Condenado a seis años y medio de prisión uno de los hermanos Castaña, considerados los “reyes del hachís”

El mayor juicio de las últimas décadas contra el narco del Estrecho ya tiene sentencia. Antonio Tejón, Castaña, uno de los mayores traficantes del sur junto a su hermano Isco, ha sido condenado a seis años y medio de prisión por los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal. La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Algeciras ha condenado a 97 de los de los 144 encausados que estaban a la espera de resolución en un juicio de tan abultadas proporciones que obligó a realizar obras en la sala en la que se celebraron las vistas desde abril del año pasado, hasta el pasado 18 de julio, momento en el que quedó visto para sentencia.

Al juicio estaban llamados en un primer momento hasta 157 investigados, acusados de pertenecer a una red de narcotráfico de hachís asentada en el Campo de Gibraltar y que se ramificó hacia las costas de Huelva. Todos ellos acabaron detenidos en la Operación Dismantle, una de las redadas más numerosas realizadas por Ocon Sur, el mando de la Guardia Civil creado para luchar contra el narco del Estrecho. En la primera sesión del juicio, celebrado el 10 de abril del pasado año, la causa se aligeró después de que se retirase la acusación para 20 personas por falta de pruebas y se firmasen 62 acuerdos de conformidad. Las vistas orales siguieron para 68 investigados, siete de ellos con órdenes de busca por no presentarse.

La sentencia 14/2024, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, desgrana en más de 586 páginas cómo Tejón y los suyos estaban organizados como grupo para “introducir grandes cantidades de hachís procedentes de Marruecos para su posterior distribución a terceros” a bordo de hasta cinco embarcaciones sin matricular —las conocidas como narcolanchas— valoradas en más “de 50.000 euros”. Posteriormente, en tierra, cargaban el hachís en todoterrenos, algunos de ellos robados y los trasladan a las guarderías de la droga, “para su posterior salida y distribución final”. “Para la realización de esta actividad disponían de una amplia infraestructura de medios materiales”, detalla el pronunciamiento en sus hechos probados, que iban desde naves para esconder las narcolanchas, maquinaria para su preparación, tractores para su traslado o vehículos de carga.

Igual de amplia era “la infraestructura personal”, hasta el extremo de cubrir cualquiera de las necesidades que tenía Antonio Tejón y los suyos para realizar sus alijos. Era la clásica organización de una mafia del Estrecho, pero elevada al control total de cada uno de los pasos del proceso, hasta el extremo de gozar “de absoluta capacidad para conseguir a las personas necesarias para cada fase o momento”, según apuntan en su sentencia las tres magistradas presididas por Nieves Marina. Eso comprendía la preparación y la botadura de embarcaciones, el suministro de la gasolina y avituallamiento —conocida en el argot como petaqueo—, los pilotos, los tripulantes en el mar, los puntos —que informaban de la presencia de policías en la costa— y el personal de tierra que se encarga de descargar la sustancia y trasladarla.

La sentencia considera a Tejón, menor de los hermanos Castaña, conocidos entre los suyos como “los reyes del hachís”, como líder de la banda y de ahí que le condene por tráfico de drogas agravado de notoria importancia y por reincidencia a la pena de cinco años y dos multas de un millón de euros. Por el delito de organización criminal, la Audiencia condena al Castaña a un año y seis meses de prisión, aunque lo absuelve del delito receptación y delito de contrabando por el que también fue acusado. La pena es menos de la mitad de los 15 años y medio que inicialmente le pedía la Fiscalía Antidroga. No obstante, fuentes cercanas al ministerio público han mostrado su satisfacción por el amplio alcance de las penas, después de que hayan resultado condenados hasta 97 acusados, a los que se les impone penas variables que van desde los seis años a los dos. Además, 47 investigados más han sido absueltos de los cargos que se les imputaban.

Para los magistrados de la Audiencia, el menor de los hermanos Tejón “ostenta una posición principal o de dirección”, junto con otro de los condenados, Alejandro C. J. Justo por debajo de ellos, aparece también hasta dos lugartenientes más, Óscar R. F. y José Antonio C. F., a quienes tienen localizados reuniéndose con Tejón y coordinando actividades. “La ilícita actividad que desarrollaban tales personas en el período examinado es continua, incesante”, apunta la sentencia, que se detiene a analizar la actividad que la banda realizó en el año 2020, momento en el que el cerco policial establecido por el Ministerio del Interior ya llevaba casi dos años de vigencia.

La Audiencia de Cádiz da por probada que esa ingente actividad hizo viables diversos alijos que aprovechaban distintos puntos de la costa andaluza para desarrollar su actividad, muchos de ellos dirigidos por Tejón y Alejandro en la distancia a través de una incesante actividad de reuniones, documentadas por los agentes y reflejadas en el documento. De hecho, aunque la sentencia da por probado que durante los primeros meses del año la mayoría de las actividades ilegales del tráfico de hachís se desarrollaron por las costas del Campo de Gibraltar —con apoyos logísticos puntuales en otras provincias como Sevilla—, también constata que a partir de junio “se producían hechos paralelos en la zona de Huelva”, empujados por la presión policial que existía en la zona del Estrecho. Ese nuevo punto de alijo fue posible después de Tejón y los suyos estableciesen relación con un grupo de Huelva que operaba desde las costas de Isla Cristina.

Los distintos registros y decomisos a la banda llevaron a la Guardia Civil a recuperar 6.673,563 kilogramos de hachís —que estaban valorados en 13.220.328 euros— en el primer semestre de ese año, según apunta también el pronunciamiento. A eso se suma la ingente cantidad de bienes inmuebles de los que disponía Tejón, pese a que aseguró no tener trabajo estable: un chalet, una vivienda en la localidad malagueña de Marbella, otra en Sotogrande (San Roque, Cádiz, del que su pareja pagó en alquiler más de 10.000 euros en concepto de medio año) y otra más en Fuengirola (Málaga). “Las vagas explicaciones ofrecidas por el acusado (…) muestra el uso personal por parte de Antonio Tejón Carrasco de una serie de inmuebles, que no guarda correlación ni con sus ingresos económicos, ni con su actividad laboral o profesional, y que entendemos que supone un indicio más de su dedicación a la actividad ilícita que se le atribuye”, llega a apuntar la sentencia.

En esta causa no figuraba investigado el hermano mayor de Antonio, Isco Tejón, que en un juicio anterior por narcotráfico consiguió librarse del grueso de los delitos por los que se le investigaba y acabó condenado a apenas tres años y un mes por posesión de una pequeña cantidad de hachís en su casa. Pero distinto es el sino procesal de Antonio —que ya ha pasado varias veces por prisión—, cada vez más enmarañado. Esta nueva condena, recurrible en apelación en el plazo máximo de 10 días, se suma a dos de 2014 por delitos contra la salud pública y dos más de 2020 por atentados contra los agentes de la autoridad.