Los “reyes del hachís” abren la veda de los juicios a los grandes narcos del Estrecho

Isco Tejón, el Castaña, considerado por la policía el mayor narco del Estrecho junto a su hermano Antonio, no estaba este lunes predispuesto de hablar. Ni ante la magistrada que les juzga por, supuestamente, organizar tres alijos de hachís en 2016; ni ante la prensa que le esperaba en el primer juicio contra uno de los grandes capos del hachís. “No me toquéis, no voy a decir nada. Hablad con los abogados”, acertó a decir a la salida de la sección en Algeciras de la Audiencia Provincial de Cádiz. Se acababa de fundir en un abrazo con su hermano, antes de que este, el menor de los Tejón, tuviese que volver a la prisión desde la que fue trasladado a la primera sesión de un juicio que se alargará hasta junio.

Los hermanos Tejón, conocidos entre los suyos como “los reyes del hachís”, se enfrentan a una pena de 20 años de prisión y una multa de cuatro millones de euros, acusados de organización criminal, narcotráfico y tenencia de armas, tal y como recoge el escrito de calificación de la Fiscalía Antidroga. Para la mayoría del resto de acusados —entre los que se encuentra un cuñado de ambos y el hijo de Isco—, la fiscal Macarena Arroyo solicita 11 años de privación de libertad y la misma multa económica. A todos se les considera integrantes de una mafia dirigida por los Castaña que, entre marzo y agosto de 2016, organizó hasta tres alijos de droga —uno no intervenido y dos, sí—, desmantelados por la policía en la llamada Operación Ronal, tan solo una muestra de las decenas de macrocausas de investigación que han venido después y aún continúan.

Aunque muchos de los ahora encausados acabaron detenidos ese mismo año, los dos hermanos permanecieron huidos casi dos años, justo en los momentos en los que la impunidad del narcotráfico del Campo de Gibraltar alcanzó sus cotas más preocupantes con persecuciones mortales, fugas a punta de pistola y alijos a plena luz del día. Todos esos sucesos se sumaron a excentricidades, como el videoclip que el propio Isco Tejón protagonizó mientras estaba fugado, hasta crear un clima social de preocupación que se extendió más allá de la provincia de Cádiz. Como respuesta, el Gobierno ideó un plan especial de seguridad que ya suma cuatro años de acción y que suma miles de detenidos, más allá de la zona cero en la que el narco se hizo fuerte.

Aunque el abogado que dirige su defensa, Gonzalo Boye, ya dejó en claro en las vísperas que su intención era que su cliente no declarase, lo cierto es que ni siquiera ha tenido aún la opción a no contestar. Para esta primera jornada del juicio presidido por la magistrada Nieves Marina estaba prevista la declaración de las 17 personas —incluidos los dos hermanos Tejón—, pero la falta de uno de los acusados ha provocado un parón de más de tres horas que ha llevado a aplazar la comparecencia de todos los investigados hasta el próximo viernes 22 de abril. La clave estaba en cotejar si la ausencia David M.G., acusado de ser uno de los encargados de vigilar una guardería —lugar donde se vigila la droga tras alijarla— de los Castaña, estaba realmente motivada por un problema de salud, sobrevenido en la comunidad terapéutica de desintoxicación en la que está interno en Jaén.

La magistrada tuvo que esperar al informe forense de un médico del hospital Reina Sofía de Jaén —que ha certificado que su afectación precisará un tratamiento “en los próximos meses”— para tomar la decisión de que el juicio continuará sin él, tal y como pedía la fiscal antidroga Macarena Arroyo. Pese a que los letrados de los 17 acusados se han opuesto a esta opción —incluso han elevado la protesta formal ante posibles recursos—, Marina ha optado por continuar, ya que lo contrario “sería suspender el juicio, pero sin fecha”. El debate sobre si la vista debía aplazarse se ha convertido en el nudo central sobrevenido de la causa, máxime cuando el juicio a otro de los grandes narcos de la zona, Jesús Heredia, Pantoja, ya suma hasta dos cambios de fecha, por distintas trabas burocráticas que, en esta ocasión, la presidenta del tribunal ha conseguido sortear.

Mientras la magistrada esperaba el referido informe, los 15 acusados han aguantado la parada agrupados en corrillos en los pasillos de la Audiencia, mientras que Antonio Tejón, el único que sigue en prisión fue conducido a los calabozos. En los pasillos se han dado reveladoras estampas, como la distendida conversación que Isco Tejón ha mantenido con algunos de los tres policías —dos nacionales y uno local— que están investigados en esta causa por, supuestamente, “marcar la vía libre” a los narcos para cometer sus alijos, según apunta la Fiscalía. Tras el receso forzado y después de constatar que la causa no se aplazará, todos ellos tendrán que declarar el próximo viernes, aunque en la sala ya se ha avanzado la posibilidad de que muchos de ellos se acogerán a su derecho de no declarar.

Más allá de este juicio, la Operación Ronal también dio para atestiguar la potente red de blanqueo que supuestamente fueron capaces de crear los Castaña, que se juzgará más adelante y que salpica a diversos familiares y testaferros. De ello dan buena cuenta los 110.000 euros que la madre de la pareja sentimental de Francisco Tejón intentó tirar por la ventana, en uno de los registros, tal y como relata la fiscal en su escrito de calificación. Además, al mayor de los Tejón se le investiga por las hasta 12 empresas que aparecen vinculadas a él, entre las que se encuentra el local de intercambio de parejas —donde grabó el videoclip—, dos taxis, un punto limpio, una sala de fiestas, un centro de cirugía estética o varios negocios de hostelería.

Durante las próximas sesiones, una de las claves del juicio será intentar demostrar que tras los alijos estaban los hermanos Castaña, considerados grandes narcos de la zona por su capacidad para alcanzar potentes acuerdos con los productores de la droga en Marruecos. Como pruebas, la Fiscalía tiene acreditados viajes de Isco a este país, su presencia en momentos y lugares cercanos a que se produjesen los alijos y escuchas telefónicas en las que habla en clave. Pero Boye discrepa de estas pruebas —detalladas en un procedimiento de miles de páginas y 30 tomos— y considera que se ha investigado “a una persona, más que a unos hechos”, según el escrito de defensa al que tuvo acceso EL PAÍS. A eso suma una estrategia —habitual en este tipo de juicios— que intentará dinamitar pruebas claves, aduciendo la posible “irregularidad” en la forma de la que se obtuvo.