines de semana dos fugas de 26 personas.

Interior afirma que ha mandado refuerzos para agilizar las entrevistas que deben hacerse a los solicitantes. Se ha pasado de ocho agentes de Policía Nacional a 24 los días entre semana y se ha enviado a dos instructores de la Oficina de Asilo, pero la medida no ha sido suficiente.

Exteriores también ha impuesto un visado de tránsito para los ciudadanos de Kenia con el objetivo de frenar el flujo de somalíes con pasaportes comprados. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) anunció este martes que el próximo 17 de febrero se impondrá también a Senegal, información confirmada por el Ministerio de Exteriores. Lo que no parece probable es que se haga lo mismo con los viajeros de Marruecos. “Esto no quiere decir que estemos limitando el derecho de asilo. Estamos evitando instrumentalizaciones en las escalas”, mantuvo el ministro Fernando Grande-Marlaska en el Congreso. Para las organizaciones que trabajan con refugiados, el visado de tránsito, que obliga a los viajeros a pasar por la embajada, hacer trámites y pagar tasas, es un parche que perjudica a quienes merecen protección. “Esta medida solo dificulta temporalmente la llegada. Quien tiene que huir, a falta de vías legales y seguras, seguirá buscando cómo hacerlo”, critica la directora general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) Estrella Galán.

El ministro del Interior aseguró que esta situación “excepcional” y que ya está en vías de solución. Lo dijo poco después de que la Cruz Roja, que empleaba a 12 personas para asistir a los recién llegados y tenía subcontratada la limpieza, anunciase una decisión muy poco habitual: marcharse. “No se puede trabajar en esas condiciones”, afirmó a EL PAÍS el director de Migraciones de la organización, José Javier Sánchez Espinosa. La limpieza ahora la ha asumido interior.

Fue precisamente a la Cruz Roja a quien Martínez acudió en varias ocasiones en su larga estancia en el aeropuerto. Pidió, sin éxito, un cepillo de dientes, algo más de ropa, compresas, unas chanclas para su hija. “Siempre estaban ocupados o no había”, se queja. La niña, que se había quedado sin zapatos en la estampida por los chinches, acabó caminando con unas sandalias de adulto que un policía cortó con unas tijeras para adaptarlas su pequeño pie. “Unos días después heredé unos calcetines que me dejó una familia hondureña”, recuerda la madre colombiana.

Cuando un viajero llega a la zona de tránsito internacional del aeropuerto y quiere pedir asilo, se abre un procedimiento exprés para admitir o no su solicitud y permitir su entrada en territorio español mientras se estudia su petición. Pero el volumen de llegadas ha reventado los plazos legales y los solicitantes de asilo han estado encerrados e incomunicados en salas hasta un mes en condiciones insalubres. “Se informó que el tiempo medio de formalización era de entre 10 y 12 días, si bien varias personas que se encontraban en las salas de las terminales 1 y 4, manifestaron llevar entre 20 y 25 días en las dependencias del aeropuerto”, registró el Defensor del Pueblo tras su visita el pasado 20 de diciembre. “Las personas se encuentran hacinadas y carecen de las mínimas condiciones de higiene y salubridad”, añadió.

Defensor del Pueblo

Andrea Martínez estaba allí cuando apareció el Defensor del Pueblo. A pesar de su perfil vulnerable (mujer sola con dos menores), permaneció en ese limbo del 8 al 24 de diciembre. “Cuando me llevaron a la primera sala, la de la Terminal 4, había unas 60 personas”, recuerda. “Era horrible. Pasaban tres o cuatro días sin que nadie viniese a limpiar los baños. Tampoco la sala. Comíamos, cenábamos y dormíamos todos en el mismo sitio y se generaba mucha basura y suciedad, pero nadie lo recogía”, explica. En esa sala, la familia no tenía cama, así que Martínez agarró una colchoneta, de unos tres dedos de grosor, la puso en el suelo y acomodó a sus hijos. Ella durmió sobre unas cuantas sábanas que usó para cubrir el suelo. Así pasaron seis días. La mañana del séptimo días los agentes les levantaron a gritos.

—¡Sacad todo!

La sala estaba infestada de chinches. “Fueron bastante groseros, insultaron a las mujeres somalíes que no entendían nada”, asegura Martínez. Esa noche durmieron todos en el suelo de otra sala. Sin sábanas, cuenta.

El grupo acabó al día siguiente en la sala de la Terminal 1. Aquí, al menos, sí había luz natural y hueco en las literas. Los tres se encajonaron en una de las camas 10 días más.

Martínez consiguió hacer la entrevista de asilo, con la que debía decidirse si se admitía a trámite su solicitud, el pasado 19 de diciembre, 11 días después de aterrizar en Madrid. En un primer análisis se la denegaron y se ordenó su devolución a Bogotá. “Yo venía huyendo, no podía volver”, explica.

La Oficina de Asilo y Refugio consideró que su relato de persecución vinculado a la delincuencia organizada que actúa en su país contenía alegaciones “inverosímiles, insuficientes y contradictorias”. Acnur, la agencia de la ONU para los refugiados, emitió un informe sobre el caso en el que alegó que el retraso al que se sometió a Martínez la perjudicó en su declaración y que la mujer daba el perfil para ser beneficiaria de protección. “No es posible descartar el impacto negativo que dichas condiciones [las que concurrían en las salas] hayan podido tener en la solicitante en el momento de la formalización y durante la tramitación de todo el procedimiento”, se lee en el expediente del caso. Acnur ha reconocido a los medios su “preocupación” por la situación de hacinamiento y las condiciones higiénicas y ha pedido coordinación.

CEAR pidió un reexamen y la petición de Martínez, finalmente, fue admitida y ella liberada el día de Nochebuena. “Me sentí muy feliz, lloré mucho porque pensé que iba a pasar más días allí con mis hijos. Mi estancia allí no era muy diferente a la de una prisión en Colombia”, mantiene la mujer.