Pedraz se aferra a su decisión de renunciar a investigar al hijo de Obiang por secuestro y torturas

El juez Santiago Pedraz mantiene su decisión de ceder la jurisdicción a Guinea Ecuatorial para que investigue a uno de los hijos del presidente Teodoro Obiang por el secuestro y torturas de cuatro opositores, dos de ellos españoles. Uno de ellos falleció en circunstancias no aclaradas. El magistrado ha rechazado los recursos presentados por el fiscal Vicente González Mota y por la representación de los querellantes, que se oponen a que el régimen del dictador investigue los hechos. Desde hace casi tres años la Audiencia Nacional investiga por delitos con finalidad terrorista a Carmelo Ovono Obiang, al ministro del Interior y al director general de Seguridad de ese país.

La Fiscalía argumentó en su recurso que Pedraz no podía ceder la jurisdicción de la causa a Guinea Ecuatorial después de que la Sala de lo Penal acordara la conversión de las diligencias previas en procedimiento ordinario, pero este responde en su auto que esa decisión del órgano colegiado no anula su decisión. Y que la misma se puede adoptar en ambos escenarios. En su auto de cesión de jurisdicción, Pedraz dio por verosímil la supuesta investigación abierta por las autoridades de ese país contra Carmelo Ovono Obiang, secretario de Estado de la Presidencia, y acordó que se remitan todas las diligencias previas del caso a la Corte Suprema de Justicia de la antigua colonia española, incluyendo los testimonios de los testigos protegidos que han declarado en España. Sugirió también a la Policía que cesara en sus indagaciones.

Teodoro Obiang, padre del principal investigado, es, en su calidad de jefe del Estado, el presidente del Consejo Superior del Poder Judicial y máxima autoridad. La Constitución ecuatoguineana le atribuye además la potestad de nombrar y separar del cargo al fiscal general de la república. Para salvar de la justicia francesa a su hijo Teodorín, actual vicepresidente, el autócrata protagonizó en 2017 una maniobra idéntica: decir que ya se había abierto en Guinea Ecuatorial una causa por los mismos hechos en el denominado caso de los bienes mal adquiridos. Los jueces de ese país no admitieron el engaño y Teodorín fue juzgado y condenado en ausencia a tres años de cárcel por blanqueo de capitales. También se le confiscaron todos sus bienes en Francia.

Tanto la Fiscalía como las acusaciones han defendido en sus recursos que, si finalmente concluyera la necesidad de ceder la jurisdicción a esa supuesta investigación guineana, correspondería al Tribunal Supremo resolverlo, y pidieron a Pedraz que en ese caso estaría obligado a enviar una exposición razonada. El juez mantiene en su nuevo auto que no hay base para dudar de la investigación guineana contra toda la cúpula del Ministerio del Interior de la antigua colonia española. “No se comprende cómo puede este instructor razonar lo que no consta. Qué circunstancias pueden ponerse de manifiesto ante el Tribunal Supremo para que este decida si procede o no la cesión”, razona. Rechaza los argumentos de la acusación sobre la corrupción y ausencia de garantías de Guinea Ecuatorial en cualquier proceso judicial y las califica de genéricas. “No basta decir que el régimen de Guinea Ecuatorial y su poder judicial es corrupto o que no coopere. Hay que concretar las causas para este caso y con ello decidir si concurre la cláusula o no”.

El magistrado afirma que en Guinea Ecuatorial se están practicando diligencias sobre el caso, pese a que en España no se ha recibido acreditación documental sobre ninguna de ellas. Y concluye su auto diciendo que las autoridades de ese país “solicitan a ese juzgado que se haga ofrecimiento de acciones y remisión de declaraciones y que los perjudicados”, es decir las familias de los secuestrados, torturados y desaparecidos, “podrán pues personarse en dicho procedimiento, y además controlar la salvaguarda”. Un ofrecimiento que las familias de las víctimas, de las que el Gobierno español no sabe nada desde hace más de un año y medio, consideran “una ofensa y una burla”.

Recientemente, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional aceptó los recursos de la Fiscalía y acusaciones y obligó a Pedraz a convertir sus diligencias previas en sumario ordinario, ya que los delitos por terrorismo por los que se investiga al hijo de Obiang contemplan penas superiores a nueve años de cárcel. La decisión de la Sala de lo Penal convierte a sus magistrados en los únicos competentes para decidir el archivo del caso. El nuevo auto de Pedraz anuncia que concluirá el sumario si la Sala de lo Penal rechaza las apelaciones que presenten en los próximos días el fiscal y la representación de las víctimas.

La defensa del hijo de Obiang y de los otros dos altos cargos del Gobierno guineano la ostenta Javier Gómez Bermúdez, exjuez de la Audiencia Nacional y excompañero del instructor del caso.